La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que respalda el histórico dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre cambio climático y refuerza la idea de que la acción climática ya no es solamente una decisión política, sino una obligación bajo el derecho internacional.
Foto: António Guterres, Secretario General de la ONU.
La resolución, impulsada por Vanuatu y otros países insulares del Pacífico particularmente expuestos al aumento del nivel del mar, fue aprobada con 141 votos a favor, ocho en contra y 28 abstenciones. Entre los países que votaron en contra estuvieron Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, Israel e Irán.
El texto ratifica la opinión consultiva emitida por la CIJ en julio de 2025, cuando el máximo tribunal de la ONU concluyó que los Estados tienen la obligación de proteger el ambiente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, sostuvo que, si incumplen esas obligaciones y existe un vínculo causal suficiente con los daños ocasionados, podrían enfrentar responsabilidades legales y verse obligados a reparar los perjuicios causados.
Aunque tanto la opinión de la Corte como la resolución de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes, sí poseen un fuerte peso político y moral y podrían influir en litigios climáticos en distintos países y regiones.
El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la decisión como “una poderosa afirmación del derecho internacional, la justicia climática y la ciencia”. También sostuvo que el respaldo de la Asamblea General deja en claro que los Estados tienen la responsabilidad de proteger a sus poblaciones frente a una crisis climática “en escalada”.
La resolución insta a los 193 Estados miembros de la ONU a adoptar todas las medidas posibles para evitar daños significativos al clima y al ambiente, incluyendo las emisiones generadas dentro de sus fronteras. Asimismo, exhorta a los gobiernos a cumplir con sus compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París, que busca limitar el aumento de la temperatura global a muy por debajo de los 2°C y continuar los esfuerzos para no superar los 1,5°C respecto de los niveles preindustriales.
El texto también enfatiza que las políticas climáticas deben proteger derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la salud y un nivel de vida adecuado, y reclama cooperación internacional “de buena fe” para enfrentar el calentamiento global.
La aprobación de la resolución es vista como un hito para el movimiento global de litigios climáticos, que en los últimos años ganó fuerza como herramienta para exigir responsabilidades a gobiernos y empresas. Según datos citados por Naciones Unidas, hasta junio de 2025 se habían presentado 3.099 demandas relacionadas con el cambio climático en todo el mundo, frente a las 884 registradas en 2017.
Especialistas consideran que el nuevo respaldo político de la Asamblea General podría fortalecer esas causas judiciales, aunque advierten que el impacto concreto en los tribunales podría demorar varios años.
El origen de este proceso se remonta a una iniciativa impulsada por estudiantes de derecho de islas del Pacífico, preocupados por la falta de avances en materia climática. La propuesta fue luego tomada por gobiernos como el de Vanuatu y Tuvalu, dos países que aportan menos del 0,01% de las emisiones globales, pero enfrentan amenazas existenciales por el aumento del nivel del mar.
La resolución también establece que el secretario general de la ONU deberá presentar en 2027 un informe sobre posibles mecanismos para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones identificadas por la Corte Internacional de Justicia, en un intento por dar seguimiento político al proceso.
El respaldo de la Asamblea General llega en un contexto de creciente preocupación por el agravamiento de la crisis climática. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advirtió en 2025 que el mundo se encamina a superar el límite de 1,5°C durante la próxima década si no se aceleran los recortes de emisiones.
