Sin inversiones urgentes en adaptación y resiliencia, el cambio climático podría recortar de manera sostenida el crecimiento económico global en las próximas décadas, con pérdidas de hasta dos dígitos en el PBI per cápita hacia 2050 y efectos especialmente severos en países de menores ingresos. Los impactos ya son visibles —con economías entre 4% y 12% más pobres por el aumento de temperaturas y del nivel del mar— y podrían intensificarse por eventos extremos más frecuentes y puntos de inflexión climáticos, mientras que la evidencia disponible indica que actuar de forma temprana no solo reduce daños, sino que también genera retornos económicos significativos y mejora la estabilidad fiscal.

Foto: Pok Rie / Pexels.
El informe “The macroeconomic case for investing in climate adaptation” del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment advierte que, sin inversiones urgentes en adaptación y resiliencia, los países enfrentarán daños económicos significativos en los próximos 25 años, con impactos más severos en las economías de menores ingresos.
Publicado por el instituto con sede en la London School of Economics and Political Science, el análisis sostiene que los efectos del cambio climático ya están deteriorando variables macroeconómicas clave —desde el crecimiento y la productividad hasta la inflación y la deuda—, aunque su magnitud total aún es difícil de cuantificar. Lo que sí resulta claro, según el documento, es que estos impactos son “significativos, crecientes y probablemente se intensifiquen” si no se aceleran las políticas de adaptación.
El estudio, presentado en una reunión de la Coalition of Finance Ministers for Climate Action en Washington, se basa en casi 300 investigaciones y ofrece una de las evaluaciones más amplias hasta la fecha sobre los riesgos macroeconómicos del cambio climático. Entre sus hallazgos, destaca que los países de ingresos bajos y medios-bajos ya son entre un 4% y un 12% más pobres —en términos de PBI per cápita— debido al aumento de temperaturas y del nivel del mar.
Las proyecciones son aún más preocupantes. En un escenario de calentamiento global de 2,5°C hacia 2050, y sin mayores inversiones en resiliencia, estos países podrían sufrir una caída adicional de entre 8% y 18% en su PBI per cápita. A nivel global, el impacto oscilaría entre una contracción del 3% al 15%. A esto se suman pérdidas derivadas de eventos extremos más frecuentes —inundaciones, incendios forestales y sequías— y del cruce de puntos de inflexión climáticos.
El informe también introduce una medición más amplia del impacto económico al considerar el “bienestar” agregado. Bajo este enfoque, las pérdidas globales podrían situarse entre el 8% y el 19% hacia mediados de siglo, alcanzando hasta el 23% en los países más vulnerables. Cerca de la mitad de estos daños estaría vinculada a eventos catastróficos asociados a la superación de umbrales críticos en sistemas climáticos y económicos.
Sin embargo, el documento subraya que estos cálculos probablemente subestiman la magnitud real del problema. Muchos impactos —como inundaciones severas, ciclones tropicales o riesgos encadenados— no están completamente incorporados en los modelos actuales, lo que refuerza la urgencia de actuar con información imperfecta pero suficiente.
En este contexto, la adaptación emerge no solo como una necesidad ambiental, sino como una estrategia económica. Según el equipo liderado por James Rising, las inversiones en resiliencia ofrecen retornos significativos: una relación beneficio-costo promedio de 4 a 1 y tasas internas de retorno cercanas al 25%. Además, generan un “triple dividendo”: evitan pérdidas futuras, estimulan la actividad económica y producen beneficios sociales y ambientales adicionales.
El informe enfatiza que estas inversiones también fortalecen la estabilidad fiscal, al reducir el gasto público asociado a desastres, sostener los ingresos estatales y mejorar indicadores como la relación deuda/PBI y el costo del financiamiento. No obstante, advierte que muchos de estos beneficios no son capturados por los mercados, lo que justifica un rol activo de los gobiernos y la necesidad de alianzas público-privadas.
Finalmente, los autores hacen un llamado directo a los ministerios de finanzas: invertir en capacidades analíticas para identificar riesgos físicos del cambio climático y aprovechar las oportunidades de una adaptación proactiva. También destacan la urgencia de cerrar las brechas de información en los países más vulnerables, subrayando que la falta de datos no debe ser una excusa para postergar decisiones.


