Precios al carbono en América Latina y el Caribe: qué funciona y qué falta según la CEPAL

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó un nuevo análisis que evalúa la efectividad real de los instrumentos de precios al carbono en la región y traza un conjunto de lineamientos para mejorar su diseño e implementación. El documento, “Panorama de las políticas de precios del carbono en América Latina y el Caribe 2025”, ofrece un diagnóstico técnico clave en un momento en que los países buscan acelerar la descarbonización y fortalecer sus marcos fiscales y ambientales.

Según el estudio, que se presentará en la COP30, la región ha avanzado de manera desigual en la adopción de instrumentos explícitos de fijación de precios —como impuestos al carbono y sistemas de comercio de emisiones—, así como en mecanismos implícitos, incluidos los impuestos a los combustibles, los precios sociales del carbono y la reducción de subsidios a los combustibles fósiles. A partir de un mapeo exhaustivo y un modelo econométrico, el informe evalúa en qué medida estas herramientas logran efectivamente disminuir las emisiones.

Uno de los hallazgos más relevantes es que en los cinco países donde existe un impuesto al carbono —Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay— las tarifas aplicadas muestran una correlación estadísticamente significativa con reducciones en las emisiones. No obstante, la CEPAL advierte que estos resultados dependen fuertemente del nivel de la tarifa, de la respuesta de los sectores productivos, de la presencia de políticas complementarias y de la coherencia con otros instrumentos públicos. Elementos como marcos regulatorios sólidos, la eliminación progresiva de subsidios a los combustibles fósiles y el fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales resultan, según el organismo, decisivos para aumentar la eficacia.

El informe también subraya la necesidad de que los precios al carbono se articulen con los objetivos de desarrollo sostenible y con estrategias que garanticen transiciones justas y equitativas, especialmente en sectores vulnerables o altamente expuestos al cambio climático y a los costos de adaptación.

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