La sexta edición del “Global Regulations Radar”, elaborado por el ERM Sustainability Institute, identifica una tendencia simultánea de convergencia y divergencia en la regulación ambiental, social y de gobernanza (ESG) y en las exigencias de salud, seguridad y medio ambiente (EHS). Mientras gobiernos, reguladores y organismos de estandarización avanzan hacia mayores expectativas en materia de gobernanza, trazabilidad y desempeño verificable; los alcances, plazos de implementación y mecanismos de cumplimiento están siendo recalibrados.
El informe señala que, después de varios años de rápida expansión regulatoria, comienza a delinearse un modelo más pragmático. Las prioridades económicas, energéticas y de seguridad están influyendo en el diseño y la aplicación de las normas, particularmente en algunas jurisdicciones. Sin embargo, el Radar advierte que esto no supone el abandono de las agendas de sostenibilidad, sino un cambio en la forma en que se definen sus obligaciones y destinatarios.
Uno de los elementos destacados de esta edición es el papel creciente de estándares internacionales que, aunque no tienen carácter obligatorio, pueden anticipar hacia dónde se dirigen las expectativas regulatorias. El informe pone especialmente el foco en ISO 14001:2026, publicada en abril, y en la Corporate Net-Zero Standard Version 2.0 de Science Based Targets initiative (SBTi), publicada dos meses después.
Ambos estándares desplazan el foco desde las declaraciones de compromiso hacia la gobernanza y la demostración de resultados. ISO 14001:2026 otorga mayor peso al liderazgo y la gobernanza ambiental y exige demostrar desempeño medible. Por su parte, la versión 2.0 del estándar corporativo de cero emisiones netas de SBTi eleva la responsabilidad climática al máximo nivel de gobierno corporativo y vincula los objetivos con planes de transición y ciclos periódicos de reporte, evaluación y renovación.
Europa reduce el alcance del reporting, pero mantiene otras obligaciones
Europa concentra algunos de los cambios más significativos. La reforma del marco de información de sostenibilidad reduce de manera considerable el número de empresas alcanzadas por determinadas obligaciones, pero no modifica la continuidad de otras regulaciones relacionadas con trabajo forzoso, metano y transparencia salarial.
En el caso de la CSRD, el nuevo alcance contempla a empresas de la Unión Europea con más de 1.000 empleados y €450 millones de facturación neta. Para las empresas matrices de fuera de la UE se establece un criterio diferente: deberán superar los €450 millones de facturación en la UE durante dos ejercicios consecutivos y contar además con una filial o sucursal en la Unión Europea que supere determinados umbrales.
Los nuevos European Sustainability Reporting Standards (ESRS), adoptados por la Comisión Europea el 3 de julio de 2026, reducen en más de 60% los datapoints obligatorios. La revisión todavía debe atravesar el proceso de escrutinio del Parlamento Europeo y el Consejo antes de su publicación en el Official Journal. La transposición de los cambios vinculados al paquete Omnibus está prevista para marzo de 2027.
Para las compañías que quedan fuera del alcance obligatorio aparece además el estándar voluntario VSME, que también cumple una función dentro del denominado value-chain cap introducido por el Omnibus I.
El Reglamento europeo sobre trabajo forzoso comenzará a aplicarse el 14 de diciembre de 2027. La Comisión Europea publicó en junio de 2026 las primeras directrices y el Forced Labor Single Portal, con un enfoque basado en riesgos para su implementación.
En materia de metano, dos recomendaciones adoptadas en julio buscan flexibilizar determinados aspectos de la aplicación de las sanciones a importadores durante 2027-2029. Sin embargo, el informe subraya que estas recomendaciones no modifican el Reglamento ni suspenden las obligaciones de monitoreo, reporte y verificación que comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2027.
La Directiva de Transparencia Salarial, cuyo plazo de transposición venció el 7 de junio de 2026, presenta mientras tanto una implementación desigual entre los Estados miembros.
Estados Unidos: coexistencia de desregulación y nuevas exigencias
En América del Norte, el Radar describe un escenario particularmente fragmentado. En Estados Unidos conviven una agenda federal de desregulación con nuevas exigencias regulatorias, litigios y una mayor actividad de los Estados.
Entre las normas que avanzan se encuentra la regulación de la EPA sobre reducción de emisiones y recuperación de refrigerantes, vigente desde el 1 de enero de 2026, que amplió las obligaciones de reparación de fugas, recuperación y reclamación para determinados equipos que contienen refrigerantes.
También cambió la referencia operativa para las empresas que deben demostrar diligencia y trazabilidad en sus cadenas de suministro frente al trabajo forzoso. En junio, la U.S. Customs and Border Protection reemplazó su guía centrada en la Uyghur Forced Labor Prevention Act por una guía consolidada de aplicación contra el trabajo forzoso. Aunque no es jurídicamente vinculante, el documento pasó a constituir una referencia operacional para las compañías.
Estos avances conviven con medidas de signo contrario, entre ellas la eliminación de determinados requisitos federales de reporte sobre PFAS y una propuesta para otorgar a los estados mayor discrecionalidad sobre los mecanismos de participación pública en determinados permisos de emisiones atmosféricas.
A nivel estatal, California continúa siendo uno de los principales focos regulatorios. La primera fecha de presentación de información bajo SB 253 fue postergada del 10 de agosto al 10 de noviembre de 2026. Paralelamente, el proceso regulatorio contempla para 2027 una implementación gradual de los requerimientos de Scope 3, inicialmente sobre una parte de las categorías del GHG Protocol.
El escenario también incluye litigios. Diecisiete fiscales generales estatales cuestionaron la legislación de California sobre responsabilidad extendida del productor para envases, mientras que el estado enfrenta además un bloqueo temporal para aplicar determinadas reglas sobre etiquetas de reciclaje.
México: la economía circular entra en una nueva etapa regulatoria
En América Latina, el principal desarrollo identificado por el informe es la Ley General de Economía Circular de México, publicada en enero de 2026.
La norma establece un marco nacional para avanzar desde un modelo económico lineal hacia otro basado en una mayor eficiencia en el uso de recursos, circularidad, producción y consumo, gestión de materiales y residuos.
Sin embargo, el Radar señala una diferencia importante entre la creación del marco legal y su aplicación efectiva: las obligaciones sustantivas todavía deberán definirse mediante regulaciones secundarias.
Para las empresas que operan en México, esto significa que ya existe una dirección normativa sobre la cual planificar, aunque todavía no un calendario completo de cumplimiento. El proceso sigue, según el informe, una secuencia habitual: primero se establece el marco general y posteriormente se definen las obligaciones operativas.
Australia amplía el alcance del reporting climático
Australia aparece como otro de los mercados donde continúa expandiéndose el régimen de información de sostenibilidad.
Las empresas de mayor tamaño ya comenzaron a presentar sus informes ante el regulador nacional. Las primeras revisiones identificaron deficiencias en aspectos como la cuantificación financiera de los riesgos climáticos y la definición de objetivos.
El segundo grupo de empresas alcanzadas comenzó a ingresar al régimen para períodos anuales iniciados a partir del 1 de julio de 2026, mientras que el tercer grupo lo hará desde el 1 de julio de 2027.
El estándar AASB S2 mantiene su carácter obligatorio para las divulgaciones financieras relacionadas con el clima, mientras que AASB S1 continúa siendo voluntario. Durante 2026, el Australian Accounting Standards Board amplió además sus materiales de implementación con recursos sobre planificación de la transición, gobernanza climática, análisis de escenarios y reporte de emisiones.
La agenda australiana excede el reporting. El gobierno abrió la revisión 2026-27 del Safeguard Mechanism, que analiza cuestiones como la trayectoria de reducción posterior a 2030 y el equilibrio entre abatimiento de emisiones y utilización de unidades de carbono.
También anunció planes para crear un nuevo delito penal aplicable a empresas con ingresos superiores a AUD 100 millones que no adopten medidas para prevenir la esclavitud moderna en sus cadenas de suministro.
De la expansión regulatoria a la exigencia de demostrar resultados
El panorama que presenta la sexta edición del Global Regulations Radar no apunta a una única dirección regulatoria global. Más bien muestra una combinación de simplificación, fragmentación y profundización.
En Europa, la reducción del alcance y de los requisitos de reporting convive con la continuidad de normas sobre trabajo forzoso, metano y transparencia salarial. En Estados Unidos, la agenda federal de desregulación se superpone con exigencias sectoriales, regulación estatal y litigios. México avanza con un marco general de economía circular que todavía necesita reglamentación, mientras Australia continúa ampliando progresivamente su sistema de divulgación climática.
En paralelo, estándares internacionales como ISO 14001:2026 y el estándar de cero emisiones netas de SBTi introducen una referencia común que trasciende las diferencias regulatorias entre mercados: la sostenibilidad corporativa comienza a medirse menos por la existencia de compromisos y más por la capacidad de demostrar gobernanza, trazabilidad y desempeño.
El Radar también continúa siguiendo modificaciones e implementaciones de regulaciones ya cubiertas en ediciones anteriores, entre ellas los cambios derivados del Omnibus europeo sobre CSRD, CSDDD, Taxonomía de la UE y CBAM, además de las actualizaciones sobre PPWR, EUDR, responsabilidad extendida del productor en Estados Unidos y las normas climáticas de California.
