Los litigios relacionados con el cambio climático continúan consolidándose como una herramienta de gobernanza global y muestran una expansión tanto en el número de casos como en los actores involucrados. Durante 2025 se presentaron 249 nuevas demandas, elevando el total histórico a más de 3.600 casos registrados desde 1986, según el informe “Global trends in climate change litigation: 2026 snapshot”, elaborado por el Sabin Center for Climate Change Law.
El estudio analiza la evolución de los litigios climáticos durante 2025 y los principales desarrollos ocurridos hasta mayo de 2026. De acuerdo con sus autores, el fenómeno ha dejado de ser un conjunto de acciones aisladas para convertirse en un componente cada vez más relevante de la gobernanza climática internacional, al tiempo que enfrenta una creciente reacción política y jurídica en distintos países.
Uno de los datos más significativos es que más del 75% de todos los casos registrados se presentaron después de 2015, año en que se adoptó el Acuerdo de París. Además, las demandas climáticas ya alcanzan 62 jurisdicciones, frente a solo 17 países hace una década. En 2025 se incorporaron por primera vez casos en Granada, Guatemala, Kazajistán, Malasia, Singapur y Zambia.
Estados Unidos continúa siendo el país con mayor actividad judicial en esta materia. Solo durante 2025 se iniciaron 151 nuevos procesos, llevando el total acumulado a 2.078 casos.
Los tribunales consolidan las obligaciones climáticas de los Estados
El informe sostiene que una de las principales tendencias es la consolidación progresiva de las obligaciones estatales frente al cambio climático como deberes jurídicos y no únicamente como compromisos políticos.
Esta evolución se refleja en el creciente número de decisiones emitidas por tribunales internacionales y cortes de máxima jerarquía, así como en la interacción entre tribunales nacionales, regionales e internacionales, que comienza a generar un cuerpo jurisprudencial cada vez más consistente sobre las responsabilidades climáticas.
Al mismo tiempo, los jueces avanzan en el análisis de demandas que buscan responsabilizar económicamente a empresas por su contribución al calentamiento global mediante el principio de “quien contamina paga”, así como en acciones destinadas a establecer estándares legales que limiten la continuidad de actividades altamente emisoras. Sin embargo, hasta el momento ninguno de estos casos ha derivado en órdenes judiciales que obliguen al pago de indemnizaciones o a modificar el comportamiento corporativo.
Crecen las demandas contra empresas y aparecen nuevos demandantes
La investigación muestra una expansión tanto de los sectores económicos involucrados como del perfil de los demandantes.
Durante 2025 se presentaron más de 50 litigios estratégicos alineados con la acción climática contra compañías de los sectores energético, financiero, transporte, inmobiliario y bienes de consumo. Entre los demandados también aparecen empresas estatales e instituciones financieras, presentes en al menos 42 procesos.
El estudio identifica además la incorporación de nuevos actores. Por primera vez se registraron demandas iniciadas por compañías aseguradoras que buscan recuperar pérdidas económicas vinculadas al cambio climático atribuyéndolas a la actuación de gobiernos.
En paralelo, organismos públicos y entidades cuasi gubernamentales comenzaron a utilizar acciones judiciales para exigir el cumplimiento de estándares climáticos en diferentes actividades económicas.
Otra tendencia destacada es el crecimiento de las demandas que buscan compensaciones por daños al sistema climático derivados de actividades como la deforestación ilegal. Desde 2015 se contabilizan más de 249 casos de este tipo, con Brasil como el país donde se concentra la mayor cantidad de procesos.
El informe también anticipa cuáles podrían ser las próximas áreas de expansión del litigio climático: la infraestructura para captura, remoción y almacenamiento de dióxido de carbono; las emisiones asociadas al funcionamiento de grandes centros de datos; y la relación entre el cambio climático y otros problemas ambientales, como la contaminación por plásticos.
Aumenta la reacción contra los litigios climáticos
El documento advierte que el crecimiento de estas acciones judiciales ha venido acompañado por una respuesta organizada destinada a limitar su avance, especialmente en Estados Unidos.
Entre las principales herramientas identificadas figuran las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), utilizadas para desalentar la actuación de organizaciones y activistas, así como nuevas iniciativas legislativas que reducen el margen de actuación de la sociedad civil y restringen el acceso a los tribunales.
No obstante, los autores sostienen que esta reacción también ha impulsado una nueva generación de litigios orientados específicamente a proteger el espacio jurídico y cívico necesario para promover acciones climáticas.
La transición energética genera nuevos conflictos legales
A medida que las políticas climáticas avanzan hacia su implementación, también aumenta la complejidad de los conflictos que llegan a los tribunales.
El informe señala un crecimiento de los litigios vinculados con la denominada “transición justa”, en los que se cuestionan los efectos sociales y económicos de determinadas políticas climáticas, así como de los casos conocidos como “verde contra verde”, donde distintas iniciativas ambientales entran en conflicto entre sí por sus impactos sobre otros componentes del medio ambiente.
Asimismo, algunos procesos recientes evidencian tensiones entre las medidas de adaptación al cambio climático y las estrategias de mitigación, mostrando que ambas agendas pueden generar objetivos contrapuestos durante su aplicación práctica.
Las sentencias no garantizan cambios en las políticas públicas
Aunque las decisiones judiciales favorables continúan aumentando, el informe concluye que su impacto efectivo depende de factores políticos e institucionales posteriores.
Los autores subrayan que una sentencia favorable no implica automáticamente modificaciones regulatorias o cambios en las políticas públicas. Su implementación requiere voluntad política sostenida, capacidad institucional y mecanismos jurídicos que aseguren el cumplimiento de las resoluciones.
Los casos recientes registrados en Corea del Sur y el estado de Nueva York ilustran, según el estudio, que la fase posterior a las decisiones judiciales constituye uno de los principales desafíos para que los litigios climáticos produzcan transformaciones concretas en la acción climática.
