Estados Unidos volvió a expresar su preocupación por el alcance de las normas europeas de sostenibilidad corporativa y pidió a la Unión Europea limitar las obligaciones que la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) y la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) imponen a empresas estadounidenses. El planteo combina cuestionamientos regulatorios, comerciales y jurídicos, y pone en discusión hasta dónde puede extenderse la normativa europea sobre compañías radicadas fuera del bloque.
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En un documento de comentarios presentado ante la Unión Europea, el Gobierno estadounidense sostiene que la CSRD y la CSDDD presentan un grado significativo de “interoperabilidad, complementariedad y superposición”, especialmente en materia de reporte, por lo que considera necesario abordar ambas regulaciones de manera conjunta.
El planteo se inscribe además en el marco del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea en agosto de 2025. Según Washington, en ese entendimiento la UE se comprometió a procurar que ambas directivas no generaran restricciones indebidas al comercio transatlántico y a atender las preocupaciones estadounidenses respecto de la aplicación de sus exigencias a empresas de terceros países que cuentan con regulaciones consideradas de alta calidad.
El principal cuestionamiento: el alcance extraterritorial
Para Estados Unidos, uno de los problemas centrales de la regulación europea es su alcance extraterritorial. Washington considera que las obligaciones de debida diligencia y reporte pueden alcanzar a empresas estadounidenses que mantienen vínculos relativamente indirectos con el mercado europeo.
El Gobierno estadounidense reconoce algunas de las reformas introducidas por el Ómnibus aprobado en diciembre de 2025, pero sostiene que no fueron suficientes para resolver sus preocupaciones. En particular, cuestiona que las exigencias europeas puedan incrementar significativamente los costos de cumplimiento de empresas estadounidenses y afectar su capacidad para competir en igualdad de condiciones dentro del mercado europeo.
Una de las diferencias regulatorias que Washington destaca es el concepto de doble materialidad utilizado por la normativa europea. Mientras el modelo estadounidense se basa en una concepción de materialidad financiera, la regulación europea incorpora también la evaluación de los impactos de una empresa sobre las personas y el ambiente. Para Estados Unidos, esta diferencia amplía considerablemente las obligaciones de reporte que pueden recaer sobre compañías no europeas con vínculos limitados con el mercado de la UE.
El Gobierno estadounidense sostiene además que la CSDDD puede alcanzar a compañías y proveedores que mantienen solamente nexos indirectos con Europa. Desde su perspectiva, esto entra en tensión con el principio territorial del derecho internacional, según el cual los Estados deberían limitar la aplicación de sus leyes a personas con presencia física en su territorio o cuyas actividades tengan efectos directos allí.
Washington reclama un trato diferenciado para las empresas estadounidenses
Estados Unidos sostiene que ya cuenta con un marco regulatorio robusto en materia de gobernanza corporativa, trazabilidad de las cadenas de suministro y debida diligencia. Por esa razón, considera que imponer a sus compañías las exigencias europeas podría generar obligaciones duplicadas o incluso potencialmente contradictorias.
La posición de Washington se traduce en pedidos concretos. Entre ellos, solicita que la UE limite significativamente las obligaciones de reporte y debida diligencia aplicables a empresas estadounidenses y reduzca las acciones de enforcement contra ellas. También propone restringir la aplicación de la CSDDD a las actividades desarrolladas por las subsidiarias europeas de empresas estadounidenses o a sus socios comerciales establecidos en la UE, y que las exigencias se concentren en bienes producidos o servicios suministrados desde territorio europeo.
Otro de los reclamos apunta a las sanciones. Estados Unidos pide que ninguna multa contra una empresa estadounidense, o contra una subsidiaria europea de una compañía estadounidense, pueda calcularse sobre la base de ingresos obtenidos fuera de la UE. En otras palabras, rechaza que el volumen de negocios global de una compañía pueda convertirse en la base para determinar sanciones derivadas del incumplimiento de la normativa europea.
La discusión también alcanza a proveedores y agricultores
La preocupación estadounidense no se limita a las grandes empresas sujetas directamente a las regulaciones. Washington advierte que la CSDDD podría extender las exigencias de auditoría, información y debida diligencia hacia productores y proveedores ubicados aguas arriba de las cadenas de suministro, incluso cuando no tengan una relación directa con compradores europeos.
El Gobierno estadounidense sostiene que productores y agricultores cuyos bienes no ingresan al mercado europeo no deberían quedar sometidos a auditorías o pedidos de información por parte de compañías alcanzadas por la CSDDD. Considera que esa extensión podría generar cargas desproporcionadas, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
En ese sentido, Washington propone que Estados Unidos sea considerado una jurisdicción de riesgo insignificante debido a la fortaleza de su marco de gobernanza corporativa. También plantea establecer una suerte de presunción de cumplimiento para compañías que operen en países con sistemas regulatorios robustos y permitir el reconocimiento de marcos de debida diligencia considerados equivalentes.
Menos litigios privados y un enforcement liderado por reguladores
Otro de los puntos de fricción está relacionado con la aplicación de las normas. Estados Unidos cuestiona particularmente la posibilidad de que la CSDDD habilite acciones judiciales privadas contra empresas por incumplimientos de sus obligaciones.
Washington teme que esto genere una ola de litigios civiles en los tribunales de los distintos Estados miembros, con interpretaciones divergentes entre las jurisdicciones nacionales. Como alternativa, propone un modelo de enforcement liderado por los organismos supervisores: una demanda civil solo debería poder avanzar después de que la autoridad competente haya determinado que la empresa incumplió sus obligaciones.
La posición estadounidense también alcanza a las multas, las auditorías y las verificaciones de terceros. Washington considera que las auditorías, visitas a instalaciones y consultas con grupos de interés deberían realizarse sobre la base de riesgos documentados y no como obligaciones generalizadas. Además, expresa preocupación por la falta de supervisión sobre determinados verificadores externos y pide que estos sean independientes, acreditados y cuenten con suficiente conocimiento sectorial.
El rechazo a nuevas obligaciones de transición hacia el net zero
La postura estadounidense también se extiende a las obligaciones climáticas. Washington pide a la UE que respete la eliminación del artículo 22 de la CSDDD, referido a la lucha contra el cambio climático, y que no utilice las futuras guías de implementación para volver a introducir obligaciones vinculadas con planes obligatorios de transición hacia el net zero.
Este punto revela que la discusión no se limita al costo administrativo de los reportes. También involucra una diferencia más profunda sobre el alcance que deben tener las políticas de sostenibilidad corporativa: mientras el modelo europeo incorpora obligaciones relacionadas con impactos ambientales y sociales, Estados Unidos reclama que estas exigencias no se transformen en mecanismos regulatorios con efectos sobre compañías que operan principalmente fuera de Europa.
Una disputa que trasciende el reporte
El documento estadounidense deja en claro que la controversia alrededor de la CSRD y la CSDDD no se reduce a una discusión técnica sobre estándares de información corporativa. Para Washington, está en juego el alcance jurisdiccional de la regulación europea y su impacto sobre la competitividad de las empresas estadounidenses.
La Administración estadounidense advierte, de hecho, que tomará las medidas que considere necesarias para enfrentar cargas que juzgue irrazonables sobre el comercio estadounidense si no se encuentra una solución a sus preocupaciones.
La disputa plantea así uno de los debates regulatorios más relevantes para las empresas multinacionales: hasta dónde puede llegar la normativa de sostenibilidad de una jurisdicción cuando sus cadenas de valor atraviesan múltiples países. Para las compañías con operaciones transatlánticas, la respuesta determinará no solo sus obligaciones de reporte, sino también el alcance de sus sistemas de debida diligencia, auditoría, gestión de proveedores y exposición a sanciones.
Estados Unidos cerró su presentación dejando abierta la puerta al diálogo con Bruselas y a futuras observaciones sobre la CSRD, la CSDDD y eventuales modificaciones de ambas normas.
