El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC) han publicado un análisis exhaustivo sobre la aplicación de las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (NEIS/ESRS) en España. El estudio, centrado en 97 informes de sostenibilidad publicados en 2025 por entidades de interés público con más de 1.000 empleados, concluye que las empresas españolas ya están adoptando las NEIS como el estándar de referencia, incluso antes de que la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD) haya sido plenamente transpuesta al ordenamiento español.
El informe revisa la información presentada por compañías que, de acuerdo con la propuesta de modificación del paquete Ómnibus de la Unión Europea, previsiblemente seguirán obligadas a reportar bajo la CSRD. La investigación muestra que la simplificación regulatoria planteada por Bruselas no ha frenado la evolución del reporte de sostenibilidad, sino que el mercado continúa demandando información cada vez más rigurosa, comparable y verificable.
Las NEIS ya se consolidan como estándar de mercado
Uno de los principales hallazgos del estudio es el elevado grado de adopción de las NEIS. De los 97 informes analizados, 69 aplican íntegramente las normas europeas y otros 10 lo hacen de forma parcial, a pesar de que España aún no ha completado la transposición de la CSRD.
Los investigadores destacan que las empresas no solo están incorporando los requisitos europeos, sino que también combinan las NEIS con otros marcos internacionales de reporte. Los más utilizados son los estándares de Global Reporting Initiative (GRI), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), además de iniciativas climáticas como CDP, TCFD y Science Based Targets initiative (SBTi). Incluso algunas compañías ya incluyen referencias a las normas internacionales NIIF S, aprovechando la interoperabilidad entre ambos sistemas.
Informes más extensos y con mayor nivel de detalle
El análisis también evidencia una creciente sofisticación del reporting corporativo. Los informes presentan estructuras más ordenadas, una mayor conexión entre distintos marcos normativos y un desarrollo mucho más profundo de los análisis de doble materialidad, los impactos, riesgos y oportunidades (IROs) y los requisitos específicos de divulgación.
España sobresale además por la extensión de sus informes. Entre las empresas que aplican completamente las NEIS, la longitud media alcanza las 246 páginas, más del doble del promedio observado en otros países europeos según datos de EFRAG. Las entidades financieras son las que elaboran los documentos más extensos, mientras que la información ambiental ocupa la mayor parte del contenido.
La doble materialidad incorpora nuevos riesgos empresariales
El estudio señala que el ejercicio de doble materialidad comienza a reflejar de manera más precisa la realidad de las organizaciones.
Junto a los temas tradicionalmente considerados prioritarios —como el cambio climático, el personal propio y la conducta empresarial— aparecen con creciente frecuencia cuestiones específicas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la protección de datos, la fiscalidad responsable y otros riesgos propios de cada sector.
En cuanto a las normas temáticas, prácticamente todas las empresas consideran materiales los estándares relacionados con cambio climático (E1), trabajadores propios (S1) y gobernanza (G1). En contraste, aspectos como biodiversidad, recursos marinos o microplásticos aparecen con mucha menor frecuencia entre los asuntos considerados relevantes.
Más transparencia sobre impactos y objetivos
El informe refleja un importante avance en el nivel de divulgación de información ambiental, social y de gobernanza.
Entre los datos más destacados, el 85% de las empresas reporta emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3, el 79% establece objetivos de reducción de emisiones, el 70% informa metas relacionadas con el consumo de agua y el 64% fija objetivos vinculados con la economía circular. En el ámbito social, el 90% divulga la brecha salarial de género y el 95% informa sobre procesos para reparar impactos negativos en colectivos afectados.
Asimismo, el 80% de los informes incluye información relativa a la Taxonomía Verde Europea y un porcentaje similar incorpora las tablas que muestran la relación entre los requisitos de las NEIS y otras normativas europeas.
Recomendaciones para mejorar la calidad y reducir la complejidad
Además de analizar la situación actual, el estudio propone diversas medidas para mejorar la calidad de los informes sin incrementar su complejidad.
Entre las recomendaciones figura unificar la denominación de los documentos bajo el nombre de “Informe de sostenibilidad”, exigir su publicación junto con el informe de gestión consolidado y facilitar su localización en las páginas web corporativas.
Los autores también plantean reducir la excesiva longitud de los informes trasladando a anexos voluntarios la información relativa a otros marcos de reporte, eliminar duplicidades, estandarizar la presentación de los requisitos de divulgación (DR) y utilizar de manera uniforme la nomenclatura establecida por las NEIS para facilitar la comparabilidad entre empresas.
Asimismo, consideran conveniente avanzar hacia formatos homogéneos similares a los utilizados en la información financiera, incorporando tablas modelo para la interoperabilidad con otros estándares y una estructura más sistemática de presentación de los datos.
Un respaldo a la simplificación de las NEIS
El estudio considera que los resultados obtenidos respaldan parcialmente la propuesta de simplificación de las NEIS impulsada por EFRAG y recogida en el paquete Ómnibus.
Los investigadores observan que algunas de las normas que sufrirían mayores reducciones en los requisitos de divulgación —como biodiversidad, agua o contaminación— son precisamente aquellas que con menor frecuencia resultan materiales para las empresas analizadas. En conjunto, los borradores de simplificación supondrían una reducción cercana al 67% de determinados puntos de datos obligatorios en varias normas ambientales.
No obstante, el informe insiste en que la simplificación normativa no debe interpretarse como un retroceso en materia de transparencia. Por el contrario, concluye que inversores, reguladores y otros grupos de interés ya han consolidado expectativas más elevadas sobre la calidad, la trazabilidad y la comparabilidad de la información de sostenibilidad, por lo que las empresas deberán seguir fortaleciendo sus procesos de reporte más allá de las exigencias regulatorias mínimas.
