Los primeros informes corporativos presentados voluntariamente bajo la ley SB 261 de California muestran que las empresas ya incorporan el riesgo climático en sus análisis, pero todavía tienen dificultades para traducirlo en impactos financieros y planes concretos de transición. Un estudio de Governance & Accountability Institute (G&A) y Ceres, basado en 154 reportes presentados hasta comienzos de mayo de 2026, ofrece así una primera fotografía de cómo está evolucionando la divulgación climática antes de que el cumplimiento obligatorio termine de consolidarse.
La investigación resulta especialmente relevante porque California, la cuarta economía más grande del mundo, está adquiriendo un papel cada vez más importante en materia de divulgación climática ante la ausencia de nuevos mandatos federales en Estados Unidos. Las compañías analizadas decidieron presentar sus informes aun cuando la SB 261 enfrenta desafíos legales, una señal que, según los autores, muestra que el mercado continúa avanzando hacia una mayor transparencia sobre los riesgos asociados al cambio climático.
La principal conclusión del trabajo es, sin embargo, que existe una distancia considerable entre identificar un riesgo climático y explicar qué significa para el negocio.
Identificar los riesgos ya no es el principal desafío
Casi todos los primeros reportantes identificaron tanto riesgos físicos como riesgos de transición. Los primeros están relacionados con fenómenos como inundaciones, incendios, sequías o temperaturas extremas, mientras que los segundos incluyen cambios regulatorios, tecnológicos y de mercado asociados a la transición hacia una economía de menores emisiones.
El dato indica que la identificación del riesgo climático parece haberse convertido en una práctica relativamente extendida entre las compañías alcanzadas por la normativa.
El problema aparece en el paso siguiente: determinar su relevancia económica y explicar qué hará la empresa frente a ellos.
Solo 12% de las compañías analizadas cuantificó el impacto financiero de los riesgos climáticos. Es decir, la enorme mayoría describió potenciales amenazas sin traducirlas en cifras capaces de mostrar cómo podrían afectar ingresos, costos, activos, inversiones o resultados.
Para los inversores, esa diferencia resulta fundamental. Saber que una empresa está expuesta a inundaciones, por ejemplo, ofrece información limitada si no se explica qué instalaciones están comprometidas, qué pérdidas podrían producirse, qué horizonte temporal se considera y qué medidas se están tomando para reducir esa exposición.
El eslabón perdido: pasar del diagnóstico a la estrategia
Una segunda señal aparece en los planes de transición. Apenas 12% de los informes mencionó la existencia de un plan formal de transición.
El resultado revela una brecha entre el reconocimiento del problema y la capacidad de incorporarlo a la estrategia empresarial. Una compañía puede identificar riesgos regulatorios derivados de la descarbonización, pero eso no significa necesariamente que haya definido cómo modificar sus operaciones, inversiones, productos o cadena de suministro para enfrentarlos.
La investigación plantea, de este modo, una cuestión que va más allá del cumplimiento normativo: qué tan útil es un informe que describe riesgos pero no permite conocer cómo serán gestionados.
Steven Rothstein, Chief Program Officer de Ceres, sintetizó el cambio de foco que surge de los primeros reportes: la discusión ya no pasa tanto por determinar si las empresas divulgarán sus riesgos climáticos, sino por establecer qué utilidad tienen esas divulgaciones para los inversores y hasta qué punto conectan riesgos, impactos financieros, estrategia y planes concretos de transición.
Tener supervisión del directorio tampoco garantiza acción
La gobernanza aparece como uno de los aspectos más desarrollados. El 92% de las compañías informó algún tipo de supervisión de los asuntos climáticos a nivel del directorio.
A primera vista, el porcentaje podría sugerir que la cuestión climática ya está instalada en los niveles más altos de las organizaciones. Pero el estudio introduce una advertencia: la existencia de una estructura formal de gobernanza no garantiza por sí misma una gestión sustantiva del riesgo ni una divulgación de mayor calidad.
La diferencia es importante. Que un directorio supervise los riesgos climáticos demuestra que el tema llegó a la agenda corporativa. Pero no necesariamente permite saber si esa supervisión influye sobre decisiones de inversión, asignación de capital, remuneraciones, gestión de riesgos o estrategia. En otras palabras, la gobernanza puede ser una condición necesaria, pero no suficiente.
Una línea de base para los próximos informes
El estudio de G&A y Ceres no se limita a contabilizar qué información aparece en los 154 documentos. Los investigadores transformaron la lista de requisitos de divulgación de la California Air Resources Board (CARB) en indicadores vinculados con las estructuras de TCFD e IFRS S2.
Para analizar los informes utilizaron una herramienta de inteligencia artificial destinada a extraer datos específicos de cada documento presentado en el expediente público de CARB y luego realizaron una revisión manual de esos resultados. El trabajo permitió construir indicadores que podrán utilizarse para comparar las futuras presentaciones bajo SB 261.
El objetivo es relevante porque los primeros reportes permiten establecer un punto de partida. A partir de ahora será posible observar si las empresas mejoran la profundidad de sus análisis, incorporan más información financiera y avanzan desde la identificación de riesgos hacia estrategias de transición más concretas.
La investigación también incluye casos de compañías que adoptaron prácticas consideradas más avanzadas, con el objetivo de ofrecer ejemplos para aquellas que deban fortalecer sus próximos informes.
La conexión con las emisiones
Otro de los aspectos que aparece con mayor desarrollo es la preparación de inventarios de gases de efecto invernadero. En numerosos casos, las empresas incluyeron también emisiones de alcance 3, pese a que SB 261 no exige reportarlas.
El dato adquiere especial importancia porque algunas de esas mismas compañías deberán cumplir con otra normativa californiana, la SB 253, que establece el reporte de emisiones de alcances 1 y 2 a partir de noviembre de 2026 y de alcance 3 en 2027.
Así, las dos normas pueden terminar funcionando de manera complementaria: mientras SB 261 obliga a explicar los riesgos financieros vinculados con el clima, SB 253 amplía la información cuantitativa sobre las emisiones que generan las compañías y sus cadenas de valor.
El desafío: evitar el cumplimiento meramente formal
Los primeros informes dejan una conclusión: cumplir con una obligación de divulgación no necesariamente equivale a producir información útil para el mercado.
Los resultados muestran que una compañía puede identificar riesgos físicos y de transición, describir mecanismos de supervisión del directorio y, al mismo tiempo, no explicar cuánto dinero podría perder o ganar como consecuencia de esos riesgos ni qué plan tiene para responder.
Para los inversores, esa información resulta insuficiente. La utilidad de una divulgación climática depende cada vez más de su capacidad para conectar tres elementos: riesgo, impacto financiero y respuesta empresarial.
El recorrido que California comenzó a transitar con SB 261 puede terminar acelerando esa evolución. La experiencia previa analizada por G&A muestra que, una vez que los marcos de reporte se incorporan a las expectativas regulatorias y de mercado, las prácticas pueden expandirse con rapidez. Entre las empresas del Russell 1000, por ejemplo, la alineación con TCFD pasó de apenas 4% en 2019 a 60% en 2023.
Si la trayectoria se repite en California, los primeros 154 informes podrían ser recordados menos por su nivel de desarrollo que por haber establecido la primera línea de base de una nueva etapa de divulgación climática corporativa.
La cuestión que queda planteada para los próximos ciclos no será simplemente cuántas empresas reportan. Será si esos informes consiguen responder una pregunta mucho más relevante para el mercado: cuánto puede costarle el cambio climático a una compañía y qué está haciendo para evitarlo.
