Una nueva investigación de Global Reporting Initiative (GRI) subraya el riesgo de que los intereses privados frenen avances en sostenibilidad y el cumplimiento del interés público, especialmente en un contexto donde los stakeholders exigen mayor rendición de cuentas sobre la influencia empresarial en la formulación de políticas públicas.
Foto: Ketut Subiyanto / Pexels.
En su nuevo informe titulado “Corporate lobbying impacts: stakeholder demands for transparency“, GRI destaca que, si bien el lobby es una práctica habitual en la relación entre empresas y gobiernos, su impacto muchas veces escapa al escrutinio público. “Tan solo en Estados Unidos, el gasto en lobby alcanzó los 5.600 millones de dólares en 2023”, afirman.
El estudio alerta sobre los riesgos que entraña una influencia política poco transparente: estancamiento regulatorio, dilación en la respuesta a desafíos globales como el cambio climático y decisiones de política pública que se alejan del interés común.
“Los stakeholders necesitan saber cómo las organizaciones están influyendo en el desarrollo de políticas, especialmente cuando estas actividades tienen implicaciones directas en la sostenibilidad ambiental, social y económica”, señaló Miguel Pérez Ludena, líder de investigación de GRI.
Entre las recomendaciones que formula el documento se incluyen:
- Ir más allá del cumplimiento legal y divulgar de forma voluntaria las actividades de lobby.
- Centralizar la información en un sitio de fácil acceso.
- Revisar periódicamente las afiliaciones a asociaciones comerciales.
- Establecer supervisión a nivel de directorio sobre el compromiso político de la organización.
El informe también recoge las posturas de organizaciones de la sociedad civil y centros de pensamiento como Climate Voice, Influence Map, Transparency International y el ERB Institute. Estas entidades abogan por una definición más amplia del lobby, que incluya no solo la influencia directa sobre legisladores, sino también campañas públicas y el rol de asociaciones empresariales.
Además, exigen informes más detallados sobre gastos, posiciones políticas específicas y resultados obtenidos. También reclaman transparencia total sobre las membresías en asociaciones y una verificación clara de que las actividades de lobby se alinean con los compromisos corporativos en materia de sostenibilidad.
La investigación se enmarca en el proceso de actualización del estándar GRI 415 sobre política pública, vigente desde 2016, que establece criterios sobre cómo las organizaciones afectan a las instituciones responsables de regular los intercambios económicos.
Con este llamado, GRI busca sentar las bases para una rendición de cuentas más robusta que permita a los distintos actores sociales evaluar si el poder corporativo se ejerce en favor del bien común o en función de intereses particulares.
