La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha aprobado la Resolución General 1115/2026 para el mercado de capitales argentino. La norma redefine de manera integral el Régimen Informativo Periódico para emisoras con oferta pública, siendo uno de sus alcances más relevantes la incorporación obligatoria de información vinculada a sostenibilidad en la Memoria Anual de las compañías.
La resolución sustituye íntegramente el Título IV de las Normas (N.T. 2013 y mod.) y moderniza las obligaciones informativas, con el objetivo de alinearlas con estándares internacionales de transparencia y hacer más eficiente el proceso de reporting. En este nuevo esquema, la sostenibilidad deja de ser una práctica voluntaria o reputacional para adquirir un estatus regulatorio explícito.
Política ambiental o de sostenibilidad: obligación de informar
A partir de la entrada en vigencia de la norma —tras su publicación en el Boletín Oficial el 2 de marzo de 2026— todas las emisoras incorporadas al Régimen de Oferta Pública, así como aquellas en trámite de autorización, deberán incluir en su Memoria Anual:
- Su Política Ambiental o de Sostenibilidad.
- Los principales indicadores de desempeño en la materia, en caso de contar con ellos.
- Una explicación fundada si consideran que dichas políticas o métricas no son relevantes para su modelo de negocio.
Este último punto introduce, en la práctica, una lógica de transparencia similar al principio de “cumplir o explicar” que rige en otros mercados: la ausencia de gestión o métricas ESG no exime de la obligación de informar, sino que exige justificarla ante inversores y regulador.
La exigencia comenzará a aplicarse respecto del primer ejercicio económico completo posterior a la entrada en vigencia de la resolución —o posterior a la incorporación al régimen, para nuevas emisoras—, lo que otorga a las compañías un margen de adaptación, pero fija un horizonte claro de cumplimiento.
Gobierno corporativo bajo modalidad “aplica o explica”
En paralelo, la norma refuerza la dimensión de gobernanza al exigir la presentación, como anexo separado de la Memoria, del reporte del Código de Gobierno Societario bajo modalidad “aplica o explica”.
Este esquema obliga a las emisoras a detallar cómo implementan las prácticas recomendadas o, en caso contrario, a justificar desvíos, describir prácticas alternativas y establecer planes y plazos para su adopción. Se trata de un mecanismo que promueve la mejora continua y expone con mayor claridad la calidad institucional de cada compañía ante el mercado.
La regulación contempla exclusiones para emisoras PyME CNV, emisiones bajo regímenes de autorización automática por bajo o mediano impacto y determinados instrumentos específicos, como programas globales de deuda de hasta 365 días, CEDEAR y CEVA, entre otros.
Más transparencia, estándares contables y plazos definidos
Más allá del capítulo ESG, la Resolución 1115/2026 reorganiza integralmente la documentación obligatoria. Mantiene la presentación anual de memoria, estados financieros y reseña informativa, junto con actas e informes de fiscalización y auditoría, pero fija reglas de plazo más precisas: 70 días corridos desde el cierre del ejercicio o 2 días hábiles desde su aprobación por el órgano de administración —lo que ocurra primero— y con una antelación mínima de 20 días corridos respecto de la asamblea.
En materia contable, consolida la aplicación de las NIIF a través de la RT 26, el ajuste por inflación bajo NIC 29 o RT 6 según corresponda, y establece criterios específicos sobre valor razonable y revaluaciones, reforzando la comparabilidad y consistencia de la información financiera.
Un paso hacia la institucionalización del ESG
El alcance de la resolución trasciende lo técnico. Al incorporar de manera explícita la política ambiental o de sostenibilidad dentro del régimen informativo obligatorio, la CNV eleva el estándar de transparencia y envía una señal al mercado: la gestión ESG es parte integral del desempeño corporativo.
En ese sentido, la Resolución General 1115/2026 consolida un marco regulatorio que incentiva a las empresas a formalizar sus estrategias, desarrollar indicadores y fortalecer sus estructuras de gobierno.
Más que un cambio administrativo, la norma apunta a configurar una etapa de mayor madurez para el mercado de capitales argentino, donde la sostenibilidad se consolide como componente estructural del reporting y de la evaluación del riesgo corporativo.
