La OCDE difundió los resultados de su Encuesta 2025 sobre Conducta Empresarial Responsable (CER) en América Latina y el Caribe, un relevamiento que expone un escenario heterogéneo en la adopción de prácticas de debida diligencia por parte del sector privado regional. Aunque una mayoría de las empresas consultadas afirma haber incorporado políticas vinculadas a estándares de sostenibilidad y gestión de riesgos, los datos también muestran limitaciones en transparencia, monitoreo y mecanismos de reparación.
La encuesta reunió respuestas de 526 empresas de 26 países y 13 sectores económicos, y fue elaborada en el marco del Proyecto sobre Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC), financiado por la Unión Europea e implementado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según el organismo, el estudio busca construir una primera base de evidencia sobre el nivel de adopción de prácticas de conducta empresarial responsable en la región y los obstáculos que enfrentan las compañías frente a nuevas exigencias regulatorias y de mercado.
Uno de los resultados más relevantes del informe es que la principal motivación para implementar procesos de debida diligencia no surge de compromisos voluntarios, sino de la presión regulatoria. Más de cuatro quintos de las empresas señalaron que el cumplimiento de regulaciones o expectativas gubernamentales es el principal incentivo para desarrollar este tipo de políticas. En segundo plano aparecen factores reputacionales y comerciales, como la mejora de la imagen corporativa, el acceso a mercados y la prevención de interrupciones en las cadenas de suministro.
Sin embargo, el alcance de esas políticas continúa siendo limitado. Cerca de tres quintos de las empresas consultadas indicaron contar con políticas de debida diligencia en materia de CER, aunque la mayoría las concentra exclusivamente en sus propias operaciones. Solo alrededor de una quinta parte afirmó extender esos procedimientos a sus relaciones comerciales y cadenas de valor, un punto considerado clave en los estándares internacionales sobre derechos humanos, medio ambiente y sostenibilidad corporativa.
La encuesta también detectó diferencias entre la existencia formal de políticas y la capacidad efectiva de seguimiento. Más de la mitad de las empresas aseguró monitorear la implementación y efectividad de sus medidas de debida diligencia, aunque aproximadamente una cuarta parte reconoció no realizar ningún tipo de seguimiento. En materia de transparencia, los resultados muestran un rezago aún mayor: tres quintos de las compañías admitieron no divulgar públicamente información sobre sus procesos de debida diligencia, mientras que apenas poco más de un cuarto reportó hacerlo de manera abierta.
Otro de los aspectos relevados por la OCDE se vincula con los mecanismos de reparación frente a posibles impactos negativos. Más de la mitad de las empresas indicó depender exclusivamente de mecanismos internos de reclamo, mientras que más de una cuarta parte reconoció no contar con ningún sistema formal para canalizar denuncias o conflictos. Las organizaciones que utilizan mecanismos externos o esquemas combinados representan una minoría dentro de la muestra.
Los resultados reflejan un contexto regional en el que la conducta empresarial responsable comienza a integrarse en la agenda corporativa, aunque todavía con niveles desiguales de implementación y escasa trazabilidad sobre impactos indirectos. En paralelo, la encuesta muestra cómo las exigencias regulatorias internacionales y las demandas de acceso a determinados mercados están empujando a las empresas latinoamericanas a fortalecer sus sistemas de debida diligencia, especialmente en sectores expuestos a cadenas globales de suministro.
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