El riesgo de fenómenos meteorológicos extremos ya no es una amenaza futura sino un factor que está alterando las bases de la economía global. Así lo advierte un nuevo análisis de CDP, que proyecta pérdidas cercanas al billón de dólares para las empresas debido al impacto creciente de inundaciones, ciclones, lluvias intensas y otros eventos asociados al cambio climático.

Foto: Pok Rie / Pexels.
El informe sostiene que, aunque solo el 35% de las más de 11.200 compañías que reportaron información ambiental a CDP en 2025 reconocen a los fenómenos meteorológicos extremos como un riesgo financiero material, las pérdidas ya son concretas y cuantificables. Solo durante 2025, las empresas reportaron pérdidas reales por casi US$3.000 millones, principalmente vinculadas al aumento de costos operativos y a interrupciones en sus actividades.
Las lluvias intensas fueron el principal factor de impacto, responsables de US$1.500 millones en pérdidas entre las compañías relevadas. También se destacaron los costos asociados a paradas operativas y daños sobre infraestructura y activos.
Sin embargo, el escenario más preocupante aparece en las proyecciones futuras. Las empresas anticipan impactos financieros por US$898.000 millones, impulsados principalmente por inundaciones, ciclones y precipitaciones extremas. El informe subraya además que el 48% de esos riesgos podrían materializarse en los próximos dos años, lo que sitúa a estos eventos dentro del horizonte actual de planificación empresarial, inversiones y gestión de riesgos.
Entre las principales consecuencias económicas previstas se encuentran la reducción de la capacidad productiva, estimada en US$326.000 millones, y el deterioro o retiro anticipado de activos, por otros US$218.000 millones. Según CDP, los efectos no quedarán limitados a sectores específicos, sino que se extenderán sobre sistemas completos de los que dependen las empresas, como cadenas de suministro, infraestructura crítica, mercados de seguros y servicios públicos.
El análisis también pone el foco en la brecha entre el costo de los daños y el costo de prevenirlos. De acuerdo con el reporte “Disclosure Dividend 2025”, el costo mediano de los riesgos ambientales para cada empresa asciende a US$39,4 millones, mientras que mitigarlos requeriría apenas US$3,1 millones, casi trece veces menos.
La preocupación también crece entre gobiernos subnacionales. De las 1.005 ciudades, estados y regiones de 80 países que reportaron datos a través de los sistemas de CDP en 2025, el 62% aseguró estar siendo significativamente afectado por eventos climáticos extremos. Más del 60% espera que amenazas como olas de calor, inundaciones urbanas y sequías aumenten en intensidad y frecuencia.
Además, cerca de una cuarta parte de esos gobiernos identificó al sistema financiero y asegurador como particularmente expuesto a los riesgos climáticos físicos. Frente a este escenario, numerosas ciudades comenzaron a avanzar en proyectos de infraestructura de adaptación climática, aunque persiste una importante brecha de financiamiento. Más del 60% de las administraciones locales indicó necesitar recursos adicionales para al menos un proyecto de adaptación, lo que refleja un déficit global estimado en US$34.000 millones.
El director global de Clima de CDP, Amir Sokolowski, afirmó que los fenómenos meteorológicos extremos ya representan un riesgo financiero sistémico, con efectos en cascada sobre operaciones, producción y rentabilidad. También advirtió que la falta de coordinación entre gobiernos, empresas y actores financieros constituye un riesgo adicional que agrava la vulnerabilidad económica.
En ese contexto, CDP planteó una serie de recomendaciones para fortalecer la resiliencia económica frente al cambio climático. Entre ellas, pidió que las empresas dejen de evaluar estos riesgos únicamente a nivel de activos individuales y comiencen a considerarlos como amenazas sistémicas vinculadas al funcionamiento de infraestructura, servicios públicos y redes logísticas compartidas.
El organismo también instó a los gobiernos subnacionales a mejorar la divulgación pública de información sobre exposición climática e infraestructura vulnerable, con el objetivo de reducir incertidumbre y facilitar inversiones privadas. A nivel nacional, recomendó coordinar políticas fiscales, de adaptación y gestión de riesgos, mientras que pidió a reguladores y bancos centrales utilizar herramientas de supervisión para enfrentar riesgos financieros sistémicos derivados del cambio climático físico.


