La administración de Donald Trump decidió convertir la lucha contra el trabajo forzoso en un nuevo eje de su política comercial. Mediante un memorando presidencial, Estados Unidos ordenó la aplicación de aranceles adicionales a las importaciones provenientes de 60 economías —entre ellas Argentina, China, la Unión Europea, Brasil, México e India— al considerar que sus gobiernos no prohíben o no hacen cumplir de manera efectiva la prohibición de importar bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso. La medida fue adoptada al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un instrumento que Washington utiliza para responder a prácticas comerciales que considera perjudiciales para sus intereses.
Foto: Retrato oficial de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
La decisión es el resultado de una investigación iniciada el 12 de marzo de 2026 por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que analizó las políticas de 60 economías respecto del ingreso de mercancías vinculadas al trabajo forzoso. El 2 de junio, el organismo concluyó que las prácticas examinadas constituyen una carga o una restricción para el comercio estadounidense, habilitando al Poder Ejecutivo a adoptar medidas correctivas.
El memorando firmado por Trump establece un esquema de aranceles diferenciados. Argentina figura entre los países que enfrentarán una tarifa adicional del 10%, junto con Canadá, México, Bangladesh, Guatemala, India, Indonesia, Malasia, Pakistán, Sri Lanka y el Reino Unido. Según el documento, estas economías reciben un tratamiento menos severo porque ya cuentan con prohibiciones sobre el trabajo forzoso, asumieron compromisos específicos con Estados Unidos o avanzaron recientemente en reformas destinadas a reforzar esos controles.
Para el resto de las economías investigadas, la administración estadounidense dispuso un arancel del 12,5%. En el caso de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Suiza y Taiwán se implementó un mecanismo particular mediante el cual la tarifa adicional se ajustará al nivel de los aranceles de Nación Más Favorecida (MFN), de manera que la carga total no supere los porcentajes fijados por Washington.
El documento muestra que la estrategia estadounidense combina presión comercial con incentivos regulatorios. Además de los aranceles, contempla amplias exenciones para materias primas críticas, bienes cuya gravación podría provocar disrupciones económicas o productos que Estados Unidos no puede producir en cantidades suficientes. También excluye determinados artículos cuya exención, según el Gobierno, puede favorecer que algunos países implementen o fortalezcan sus compromisos en materia de prohibición del trabajo forzoso.
Otro componente de la medida apunta a la cadena global de suministro del sector textil. La administración ordenó crear cuotas arancelarias para Bangladesh, Camboya, Indonesia y Malasia con el objetivo de incentivar la utilización de algodón y productos textiles estadounidenses, reduciendo la dependencia de insumos provenientes de mercados considerados con mayor riesgo de incorporar trabajo forzoso. Mientras ese sistema se implementa, las importaciones de esos países continuarán sujetas al arancel del 10%.
El proceso previo a la decisión incluyó una consulta pública de gran escala. La USTR recibió más de 1.600 comentarios escritos y escuchó a más de un centenar de representantes de empresas, organizaciones y otros actores durante audiencias celebradas en julio de 2026. De acuerdo con el memorando, esas presentaciones derivaron en modificaciones respecto de la propuesta inicial, incluyendo nuevas exenciones y el reconocimiento de avances regulatorios realizados por algunos países durante el desarrollo de la investigación.
Aunque el documento presenta la iniciativa como una respuesta al incumplimiento de estándares sobre trabajo forzoso, también deja en evidencia el creciente uso de instrumentos comerciales para influir sobre las políticas regulatorias de terceros países. La administración Trump sostiene que los aranceles podrán modificarse o eliminarse si las economías afectadas adoptan y hacen cumplir prohibiciones eficaces sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso, lo que convierte a las tarifas en un mecanismo de presión sujeto a la evolución de las políticas nacionales de cada socio comercial.
Otra orden ejecutiva de Trump posiciona a la regeneración en el centro de la agenda agrícola de EEUU El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también firmó el mes pasado una orden ejecutiva que busca acelerar la adopción de la agricultura regenerativa en el país mediante un aumento de la inversión federal, el fortalecimiento de la investigación científica y la promoción de tecnologías de precisión. La medida posiciona a estas prácticas como un componente estratégico para reforzar la seguridad alimentaria, mejorar la rentabilidad de los productores y fortalecer la resiliencia del sistema agrícola estadounidense. La Orden Ejecutiva 14414, emitida el 25 de junio de 2026 bajo el título Advancing Regenerative Agriculture and Strengthening American Farm Resilience, establece una política federal orientada a expandir el uso de prácticas regenerativas, fomentar la innovación público-privada y reducir las barreras regulatorias que, según la administración, limitan la modernización del sector agropecuario. La decisión se enmarca dentro de la iniciativa Make America Healthy Again (MAHA), creada por Trump en febrero de 2025 para abordar, entre otros objetivos, la calidad del sistema alimentario estadounidense. El texto sostiene que los agricultores y ganaderos desempeñan un papel central en esa estrategia y destaca que los Departamentos de Salud (HHS), Agricultura (USDA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ya destinaron más de US$ 1.000 millones para impulsar la modernización agrícola y la seguridad del suministro de alimentos. Agricultura regenerativa como estrategia productiva La orden ejecutiva describe a la agricultura regenerativa como un conjunto de prácticas de conservación capaces de mejorar la salud del suelo, reducir los costos de producción y optimizar el uso de insumos químicos. Según el documento, estos sistemas también contribuyen a mantener los rendimientos agrícolas, aumentar la rentabilidad de las explotaciones, acceder a nuevos mercados y fortalecer las economías rurales. Con ese diagnóstico, la administración estadounidense fijó como política nacional promover un incremento significativo de la inversión federal en investigación, educación y adopción de estas prácticas, al tiempo que impulsa el desarrollo de tecnologías de agricultura de precisión y nuevas alianzas entre el sector público y privado. El objetivo declarado es ofrecer a los productores más herramientas para garantizar un suministro de alimentos “saludable, abundante y asequible” para la población. Más investigación sobre productos químicos Uno de los ejes de la orden está orientado al uso de productos fitosanitarios y la evaluación de su impacto sobre la salud y el ambiente. En ese sentido, la EPA deberá acelerar los procesos de registro de sustancias que puedan sustituir ingredientes activos más antiguos, siempre respetando las evaluaciones de riesgo previstas por la legislación vigente. Además, el organismo revisará la evidencia disponible sobre los productos utilizados para la desecación previa a la cosecha con el objetivo de verificar que cumplan los estándares ambientales y de seguridad y que cuenten con un etiquetado adecuado. Paralelamente, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Salud y la EPA desarrollarán un nuevo marco de investigación para evaluar la exposición acumulativa a distintas clases de sustancias químicas presentes en la cadena alimentaria. El documento aclara que estos estudios no implican automáticamente nuevas regulaciones, sino que buscan ampliar el conocimiento científico mediante metodologías innovadoras para comprender mejor los riesgos para la salud humana y el ambiente. La orden también instruye al Departamento de Salud a lanzar un concurso nacional de investigación, financiado a través de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), para identificar nuevas herramientas de evaluación, diagnóstico y tratamiento de la exposición acumulativa a sustancias químicas. Asimismo, la agencia ARPA-H deberá priorizar el desarrollo de tecnologías innovadoras y de menor costo que permitan reducir la dependencia de los métodos convencionales de protección química de cultivos. Expansión del programa regenerativo En materia de políticas de apoyo directo, la orden instruye al Departamento de Agricultura a maximizar el financiamiento del actual Programa Piloto de Agricultura Regenerativa y analizar mecanismos para ampliar su alcance. Entre las medidas previstas figura la difusión de los resultados del programa entre un mayor número de actores del sector y la creación de nuevas asociaciones público-privadas destinadas a incrementar la capacidad técnica y financiera disponible para los productores interesados en adoptar prácticas regenerativas. |
