Lejos de representar únicamente un mecanismo para gestionar controversias, los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) de la OCDE pueden convertirse en una herramienta estratégica para fortalecer la competitividad empresarial. Esa es la principal conclusión del informe The Business Case for Engaging with the National Contact Points for Responsible Business Conduct, publicado por la organización.
El documento analiza por qué las empresas deberían involucrarse de buena fe en los procesos impulsados por los PNC cuando enfrentan denuncias relacionadas con la Conducta Empresarial Responsable (CER). Según la organización, participar en estos mecanismos no solo incrementa las posibilidades de resolver conflictos, sino que también contribuye a mejorar la gestión de riesgos, fortalecer la debida diligencia y consolidar la confianza de inversores, clientes, trabajadores y comunidades.
Los PNC constituyen el mecanismo de implementación de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable. Actualmente existen en los 52 países adherentes a estas directrices y funcionan como mecanismos estatales de resolución extrajudicial de controversias vinculadas con derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, corrupción, protección del consumidor, divulgación de información, competencia y tributación, entre otros temas.
Desde el año 2000, estos organismos han gestionado más de 900 casos relacionados con operaciones empresariales en más de 110 países. La mayoría de las controversias se concentran en sectores como minería, manufactura, servicios financieros, energía, construcción, tecnologías de la información y agricultura, mientras que los asuntos más frecuentes involucran derechos humanos, procesos de debida diligencia, relaciones laborales y cuestiones ambientales.
Resolver conflictos antes de que escalen
Uno de los principales argumentos del informe es que la participación en los procesos de los PNC puede evitar costos significativamente mayores asociados a conflictos prolongados. La OCDE señala que las controversias sobre conducta empresarial responsable suelen traducirse en gastos legales, tiempo de la alta dirección, interrupciones operativas y deterioro de la reputación corporativa.
En ese contexto, los PNC ofrecen un espacio de diálogo y mediación que, cuando ambas partes participan de buena fe, demuestra una elevada capacidad para alcanzar soluciones mutuamente beneficiosas. El organismo sostiene que este enfoque permite resolver disputas de manera temprana, reduciendo tanto los costos económicos como los impactos operativos derivados de conflictos judiciales o sociales de larga duración.
Una señal para inversores, reguladores y mercados
El informe también destaca que la decisión de participar —o no hacerlo— genera consecuencias que trascienden la resolución del caso específico.
Dado que los resultados de los procesos son públicos y suelen recibir cobertura mediática, las empresas tienen la oportunidad de demostrar su compromiso con la transparencia, el diálogo y la mejora continua. Además, los PNC pueden informar sobre el nivel de colaboración de las compañías a otras dependencias gubernamentales, aspecto que en algunos países puede influir en el acceso a determinados apoyos estatales.
En sentido inverso, la OCDE advierte que negarse a participar puede incrementar el riesgo reputacional, afectar la percepción de inversores y consumidores e incluso derivar, en algunas jurisdicciones, en restricciones para acceder a instrumentos públicos como los créditos oficiales a la exportación.
Fortalecer la debida diligencia
Otro de los hallazgos centrales es que los procesos de los PNC pueden convertirse en una oportunidad para identificar debilidades en los sistemas internos de debida diligencia.
El documento sostiene que la experiencia acumulada durante estos procedimientos permite a las empresas revisar sus mecanismos de identificación, prevención y mitigación de riesgos relacionados con los derechos humanos, el ambiente y otros impactos sociales. Como consecuencia, las organizaciones fortalecen su capacidad para responder a exigencias cada vez mayores provenientes de reguladores, entidades financieras, socios comerciales e inversores.
La OCDE considera que este aspecto adquiere una relevancia creciente debido al avance de regulaciones sobre debida diligencia empresarial en distintas jurisdicciones, lo que transforma la participación en estos mecanismos en un elemento que también puede contribuir al cumplimiento normativo.
Confianza como activo empresarial
El informe subraya además que las controversias en materia de conducta empresarial responsable suelen deteriorar las relaciones con los grupos de interés, afectando el potencial de crecimiento y generación de ingresos.
En este sentido, la participación en los procesos de los PNC ayuda a reconstruir la confianza con trabajadores, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, clientes e inversores. Más allá del caso puntual, la organización considera que estas relaciones fortalecidas generan beneficios de largo plazo al reducir tensiones y facilitar el diálogo permanente con actores clave para el negocio.
Una decisión estratégica
La OCDE reconoce que muchas empresas aún muestran reticencias a participar porque consideran que el proceso no aportará valor, dudan de su eficacia o tienen inquietudes sobre la imparcialidad y la confidencialidad del mecanismo. Sin embargo, sostiene que buena parte de esas percepciones responden al desconocimiento del funcionamiento de los PNC y de la flexibilidad que ofrecen sus procedimientos.
Como conclusión, el organismo afirma que involucrarse en estos mecanismos debe entenderse como una decisión estratégica y no únicamente como una respuesta frente a una controversia. Además de facilitar soluciones constructivas, la participación puede reforzar la resiliencia empresarial, mejorar los procesos de debida diligencia, fortalecer la reputación corporativa y demostrar un compromiso concreto con la Conducta Empresarial Responsable frente a los distintos actores del mercado.
