El gobierno de Suiza dio un paso clave hacia el endurecimiento de las reglas de sostenibilidad empresarial con la apertura de la consulta pública de un nuevo marco legal que busca reforzar la protección de los derechos humanos y el ambiente, sin comprometer la competitividad de sus grandes compañías.
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La iniciativa, impulsada por el Consejo Federal de Suiza, propone la creación de una Ley Federal sobre la Gestión Sostenible de las Empresas (LGDE), concebida como una respuesta indirecta a la iniciativa popular sobre multinacionales responsables, que el Ejecutivo recomienda rechazar. El proceso de consulta estará abierto hasta el 9 de julio de 2026.
Nuevas exigencias de debida diligencia
El proyecto establece que las grandes empresas deberán cumplir con obligaciones específicas de debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambiente. Esto implica identificar riesgos en sus operaciones —incluidas las actividades en el extranjero— y adoptar medidas para prevenir impactos negativos.
Hasta ahora, estas exigencias en Suiza estaban limitadas a sectores considerados sensibles, como el trabajo infantil o la extracción de minerales en zonas de conflicto. Con la nueva normativa, el alcance se ampliaría, aunque seguiría aplicando a un grupo reducido de grandes compañías —unas treinta, según las estimaciones oficiales—, mientras que las pequeñas y medianas empresas (pymes) quedarían, en principio, excluidas.
El diseño de la ley busca alinearse con estándares internacionales, en particular con las regulaciones vigentes en la Unión Europea, en un intento por evitar desventajas competitivas para las empresas suizas en los mercados globales.
Cambios en los reportes de sostenibilidad
Uno de los ejes centrales del proyecto es la reformulación de las obligaciones de reporte. Las actuales “informaciones no financieras” pasarán a denominarse formalmente “reportes de sostenibilidad”, consolidando un enfoque más estructurado sobre los impactos ambientales, sociales y de gobernanza.
Las empresas alcanzadas deberán seguir informando sobre cuestiones ambientales, laborales, derechos humanos y lucha contra la corrupción, así como detallar las medidas adoptadas. Sin embargo, el universo de compañías obligadas se reducirá: de unas 200 actualmente a cerca de 100 en el futuro.
Además, se introduce como requisito que los reportes deberán ser verificados por auditores externos, reforzando la credibilidad de la información divulgada.
Supervisión y cumplimiento
El control del cumplimiento recaerá en una autoridad nacional de supervisión, función que el gobierno propone asignar a la entidad encargada de la vigilancia en materia de auditoría. Este organismo será responsable de verificar tanto las obligaciones de transparencia como las de debida diligencia.
Responsabilidad corporativa en debate
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el régimen de responsabilidad de las empresas matrices por las actividades de sus filiales en el extranjero. El gobierno plantea dos alternativas para abrir el debate público.
La primera opción introduce una disposición específica en la ley que permitiría responsabilizar a la empresa matriz si se demuestra que incumplió sus deberes de diligencia. La segunda mantiene el esquema actual basado en las normas generales del derecho de obligaciones.
En ambos casos, se prevé la obligatoriedad de un procedimiento de conciliación en Suiza antes de iniciar acciones judiciales, un mecanismo orientado a resolver conflictos de forma más ágil.
Equilibrio entre regulación y competitividad
El enfoque del Consejo Federal de Suiza apunta a un delicado equilibrio: fortalecer la rendición de cuentas corporativa sin imponer cargas excesivas a las empresas, en particular a las pymes. Al mismo tiempo, la armonización con estándares internacionales refleja la presión creciente para que las economías avanzadas adopten marcos regulatorios más estrictos en materia de sostenibilidad. El resultado final dependerá del proceso de consulta en curso.
