Las palabras las pronunció Soledad Teixidó, fundadora de PROhumana, durante la presentación de la “Mesa Redonda: Seguridad Empresarial”, un espacio de diálogo que reunió a 42 líderes de distintos sectores para analizar cómo las empresas en Chile enfrentan este nuevo escenario. En el encuentro se planteó que la inseguridad dejó de ser un fenómeno externo para convertirse en un factor estructural que condiciona la viabilidad de los negocios.

El informe —basado en cinco jornadas de reflexión— propone un cambio de enfoque: la inseguridad no debe ser abordada como un evento puntual, sino como un riesgo sistémico que redefine las estrategias empresariales. “Hoy no acompaña al negocio: lo condiciona”, advirtió Teixidó, al subrayar que el país atraviesa un punto de inflexión que impacta en la confianza, la convivencia y la proyección de futuro.
Durante el encuentro, referentes del mundo público y privado coincidieron en la necesidad de integrar la seguridad en el corazón de la gestión empresarial. Felipe Harboe, Ex Subsecretario del Interior y Socio H&Co Abogados, planteó que este factor debe asumirse como parte de los costos de producción y ser incorporado en la matriz de riesgo de las compañías. A su vez, destacó que el informe aporta una mirada clave para el sector público, al identificar factores estructurales como la desigualdad y la fragmentación social detrás del fenómeno.
Desde una perspectiva organizacional, Mariana Alcérreca, Gerenta Asuntos Corporativos Mutual de Seguridad, enfatizó el rol de las empresas en la construcción de entornos laborales seguros y saludables, promoviendo una cultura de prevención por sobre la reacción. En la misma línea, Carlo Garbarini, Gerente Seguridad Arcos Dorados, subrayó la importancia de comprender las particularidades territoriales: la seguridad —sostuvo— no es homogénea, sino que se expresa de manera distinta según el contexto y la actividad económica.
El debate también incorporó una mirada institucional crítica. Ramiro Mendoza, Ex Contralor de la República y Consejero PROhumana, remarcó que, si bien las empresas deben ser parte de la solución, no pueden reemplazar al Estado. En ese sentido, llamó a fortalecer marcos de colaboración público-privada con reglas claras que permitan avanzar más allá del diagnóstico y evitar la inacción.
Entre las principales conclusiones del documento, emerge una redefinición profunda del concepto de seguridad empresarial. Ya no se trata únicamente de prevenir delitos, sino de abordar una problemática multifactorial vinculada al deterioro del tejido social. En este marco, el informe propone priorizar estrategias territoriales, fortalecer la coordinación entre empresas y entender la seguridad como una inversión de largo plazo.
Asimismo, se advierte sobre una brecha crítica: la falta de diálogo interno en las organizaciones. Según los participantes, incorporar la percepción de riesgo de los trabajadores es clave para transformar la seguridad en un indicador estratégico y no en una reacción tardía ante crisis.
El documento también introduce un giro conceptual relevante: pasar de una lógica de “security” a una de “safety”, donde el foco no esté únicamente en el control, sino en el cuidado de las personas y la construcción de entornos dignos. En este sentido, la dignidad laboral aparece como un ancla cultural para sostener operaciones en contextos complejos.
La pregunta final que planteó la Mesa Redonda sintetiza el desafío: ¿esperar el impacto o liderar la respuesta? “La decisión no hay que tomarla como gesto heroico, sino como una decisión estratégica empresarial que define la viabilidad, la reputación y el éxito sustentable de los negocios en el tiempo”, señaló Soledad Teixidó.

