Once años después de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el verdadero desafío ya no consiste en definir qué mundo queremos construir. Sabemos cuáles son las metas, conocemos buena parte de los instrumentos y disponemos de evidencia suficiente. La pregunta incómoda es otra: ¿estamos realmente dispuestos a financiarlas, gobernarlas y construirlas colectivamente? Por Nicolás Liarte-Vejrup, Asociado de Empresas y Derechos Humanos y coordinador de Aceleradores de Pacto Global Argentina.
Once años después
Hay aniversarios que invitan a celebrar. Otros obligan a detenerse y pensar. Los once años de la Agenda 2030 pertenecen, claramente, a esta segunda categoría. En septiembre de 2015, los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas. No se trataba de una agenda ambiental, ni de una agenda social, ni de una agenda económica. Era, y sigue siendo, algo más ambicioso: un intento de ordenar el contrato civilizatorio del siglo XXI alrededor de una idea simple y exigente: que el desarrollo no puede seguir separando prosperidad, dignidad humana y límites planetarios.
Los ODS nacieron para ampliar y superar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los ODM habían logrado instalar prioridades básicas -pobreza, salud, educación- pero seguían estructurados bajo una lógica principalmente Norte-Sur. La Agenda 2030, en cambio, fue concebida como universal. No era una lista de tareas para países pobres financiada por países ricos. Era un espejo para todos. Para Dinamarca, para España, para Brasil y para Argentina. Para gobiernos, empresas, universidades, sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos. Ban Ki-moon lo sintetizó en una expresión que todavía conserva fuerza política y moral: no dejar a nadie atrás.
Once años después, conviene evitar dos tentaciones. La primera es el triunfalismo institucional: suponer que porque los ODS se citan en informes, discursos y presentaciones de PowerPoint, el mundo está necesariamente avanzando. La segunda es el cinismo: concluir que como no llegaremos a 2030 con todos los indicadores en verde, la Agenda fracasó. Ambas lecturas son cómodas. Y, como suele ocurrir con lo cómodo, ambas son incompletas.
El problema nunca fueron las metas
Durante años discutimos si los ODS eran demasiado ambiciosos. La pregunta era legítima. Pretender erradicar la pobreza extrema, transformar los sistemas alimentarios, garantizar educación de calidad, cerrar brechas de género, descarbonizar economías, proteger océanos, reducir desigualdades y fortalecer instituciones antes de 2030 parecía, incluso en 2015, una aspiración casi excesiva. Pero once años después el verdadero problema no parece estar en la ambición de las metas. El problema está en la coherencia de los medios.
El Sustainable Development Report 2026 lo expresa con una claridad incómoda: los objetivos mantienen un amplio apoyo global, pero no serán alcanzados en 2030 al ritmo actual. El informe agrega una idea más profunda: el mundo no está organizado de manera adecuada para cumplir aquello que se propuso. Dicho de otro modo, no fallamos principalmente porque los ODS estén mal formulados. Fallamos porque todavía no alineamos instrumentos, financiamiento, instituciones y alianzas con la escala del desafío.
Aquí la discusión se vuelve filosófica y práctica al mismo tiempo. El propio informe recupera a Aristóteles, Kant y Jan Tinbergen para recordar una verdad elemental: quien quiere un fin debe querer también los medios. En política pública, esto significa que no alcanza con aprobar metas. Cada objetivo requiere instrumentos: presupuesto, regulación, capacidades estatales, inversión privada, ciencia, datos, cooperación internacional y continuidad institucional. La Agenda 2030 no atraviesa una crisis de objetivos. Tampoco exclusivamente una crisis de recursos. Atraviesa, sobre todo, una crisis de coherencia entre aquello que la comunidad internacional afirma valorar y aquello que realmente decide financiar, priorizar y gobernar.
¿Quién financia el desarrollo?
La pregunta es delicada, pero inevitable: ¿quién financia el desarrollo sostenible? Declarar metas globales sin poner recursos sobre la mesa es como brindar con copas vacías. Puede quedar elegante en la foto, pero no cambia la realidad. El financiamiento de los ODS sigue siendo uno de los nudos más complejos de la agenda global. Muchos países en desarrollo enfrentan deuda, baja capacidad fiscal, limitado acceso a capital de largo plazo y mayores costos financieros. Mientras tanto, buena parte del capital global continúa fluyendo con mayor facilidad hacia los países que menos lo necesitan.
El debate no debería plantearse como una demanda moral abstracta al Norte Global, sino como una cuestión de inteligencia colectiva. Los países desarrollados tienen una responsabilidad distributiva y reparadora: concentran capital, capacidades tecnológicas y, en muchos casos, una responsabilidad histórica mayor en la degradación ambiental acumulada. Pero, además, tienen un interés directo. Financiar desarrollo ya no es caridad. Es una inversión en estabilidad internacional.
La humanidad ha demostrado que puede movilizar billones de dólares en cuestión de semanas cuando una crisis amenaza a los mercados, los bancos o la seguridad estratégica. Resulta curioso -por no decir tragicómico- que, cuando la amenaza es el hambre, la desigualdad, la educación o el cambio climático, descubramos súbitamente que los recursos son escasos. Tal vez haya llegado la hora de ordenar mejor las prioridades. Sería deseable que las personas cruzaran los mares para conocer otras culturas, estudiar o hacer turismo, y no porque la pobreza, los conflictos armados o la falta de oportunidades las obligan a abandonar el lugar donde nacieron.
En este punto, el realismo es imprescindible. No todos los países parten del mismo lugar ni tienen las mismas capacidades. Pero el realismo no debe confundirse con resignación. Si la Agenda 2030 aspira a sostener su legitimidad más allá de 2030, deberá responder con mayor precisión a esta pregunta: quién paga, quién decide, quién implementa y quién rinde cuentas.
Cuatro países, cuatro aprendizajes
Dinamarca, España, Brasil y Argentina permiten observar cuatro modos distintos de enfrentar la Agenda 2030. No conviene leerlos como un ranking moral. Sería demasiado simple, y probablemente injusto. Conviene leerlos como experiencias que muestran fortalezas, tensiones y deudas estructurales.
Dinamarca aparece nuevamente entre los países líderes del índice global. Su puntaje en 2026 es 85,7 y ocupa el tercer lugar entre 169 países. Su fortaleza no se explica solo por ingresos altos, sino por instituciones, confianza social, continuidad de políticas públicas, inversión en innovación y una cultura de cumplimiento. La sostenibilidad no se improvisa: se gobierna durante décadas. Sin embargo, incluso Dinamarca enfrenta desafíos en consumo responsable, huella ambiental, clima y biodiversidad. Los países nórdicos recuerdan algo que suele incomodar a las economías desarrolladas: tener buenos indicadores sociales no elimina las responsabilidades derivadas de los patrones de consumo.
España, con un puntaje de 81,2 y el puesto 16, muestra una transición europea con avances relevantes en salud, educación, igualdad de género, energía limpia, digitalización y reporting empresarial. Es un país donde la sostenibilidad logró penetrar en la política pública y en la gestión empresarial. Pero sus desafíos siguen siendo importantes: desempleo, vivienda, productividad, estrés hídrico, biodiversidad marina y presión climática. España enseña que avanzar no equivale a haber llegado. Las transiciones son procesos largos, conflictivos y a veces contradictorios.
Brasil ocupa el puesto 53 con 74,2 puntos. Su caso es central para América Latina y para el planeta. Tiene una matriz energética relativamente favorable, una potencia agroindustrial indiscutible, capacidades científicas, ciudades que han desarrollado experiencias de localización de ODS y una posición destacada en apoyo al multilateralismo. Pero Brasil también concentra algunas de las tensiones más decisivas del siglo: Amazonia, desigualdad, violencia, deforestación, sistemas alimentarios y productividad. En Brasil, el ODS 15 no es un capítulo ambiental más: es una cuestión de gobernanza planetaria.
Argentina, con 73,9 puntos y el puesto 57, ofrece quizá la paradoja más conocida para quienes vivimos y trabajamos aquí. Tiene alimentos, energía, litio, conocimiento científico, universidades, empresarios innovadores, organizaciones sociales activas y una tradición diplomática relevante. Pero continúa enfrentando una dificultad estructural: sostener políticas públicas en el tiempo. Ningún indicador de sostenibilidad mejora cuando un país cambia de dirección cada cuatro años. La Agenda 2030 exige instituciones solidas y continuidad; Argentina suele responder con talento, pero también con discontinuidad.
Una lectura comparada de los ODS
Los indicadores no deben ser interpretados como una sentencia, sino como una invitación a mejorar la conversación pública. Cada país tiene ODS robustos, ODS que requieren trabajo y ODS en estado crítico o de avance insuficiente. En Dinamarca, la robustez aparece en salud, energía, innovación e instituciones; las deudas se concentran en consumo, clima y huellas ambientales externas. En España, los avances son evidentes en salud, igualdad, energía e infraestructura, pero persisten tensiones en empleo, vivienda, océanos y biodiversidad. En Brasil, destacan energía, infraestructura y multilateralismo, mientras que desigualdad, violencia y Amazonia siguen siendo ejes críticos. En Argentina, hay capacidades en salud, energía, educación superior, ciencia, agroindustria y conectividad; pero pobreza, productividad, desigualdad, confianza institucional y alianzas políticas siguen condicionando el conjunto.
La enseñanza comparada es sencilla: los ODS no avanzan por acumulación de buenas intenciones. Avanzan cuando existen instituciones capaces de sostener prioridades. Dinamarca muestra la potencia de la confianza. España muestra que las transiciones son posibles, aunque nunca lineales. Brasil muestra que un país puede ser parte de la solución global y, al mismo tiempo, cargar tensiones ambientales enormes. Argentina muestra que el potencial, por sí solo, nunca alcanza.
El ODS 17 como condición de posibilidad
En 2015 muchos habrían elegido el ODS 1 -fin de la pobreza- o el ODS 13 -acción por el clima- como los objetivos centrales de la Agenda. Hoy, sin restarles importancia, me inclino por otra respuesta: el ODS 17. En tiempos de intolerancia, polarización, fatiga democrática y desconfianza institucional, las alianzas dejaron de ser un complemento amable. Son la condición de posibilidad de todo lo demás.
Detrás de cada fracaso de los otros dieciséis objetivos aparece casi siempre la misma ausencia: falta de cooperación. No faltan diagnósticos. No faltan indicadores. No faltan universidades. No faltan empresas con capacidad de innovación. Muchas veces tampoco faltan recursos. Lo que empieza a escasear es confianza. Y sin confianza no hay inversión de largo plazo, no hay política pública sostenida, no hay diálogo social ni acción colectiva.
El ODS 17 no debería leerse únicamente como cooperación internacional. También es diálogo multiactor dentro de cada país. Es la capacidad de que un Estado converse con empresas sin sospechar automáticamente de ellas; que las empresas asuman responsabilidades sin reducir la sostenibilidad a reputación; que las universidades salgan de sus claustros; que la sociedad civil participe sin quedar atrapada en la denuncia permanente; y que la política recupere una virtud básica: escuchar antes de descalificar.
¿Cambiar los plazos o cambiar la voluntad?
La proximidad de 2030 obliga a una pregunta final: ¿debemos aferrarnos a los plazos y objetivos actuales o deberíamos cambiarlos? Mi respuesta es doble. No deberíamos abandonar los ODS ni sustituirlos apresuradamente por una nueva marca global. Sería un error político y pedagógico. La Agenda 2030 sigue ofreciendo un lenguaje común, una brújula ética y una arquitectura de medición valiosa. Pero tampoco podemos fingir que todo llegará a tiempo. Lo razonable es mantener los ODS como marco de referencia hacia 2030 y más allá, reforzando los medios de implementación: financiamiento, gobernanza, ciencia, datos, cooperación regional, capacidades estatales y alianzas público-privadas. Cambiar los objetivos puede ser tentador. Cambiar la voluntad es más difícil. Y, precisamente por eso, más necesario.
Quizá dentro de veinte años nadie recuerde cuántas de las 169 metas se cumplieron exactamente en 2030. Pero sí recordarán si esta generación fue capaz de preservar el diálogo cuando parecía más rentable polarizar; si defendió el multilateralismo cuando muchos anunciaban su fracaso; si comprendió que el desarrollo de unos termina siendo la estabilidad de todos. La Agenda 2030 no necesita nuevos objetivos. Necesita una humanidad más coherente con los objetivos que ya decidió darse.
Nota metodológica: la clasificación es interpretativa y se apoya en el Sustainable Development Report 2026, combinando puntaje/ranking, dashboard de avance y principales indicadores por país. “Crítico” no significa ausencia absoluta de política, sino brecha relevante, estancamiento o desempeño insuficiente respecto de las metas. https://dashboards.sdgindex.org/
Nota de autor: este texto está redactado como ensayo de opinión personal. No representa necesariamente la posición institucional de Naciones Unidas ni de la Red Argentina del Pacto Global.
