La reducción de la jornada laboral en México ya tiene una hoja de ruta definida. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Senado de un proyecto de reforma que establece la implementación gradual de la semana laboral de 40 horas, un cambio estructural que impactará a más de 13 millones de personas trabajadoras y que se concretará plenamente en el año 2030.
Foto: Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia proyecto de reforma para la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas.
El esquema prevé una reducción progresiva de dos horas por año. El proceso comenzará formalmente en 2026, año que funcionará como periodo de transición, mientras que la primera disminución efectiva entrará en vigor en enero de 2027. De este modo, la jornada pasará de 48 a 46 horas ese año, bajará a 44 en 2028, a 42 en 2029 y llegará finalmente a 40 horas en 2030. El proyecto también establece que esta reducción no implicará disminución en salarios ni en prestaciones laborales.
La iniciativa, que será discutida en el Congreso de la Unión, busca elevar la jornada de 40 horas a rango constitucional como parte de los compromisos centrales del nuevo gobierno. Según lo informado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la reforma entraría formalmente en vigor el 1 de mayo de 2026, en una fecha simbólicamente vinculada al Día Internacional del Trabajo.
Uno de los ejes clave del proyecto es el fortalecimiento de los mecanismos de control. Se incorporará un registro electrónico obligatorio de la jornada laboral, que será emitido por la Secretaría del Trabajo, con el objetivo de verificar el cumplimiento efectivo de las horas ordinarias y extraordinarias. Esta herramienta apunta a reducir la informalidad en los registros de tiempo trabajado y a cerrar espacios de evasión en el control de horas extras.
En materia de trabajo extraordinario, la reforma establece límites más precisos: se permitirá trabajar entre 9 y 12 horas adicionales a la semana de manera voluntaria, con un máximo de cuatro horas diarias distribuidas en hasta cuatro días. Además, se fija por primera vez un tope máximo de horas triples y se prohíbe de forma expresa el trabajo extra en menores de edad. En ningún caso la jornada podrá superar las 12 horas diarias.
Desde el gobierno se argumenta que la medida no solo tiene un impacto social, sino también productivo. En su anuncio, la presidenta sostuvo que experiencias internacionales muestran que jornadas más cortas pueden traducirse en mayores niveles de productividad, incluso en sectores como los servicios y la hotelería. Bajo esta lógica, el diseño gradual busca evitar un impacto abrupto en los costos empresariales.
El proyecto es resultado de un proceso de diálogo que incluyó más de 40 mesas de trabajo realizadas entre junio y noviembre, en las que participaron alrededor de 2.000 personas de los sectores empresarial, sindical, académico, gubernamental y de la sociedad civil. Este consenso previo es presentado por el Ejecutivo como uno de los pilares de la viabilidad política de la reforma.
Desde el sector empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial subrayó la importancia de mantener abierto el diálogo para ajustar las condiciones de implementación. En tanto, desde las organizaciones sindicales se destacó el alcance social de la iniciativa, al considerarla un avance sustantivo en materia de justicia laboral y bienestar de los trabajadores.
La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que la reducción de la jornada está asociada a menores niveles de fatiga, reducción de accidentes laborales, mejoras en la salud y seguridad en el trabajo, y un mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional. Estos beneficios son utilizados como respaldo técnico para una reforma que, de aprobarse, modificará uno de los pilares históricos del régimen laboral mexicano.
El debate legislativo que se abrirá en los próximos meses será clave para definir los tiempos políticos, los ajustes técnicos y las condiciones finales de una transformación que, por su alcance, podría marcar un nuevo punto de inflexión en la relación entre trabajo, productividad y calidad de vida en el país.
