Así lo afirma Javier Tarulla, Director del Laboratorio Público Privado (LAB). Por qué la articulación público-privada es la manera de llegar mejor y más eficazmente a resultados de impacto en los territorios, el desafío de lograr entendimiento entre los distintos actores y sectores, el rol que ocupan los incentivos de bien público, y por qué destacan los casos de las ciudades de Córdoba y Bahía Blanca como buenas prácticas, fueron algunos de los temas abordados en la entrevista.
Foto: Javier Tarulla, Director del Laboratorio Público Privado (LAB).
¿Cómo nace el Laboratorio Público-Privado (LAB) fruto de la alianza entre el GDFE y la Red de Innovación Local (RIL)?
El LAB es la continuación de una historia de articulación público-privada que ya se venía trabajando desde el GDFE, en conjunto con RIL. Hubo experiencias concretas en algunas ciudades, donde el GDFE desembarcaba y brindaba apoyo técnico para trabajar con el sector público junto con RIL. Fue así que por el año 2021 se tomó la decisión de generar el Laboratorio Público-Privado (LAB) como una experiencia concreta que continuara esas buenas iniciativas que había habido previamente de manera puntual.
El LAB es como una especie de spin-off de RIL y GDFE que viene a continuar esa historia de promoción de la articulación en el territorio, que en ese momento se los llamaba Consorcios de Articulación Público-Privada, y que se habían ido promoviendo en distintas ciudades.
En el 2022 se oficializa este espacio, con una identidad muy concreta, con los respaldos iniciales del GDFE y RIL, a los cuales luego se suman los socios fundadores, que son cinco miembros del GDFE. Son cinco empresas que colaboran también fuertemente con nosotros, y que son Genneia, Pampa Energía, los bancos Comafi y Supervielle, y el estudio Beccar Varela. Esos cinco socios fundadores, junto con el GDFE y RIL, son los que institucionalizan el LAB a partir del año 2022.
El objetivo fundamental que el LAB viene a generar es la articulación público-privada, cómo encontrar maneras de articular y relacionarse mejor.
¿Cuáles son los objetivos que se propone el Laboratorio Público-Privado (LAB)?
El objetivo del LAB es promover la articulación público-privada. Nosotros solemos presentarlo de esta manera: la articulación público-privada es una manera de llegar mejor y más eficazmente a resultados de impacto importantes en los territorios. Para nosotros la articulación público-privada es el fin, porque nuestra organización está creada para eso, para promoverla ¿Por qué? Porque aunque casi nunca hay una única forma de llegar a los resultados, a veces la articulación público-privada en contextos económicos y sociales como el actual, en circunstancias como las que vivimos en Argentina y en todo el mundo, muchas veces es “La manera” (con mayúscula) de llegar a esos objetivos, que a nivel de comunidades locales se pueden proponer.
Diría también que para nosotros tiene que ver con un renovado enfoque de gobernanza. Porque creemos que hay un modelo de gobernanza en Argentina que está agotado. Un modelo en donde hubo un protagonismo excesivo del sector público, y una dinámica social y comunitaria que también esperaba que todas esas respuestas vinieran o fueran enmarcadas en un contexto de reglas que entregaba el sector público, sobre todo de los poderes ejecutivos. Y nosotros creemos que eso hoy está en crisis, hoy ya no funciona de esa manera.
Históricamente Argentina tiene una historia muy buena de emprendedurismo, de fuerza cívica, de comunidades pujantes. Y creemos que hay que retomar esa tradición para poder hacer de vuelta protagonistas a esos actores sociales y del sector privado. Que, como decimos, son responsables también de las circunstancias y de la situación en la que vivimos. Porque la responsabilidad de cómo vivimos no es solo del Estado, todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo y nuestro aporte para vivir mejor. Y es ahí donde venimos nosotros, con el objetivo de promover la articulación público-privada.
En síntesis las razones son estas: creemos que hay un modelo de gobernanza agotado, y creemos que hay que recuperar y revitalizar a las comunidades.
¿Qué desafíos y oportunidades considera que hay que observar al abordar la articulación público-privada?
El proceso no es fácil, pero sí es muy rico habitualmente. Creo que el desafío principal es lograr entendimiento, entenderse entre los distintos actores y sectores. Porque estamos muy poco acostumbrados a sentarnos de verdad, abiertos, a ser nutridos del aporte de ese otro actor, ya sea privado, público o de la sociedad civil.
Por eso, creo que lograr ese entendimiento es el principal desafío que tenemos hoy, el cual a la vez es la oportunidad más grande que se nos presenta. Porque no hay muchas alternativas a lo local. Nosotros siempre ponemos el foco en lo local, y en las comunidades no es que los actores no se conocen. Cuando son ciudades de mediana escala quizás ocurre eso, o en las grandes ciudades sí tienen gran cantidad de actores impersonales o que no se conocen entre sí. Pero cuando son ciudades intermedias, en general los actores se conocen. Porque el intendente o los secretarios municipales conocen a los jugadores importantes del sector privado, o a los grandes referentes sociales y civiles. El problema es que no se logra ese entendimiento, que nos sentamos alrededor de mesas quizás a hacer catarsis, y no a pensar de verdad soluciones. Ahí es donde creo que está el desafío y la gran oportunidad. Porque ese entendimiento lo que va a lograr es que se puedan alinear los objetivos, alinear los procesos para que el impacto en el territorio sea más fuerte y logre desarrollo.
¿Qué rol ocupan los incentivos de bien público en la articulación público-privada?
Los incentivos de bien público son para nosotros un horizonte muy relevante. Porque creemos que poder organizar normas y procedimientos que alineen objetivos e intereses, es por donde hay que ir.
Muchas veces hay alineamientos que se dan de manera coyuntural o natural. Pero a veces de forma circunstancial tenemos una situación grave en una ciudad, como puede ser una inundación, y ahí la solidaridad aparece y los actores se alinean y se ayudan. Eso ya sabemos que funciona porque Argentina es un país solidario, comprometido.
Pero nosotros creemos que hay que llevar esas instancias de alineamiento coyuntural o circunstancial, a normas más estructurales, a reglas de juego que nos permitan que esa velocidad de articulación vaya de manera constante, y no sea solo para resolver una situación puntual. Entonces los incentivos de bien público vienen a jugar ese rol: cómo hacemos para poner un marco normativo, unas reglas de juego, un ordenamiento general, que logre que toda la comunidad quiera ir para ahí, por objetivos concretos, por altruismo o por incentivos vinculados a procesos administrativos. Pero en concreto el incentivo busca eso, que los actores se alineen en pos de un objetivo que se establece de manera conjunta, y no sea el Estado el que viene y lo define de manera unilateral. Porque aunque eso pueda ocurrir, creemos que no es la mejor manera.
Recientemente, en el marco de la Noche de Intendentes, destacaron los casos de las ciudades de Córdoba y Bahía Blanca como buenas prácticas ¿Por qué las eligieron?
Esas son dos experiencias muy interesantes, donde aprendimos mucho, y tienen particularidades o características distintas entre sí.
En el caso de Bahía Blanca, nosotros venimos desarrollando desde fines del 2022 un espacio estructurado principalmente alrededor de empresas del sector privado que querían colaborar entre sí para lograr mejor sus objetivos. Son empresas que tienen un compromiso fuerte con el territorio, con programas comunitarios de acompañamiento, con inversiones no solo productivas sino inversiones en programas de acompañamiento en educación, en ambiente, y muchos otros rubros. Pero que entendían que, más allá de esos programas que cada una de las empresas tienen a nivel individual, había que pensar algo de manera más estratégica. Y esa fue nuestra propuesta. Llegamos a Bahía Blanca con la propuesta de reunir a las empresas y lograr una Mesa de Articulación que hiciera posible un paso más en esa colaboración comunitaria que tenían.
Y algo muy interesante, que tiene que ver con esta experiencia de Bahía Blanca, es que durante todo el año 2023 nos dedicamos por un lado a entender mejor ese territorio concreto, a sus organizaciones, a su sociedad civil organizada, a través de un mapeo y de estudios que hicimos de relevamiento de entrevistas. Pero fundamentalmente durante el 2023 nos terminamos de poner de acuerdo entre toda la Mesa, que llamamos el Grupo Impulsor y que integramos desde el LAB junto con estas compañías, en cuáles eran los focos de acción que íbamos a tener. Allí se terminó eligiendo una prioridad de colaboración que, estrictamente hablando, no era la elegida por ninguna de todas las organizaciones y las empresas que estaban ahí. No era ni educación, ni ambiente, ni fomento del emprendedurismo. Era una idea que fue surgiendo y creciendo en el diálogo interno que veníamos teniendo, y que terminó siendo el fortalecimiento de la sociedad civil en Bahía Blanca ¿Por qué? Porque ellos veían que había muchas organizaciones, que había mucho compromiso, pero que a veces también había que generar más fortaleza institucional, procesos de aprendizaje horizontal que también lograran que las empresas pudieran colaborar mejor con esas organizaciones, o que esas organizaciones estuvieran organizadas de una manera más formal, para que la sinergia con las empresas fluyera mejor.
Y así estamos trabajando en Bahía Blanca. Con un programa de fortalecimiento, que ya durante el 2024 implicó la organización de una capacitación anual con expertos en el sector del fortalecimiento de las organizaciones sociales, que hemos convocado especialmente, y que hoy están transitando el lanzamiento en alrededor de 60 organizaciones de la sociedad civil.
En el caso de Córdoba lo que ocurrió durante el año pasado fue un proceso de diálogo muy interesante entre la Agencia de Desarrollo de la Ciudad de Córdoba, un grupo de empresas que también se sumaron a la mesa de articulación, y el LAB, en el cual establecimos primero un proceso de diálogo, donde estructuramos una serie de reuniones que fueron guiadas por nosotros como laboratorio para entender cuáles eran las prioridades que como Mesa querían impulsar, y luego se trabajó fuertemente en la construcción de estos incentivos.
El objetivo en Córdoba estuvo muy alineado a construir una Ordenanza de incentivos de bien público, en la cual terminamos eligiendo el fortalecimiento del emprendedurismo y la formación para el empleo. Fue un proceso muy exitoso. El año pasado, después de la serie de encuentros para establecer las prioridades, generamos una segunda tanda de reuniones y de encuentros con todas las organizaciones y empresas que venían participando, y de común acuerdo se terminó estableciendo y elaborando una Ordenanza, que ya fue sancionada.
La recibió el ex viceintendente Daniel Passerini, hoy intendente de la Ciudad de Córdoba, nos recibió la propuesta, la acercó la Mesa de Ordenanza, a la cual se le dio tratamiento legislativo, se lo enriqueció, se lo mejoró, y hoy ya es una Ordenanza de la Ciudad de Córdoba, que pensamos este año poder escalar.
