El segundo trimestre de 2026 deja como señal para las empresas que el debate regulatorio comienza a desplazarse desde la definición de nuevas exigencias hacia la capacidad de implementar, gobernar y demostrar en la práctica aquello que las organizaciones ya se comprometieron a hacer. Esa es una de las principales conclusiones del análisis de Datamaran sobre las tendencias regulatorias del período.
El informe identifica una convergencia entre tres grandes agendas —inteligencia artificial, sostenibilidad y cambio climático— alrededor de un mismo desafío: convertir marcos regulatorios, estándares y compromisos en mecanismos concretos de gobernanza, supervisión y ejecución.
Según Datamaran, este cambio implica que las empresas deberán prestar menos atención exclusivamente a qué información deben divulgar y mayor atención a cómo gestionan los riesgos, quién es responsable de las decisiones y qué capacidad tienen para demostrar resultados.
La inteligencia artificial se consolida como un riesgo empresarial estratégico
Durante el segundo trimestre, la regulación de la inteligencia artificial amplió su alcance. El foco dejó de estar exclusivamente en los modelos y sistemas de IA para incorporar la infraestructura, los datos, la ciberseguridad, las cadenas tecnológicas y los ecosistemas necesarios para su desarrollo y utilización.
Datamaran destaca que distintos gobiernos comenzaron a considerar la IA como una infraestructura crítica y un activo estratégico para sus economías. La Comisión Europea, el Reino Unido, Portugal y Canadá avanzaron en políticas destinadas a fortalecer la capacidad informática doméstica y la soberanía tecnológica.
Al mismo tiempo, la regulación adoptó enfoques más específicos basados en el riesgo. En Europa avanzaron el AI Omnibus y las consultas sobre la clasificación de sistemas de alto riesgo, mientras que en Estados Unidos se reforzó la supervisión sobre los sistemas de IA de frontera y sus posibles implicancias para la seguridad nacional.
El proceso también comenzó a traducirse en estructuras concretas de supervisión. España e Irlanda avanzaron en la implementación nacional del AI Act mediante nuevas autoridades y facultades de fiscalización.
La convergencia entre IA, protección de los consumidores y derechos digitales constituye otro de los aspectos destacados. Colorado y Connecticut incorporaron requisitos vinculados con la toma de decisiones automatizada y la transparencia, mientras España avanzó con un proyecto de ley que contempla sanciones de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global.
Para las empresas, Datamaran plantea que la IA debe ser gestionada como un riesgo estratégico transversal, que involucra gobernanza, datos, ciberseguridad, infraestructura crítica, proveedores tecnológicos y resiliencia geopolítica.
La regulación de sostenibilidad se orienta hacia la implementación
En materia de sostenibilidad, el análisis identifica un cambio similar. Después de un período caracterizado por la simplificación de los requerimientos de reporte, el debate comenzó a concentrarse en cómo gobernar e integrar los marcos de sostenibilidad dentro de la toma de decisiones empresariales.
La evolución, sin embargo, no es uniforme. Datamaran señala una creciente divergencia entre jurisdicciones.
En Estados Unidos, la propuesta de la SEC para retirar sus reglas de divulgación climática y el avance de Brasil hacia un modelo voluntario de comply-or-explain para los estándares ISSB reflejan una orientación centrada en la materialidad financiera.
Europa, en cambio, avanzó con estándares ESRS revisados y con un nuevo estándar voluntario de reporte de sostenibilidad. La reforma reduce las exigencias de información, pero mantiene el principio de doble materialidad, configurando una arquitectura considerada más proporcional.
A la vez, EFRAG avanzó en los estándares ESRS aplicables a grupos de terceros países, ampliando el alcance del marco europeo a compañías no pertenecientes a la Unión Europea.
Otros países también están incorporando la sostenibilidad dentro de estructuras tradicionales de gobierno corporativo. Francia integró riesgos ESG en la supervisión prudencial y en los esquemas de remuneración; Luxemburgo propuso incorporar formalmente la responsabilidad social y ambiental en la legislación societaria; Japón reforzó la implementación de ISSB a través de su Código de Gobierno Corporativo, y Suiza propuso reunir reporte, debida diligencia y supervisión bajo un mismo marco.
Para las compañías, Datamaran recomienda no interpretar la simplificación regulatoria como una razón para desmantelar las capacidades desarrolladas. Por el contrario, plantea aprovechar las reformas para optimizar los sistemas existentes, manteniendo la materialidad como criterio para conectar riesgos empresariales, estrategia y divulgación.
El clima: de los compromisos a la capacidad de ejecución
La política climática también mostró un desplazamiento desde la definición de nuevos objetivos hacia la construcción de los mecanismos económicos, financieros y de gobernanza necesarios para alcanzarlos.
A nivel internacional, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó un marco jurídico que refuerza la mitigación climática como una responsabilidad bajo el derecho internacional.
En paralelo, los organismos de estándares avanzaron en herramientas destinadas a operacionalizar la transición. SBTi lanzó la segunda versión de su Corporate Net-Zero Standard junto con su estrategia para 2026-2030, mientras ISO publicó la norma ISO 32212 sobre planificación de transición para instituciones financieras y avanzó con un proyecto de ISO 14060 para extender principios similares al conjunto de los sectores.
En Europa, la revisión de los parámetros del ETS reforzó los incentivos para la transformación industrial, acompañada por un fondo de inversión de 30.000 millones de euros. Francia actualizó su Estrategia Nacional de Bajo Carbono para vincular más estrechamente los objetivos climáticos con la política industrial y las compras públicas.
En el Reino Unido, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) ingresó en una etapa más operativa, con reglas detalladas para el cálculo y la verificación de emisiones.
La consecuencia para las empresas es directa: ya no alcanza con establecer compromisos de largo plazo. El foco comienza a desplazarse hacia las brechas de ejecución en materia de gobernanza, financiamiento, operaciones y cadenas de suministro.
A medida que se aproxima 2030, Datamaran anticipa una mayor presión de reguladores, inversores y mercados sobre la capacidad de las empresas para demostrar avances concretos.
Naturaleza y cuestiones sociales recuperan protagonismo
El segundo trimestre también mostró avances en ámbitos que habían quedado parcialmente relegados frente a las agendas climática y de reporte: las cuestiones sociales y la naturaleza.
La Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures (TISFD) publicó la versión beta de su marco de reporte, con una metodología estructurada para analizar cómo la desigualdad y los asuntos sociales pueden generar riesgos financieros.
En paralelo, TNFD, GRI y Science Based Targets Network propusieron conjuntamente un conjunto común de métricas sobre el estado de la naturaleza. La iniciativa busca establecer medidas compartidas sobre extensión y condición de los ecosistemas y salud de las especies, aplicables al reporte, la definición de objetivos y la planificación de la transición.
Para Datamaran, este proceso anticipa una mayor necesidad empresarial de desarrollar capacidades para medir impactos, dependencias y desempeño social y relacionado con la naturaleza mediante metodologías consistentes e interoperables.
De cumplir normas a construir capacidades de gobernanza
El análisis del segundo trimestre presenta una conclusión transversal: la regulación corporativa está ingresando en una etapa en la que la implementación adquiere mayor relevancia que la mera existencia de compromisos o marcos normativos.
En inteligencia artificial, la regulación está transformando una tecnología emergente en un riesgo empresarial con implicancias que alcanzan la seguridad nacional, la infraestructura y la resiliencia tecnológica. En sostenibilidad, la fragmentación regional obliga a las compañías a gestionar diferentes modelos regulatorios sin perder coherencia estratégica. En clima, la prioridad comienza a ser la infraestructura financiera, operativa y de gobernanza necesaria para cumplir las metas de transición.
En este escenario, el desafío para las empresas ya no consiste únicamente en identificar nuevas normas, sino en incorporarlas a la gestión cotidiana mediante responsabilidades claras, mecanismos de control y capacidad de ejecución.
La tesis central de Datamaran es que aquellas organizaciones que conviertan la gobernanza en una capacidad estratégica —y no simplemente en una función de cumplimiento— estarán mejor preparadas para gestionar la fragmentación regulatoria, anticipar riesgos y sostener la confianza de sus grupos de interés.
