Las cifras son crudas, y las realidades detrás de ellas también. Un nuevo documento de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela una profunda desigualdad que hasta ahora ha pasado desapercibida para muchos: las personas con discapacidad ganan, en promedio, un 12% menos que sus compañeros sin discapacidad. Esta disparidad, que la OIT denomina “brecha salarial de la discapacidad”, refleja un problema sistémico en el mercado laboral global.

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El informe “A study on the employment and wage outcomes of people with disabilities“, basado en datos frescos y contundentes, profundiza en las estadísticas, revelando que esta desigualdad no es un accidente ni un fenómeno aislado. Tres cuartas partes de esa diferencia salarial no pueden explicarse por factores como la educación, la edad o el tipo de empleo, lo que sugiere la presencia de discriminación estructural. Aún más preocupante es la situación en los países de renta baja y media-baja, donde la diferencia salarial llega al 26%, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión social que afecta a millones de personas.
“Estamos viendo cómo las personas con discapacidad no solo ganan menos, sino que también tienen menos probabilidades de encontrar empleo“, advierte uno de los autores del estudio. En efecto, el mercado laboral sigue siendo un terreno inhóspito para este grupo, con solo tres de cada diez personas con discapacidad participando activamente en la fuerza laboral. Esto no es casualidad. Las barreras físicas, sociales y económicas han creado un entorno que limita las oportunidades y mantiene a las personas con discapacidad al margen.
Pero la situación es aún más difícil para las mujeres con discapacidad, quienes enfrentan una doble discriminación. El estudio revela que en los países desarrollados, las mujeres con discapacidad ganan un 6% menos que los hombres con discapacidad, y en los países en desarrollo esta diferencia es del 5%. Esta combinación de inequidades de género y discapacidad sitúa a las mujeres en una posición de extrema vulnerabilidad, con menos acceso a oportunidades laborales y una menor capacidad de negociación en el mercado laboral.
¿Por qué las personas con discapacidad, a pesar de los avances en derechos y accesibilidad, continúan enfrentando tales disparidades? El informe sugiere que el autoempleo se ha convertido en una opción frecuente para ellas, no porque sea una elección libre, sino como una estrategia de supervivencia. La flexibilidad que ofrece el trabajo autónomo permite a muchas personas con discapacidad sortear las barreras que encuentran en los entornos laborales tradicionales: desde la falta de adaptaciones físicas hasta la discriminación directa por parte de empleadores.
Sin embargo, las soluciones no son tan simples como fomentar el autoempleo. El documento de la OIT propone una serie de recomendaciones destinadas a corregir estas desigualdades. Entre ellas, se incluye la necesidad de hacer más accesibles los procesos de contratación en línea, brindar apoyo a los empleadores para que adapten sus entornos laborales y ofrezcan ajustes razonables a los empleados con discapacidad.
En un contexto donde se estima que 1.300 millones de personas en el mundo viven con alguna forma de discapacidad significativa, estos datos son una llamada de atención para gobiernos, empresas y sociedad civil. La realidad es que las personas con discapacidad siguen siendo, en muchos aspectos, una población invisible en el mercado laboral global.
El documento forma parte de un proyecto más amplio de la OIT que examina las desigualdades en el empleo y los salarios de los grupos vulnerables. Su publicación sigue a un estudio de febrero de 2024 que analizó las diferencias entre las zonas rurales y urbanas, destacando que, aunque los detalles varían, la exclusión laboral sigue siendo una constante para los grupos marginados.
La pregunta que queda es: ¿cuánto tiempo más puede el mundo seguir ignorando estas disparidades, y qué se necesita para cambiar el rumbo? Para la OIT, la brecha salarial de la discapacidad no es solo un tema de justicia social, sino una cuestión de derechos humanos que exige una respuesta urgente y decidida.