El nuevo proyecto de ley busca promover un modelo empresarial que combine la generación de ganancias con un compromiso concreto hacia beneficios sociales y ambientales. La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Belén Avico del PRO, exigiría que las empresas elaboren un Reporte Anual detallado y auditado públicamente para acreditar sus acciones. El Ministerio de Economía sería la autoridad encargada de supervisar la implementación de la ley, mientras que las provincias y municipios podrían ofrecer incentivos para fomentar el desarrollo de estas sociedades.

El proyecto de ley se registró bajo el expediente 3521-D-2024 en el Trámite Parlamentario N° 86. Es impulsado por la diputada nacional Belén Avico del PRO, y está acompañado por las firmas de Silvana Giudici, Ana Clara Romero, Karina Ethel Bachey, Martin Yeza, Verónica Razzini, Emmanuel Bianchetti, José Nuñez, Sergio Eduardo Capozzi, Germana Figueroa Casas, Héctor Antonio Stefani, Laura Rodríguez Machado, María Sotolano, Patricia Vásquez.
El objetivo central de la propuesta es fomentar un modelo empresarial que combine la generación de ganancias con un compromiso concreto hacia beneficios sociales y ambientales. Según el proyecto, las empresas que opten por el régimen BIC deberán incluir en sus estatutos la obligación de generar impactos positivos verificables en la comunidad y el medio ambiente.
Un aspecto destacado de la normativa es la exigencia de elaborar un Reporte Anual detallado. Este informe deberá describir y acreditar las acciones llevadas a cabo para cumplir con los objetivos de impacto positivo social y ambiental definidos en los estatutos de la empresa. El reporte no solo será auditado por un profesional independiente, sino que también será de acceso público, garantizando transparencia y rendición de cuentas.
El Ministerio de Economía será la autoridad encargada de la implementación y supervisión de esta ley. Además, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios podrán establecer beneficios e incentivos para las sociedades BIC, con el fin de promover su desarrollo y expansión.
El proyecto de ley se inspira en la propuesta de Sistema B Argentina, una organización que desde 2014 impulsa la economía de triple impacto en el país.
“El presente proyecto de ley que se somete a consideración busca establecer un marco legal para las Sociedades de Beneficio e Interés Común (BIC), un modelo empresarial emergente y prometedor que integra objetivos económicos, sociales y ambientales. Este modelo no es exclusivo de nuestra región; es una tendencia global que países desarrollados y en desarrollo han empezado a adoptar de manera proactiva, reconociendo el papel crucial del sector privado en la resolución de problemas globales“, explican los autores del proyecto. Y agregan que “en Argentina proliferan las empresas de triple impacto. Sin embargo, la falta de un marco jurídico que las avale deja a numerosos emprendimientos y empresas nacionales sin la posibilidad de ser formalmente reconocidos. Es esencial dejar de ver el beneficio social como una acción altruista independiente del negocio y considerarlo una oportunidad para innovar y potenciar el valor empresarial a través de su impacto positivo en la sociedad. Al otorgar reconocimiento jurídico a estas empresas, se proporcionarán las herramientas necesarias para su crecimiento, lo que resultará en un mayor impacto social y ambiental positivo en la comunidad“.