La inversión sostenible continúa ganando terreno en España, pero su segmento más exigente —los fondos artículo 9 o “Dark Green”— permanece en una posición claramente residual. Así lo advierte la segunda edición del informe “Los desafíos de la inversión sostenible “Dark Green” 2025 en España”, que revela una brecha significativa entre el crecimiento del mercado ESG y el desarrollo de productos con impacto medible.
A junio de 2025, el volumen total de activos sostenibles alcanza los 159.504 millones de euros, lo que representa el 38 % del mercado financiero español. Sin embargo, apenas el 0,6 % de ese total —unos 2.582 millones— corresponde a fondos artículo 9, diseñados específicamente para generar impacto ambiental y social cuantificable. El crecimiento del sector, señala el informe, se ha concentrado mayoritariamente en productos artículo 8, con menores exigencias en materia de sostenibilidad.
El estudio, elaborado por la UPF Barcelona School of Management, Gabeiras y Triodos Bank, analiza las carteras de los 17 fondos UCITS españoles clasificados como artículo 9 bajo el reglamento europeo SFDR. Entre sus conclusiones, identifica desafíos estructurales que condicionan el desarrollo de esta categoría: limitada ambición transformadora, falta de criterios homogéneos, riesgos de greenwashing y ausencia de estándares claros para medir el impacto real.
“Pese al boom de la inversión ESG, los fondos verdaderamente orientados a objetivos de sostenibilidad no han despegado en igual medida”, advirtió Marcos Eguiguren, director de la Cátedra Internacional de Finanzas Sostenibles, quien subrayó que muchas gestoras optan por clasificar sus productos como artículo 8, una categoría más flexible desde el punto de vista regulatorio.
En la misma línea, Susana Cabada, de Triodos España, planteó la necesidad de incentivar el desarrollo de fondos artículo 9 mediante mayor claridad normativa y esfuerzos pedagógicos que reduzcan la incertidumbre de las gestoras.
Falta de claridad y riesgo de greenwashing
Uno de los principales problemas identificados es la dificultad de los inversores —especialmente los minoristas— para distinguir entre los distintos niveles de sostenibilidad de los productos financieros. Según el informe, esta confusión responde más a la complejidad del marco normativo y a la asimetría de información que a una intención deliberada de engaño, aunque el riesgo de greenwashing persiste.
A ello se suma la falta de homogeneidad en los indicadores de sostenibilidad utilizados por los fondos artículo 9, lo que dificulta la comparación entre productos y debilita la credibilidad del mercado. En este contexto, los autores destacan la necesidad de avanzar hacia estándares comunes, un objetivo que podría abordarse en la futura revisión del SFDR.
El informe también cuestiona el alcance de los ratings ESG, que tienden a medir riesgos financieros más que el impacto real de las inversiones sobre el entorno social y ambiental.
Una etiqueta sin garantías plenas
Otro de los hallazgos relevantes es que la clasificación como artículo 9 no garantiza, por sí sola, un alto nivel de sostenibilidad. El reglamento SFDR establece obligaciones de divulgación, pero no define umbrales mínimos ni configura una etiqueta homogénea.
De hecho, la proporción de las carteras alineadas con los objetivos del Acuerdo de París —limitar el calentamiento global por debajo de los 2°C— ha descendido del 72,4 % en 2022 al 63,6 % en 2024, lo que evidencia tensiones entre los objetivos declarados y la composición real de los portafolios.
El análisis también detecta exposiciones a sectores controvertidos como tabaco, armamento o petróleo en algunos fondos artículo 9. Aunque el 89,9 % de las inversiones se concentra en sectores no controvertidos, cerca de un 9,6 % mantiene vínculos con industrias cuestionadas desde el punto de vista de la sostenibilidad.
Asimismo, el uso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como marco de referencia es frecuente, pero en muchos casos se trata de menciones genéricas, difíciles de traducir en métricas concretas de impacto.
Regulación, transparencia y educación: las claves del futuro
Durante la presentación del informe en Madrid, representantes del sector financiero y regulatorio coincidieron en la necesidad de reforzar la transparencia, mejorar la calidad de la información y avanzar hacia una mayor coherencia normativa.
Entre las iniciativas en marcha, se destacó el desarrollo de herramientas como Eco-Track para facilitar a las pymes la divulgación de información en sostenibilidad, así como la revisión del SFDR, que busca simplificar y clarificar el marco europeo.
Los expertos coincidieron en que el futuro de los fondos “Dark Green” dependerá en gran medida de la evolución regulatoria y de la capacidad del mercado para generar métricas comparables, comprensibles y fiables. Mientras tanto, la inversión sostenible en España continúa creciendo, aunque con un desequilibrio entre volumen y profundidad de impacto, según los autores del informe.
