En una decisión relevante en el proceso de regulación empresarial en materia de sostenibilidad, el Consejo de la Unión Europea acordó su posición sobre la simplificación de dos normativas clave: la Directiva de Reportes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CS3D). El objetivo declarado es reducir cargas administrativas, evitar efectos no deseados sobre las pequeñas y medianas empresas y reforzar la competitividad de las compañías europeas.
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La propuesta forma parte del paquete legislativo Omnibus I, presentado por la Comisión Europea en febrero de 2025, con el fin de revisar y ajustar normativas que, si bien impulsadas en nombre de la sostenibilidad, han generado crecientes cuestionamientos por su complejidad, impacto operativo y costo de cumplimiento.
Ajustes en el alcance y en los criterios de reporte
En el caso de la CSRD, la revisión contempla:
- Elevar el umbral de aplicación a empresas con más de 1.000 empleados, en lugar de las 250 que originalmente estaban comprendidas.
- Introducir un umbral adicional de facturación: más de 450 millones de euros anuales.
- Excluir del alcance a las pymes cotizadas en bolsa.
- Incluir una cláusula de revisión que permita considerar futuras ampliaciones del alcance si se considera necesario.
Desde el Consejo se sostiene que estas modificaciones están orientadas a “aliviar la carga de reporte” sin desarticular el marco de información no financiera que la UE viene promoviendo desde hace una década.
Nueva lógica para la debida diligencia
Más significativos aún son los cambios propuestos en torno a la CS3D, que regula las obligaciones de las empresas en relación con el respeto a los derechos humanos y el ambiente en sus cadenas de valor.
La nueva posición del Consejo plantea:
- Aplicar la directiva solo a empresas con más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación anual.
- Limitar la obligación de debida diligencia a las operaciones propias, las de sus filiales y las de socios comerciales directos.
- Reemplazar el mapeo exhaustivo de la cadena de suministro por un enfoque basado en riesgos, centrado en las áreas donde los impactos negativos sean más probables.
- Mantener la posibilidad de extender las obligaciones en caso de evidencia verificable de impactos más allá del primer nivel de proveedores.
- Modificar el contenido de los planes de transición climática, limitando su exigencia a una adopción formal, con apoyo de autoridades nacionales y una postergación de dos años en su entrada en vigor.
- Confirmar la eliminación de un régimen de responsabilidad civil armonizado a nivel europeo.
- Aplazar la fecha de transposición de la directiva al 26 de julio de 2028.
Tensiones entre ambición regulatoria y carga operativa
Las modificaciones son el resultado de un proceso político complejo. Por un lado, se reconoce la necesidad de avanzar en normativas que orienten a las empresas hacia prácticas más responsables y transparentes. Por otro, aumentan las presiones desde el sector privado y algunos Estados miembros para reducir lo que se percibe como una burocracia creciente que frena la innovación y encarece la actividad productiva.
El Consejo sostiene que los grandes conglomerados son los mejor preparados para asumir estas obligaciones y que limitar el alcance de las directivas permitirá concentrar los esfuerzos donde más impacto pueden tener. Sin embargo, distintas organizaciones de la sociedad civil y expertos en derechos humanos han advertido que estas decisiones podrían debilitar los incentivos para mejorar las prácticas en las cadenas globales de suministro, en particular en sectores con alto riesgo social y ambiental.
Negociaciones pendientes
El Parlamento Europeo aún debe definir su posición. Una vez que lo haga, se abrirá la fase de negociaciones interinstitucionales para alcanzar un texto definitivo.
El desenlace de este proceso no es menor. Está en juego el equilibrio entre la promoción de estándares de sostenibilidad exigentes y la necesidad de construir un entorno regulatorio operativo, proporcional y estable para las empresas. Una negociación que promete mantener en tensión los principios fundacionales del Pacto Verde Europeo y las preocupaciones inmediatas del aparato productivo del continente.
Antecedentes En octubre de 2024, el Consejo Europeo instó a todas las instituciones de la UE, Estados miembros y partes interesadas, con carácter prioritario, a avanzar en sus trabajos, en particular en respuesta a los retos identificados en los informes de Enrico Letta («Mucho más que un mercado») y Mario Draghi («El futuro de la competitividad europea»). La Declaración de Budapest del 8 de noviembre de 2024 instó posteriormente a «lanzar una revolución de simplificación», garantizando un marco regulatorio claro, simple e inteligente para las empresas y reduciendo drásticamente las cargas administrativas, regulatorias y de presentación de informes, en particular para las pymes. El 26 de febrero de 2025, como seguimiento del llamamiento de los líderes de la UE, la Comisión presentó dos paquetes ómnibus con el objetivo de simplificar la legislación vigente en materia de sostenibilidad e inversión, respectivamente. El 20 de marzo de 2025, los dirigentes instaron a los colegisladores a avanzar en el trabajo sobre estos paquetes ómnibus de simplificación como una cuestión prioritaria y con un alto nivel de ambición, con vistas a finalizarlos lo antes posible en 2025. En esta ocasión, el Consejo Europeo pidió específicamente a los colegisladores que adoptaran el mecanismo de «Stop-the-clock» sin demora y, a más tardar, en junio de 2025. El 14 de abril de 2025, el Consejo adoptó el mecanismo y aplazó dos años la entrada en vigor de los requisitos de la CSRD para las grandes empresas que aún no han comenzado a informar, así como para las pymes que cotizan en bolsa, y un año el plazo de transposición y la primera fase de la aplicación (que abarca a las empresas más grandes) de la CS3D. |
