El Banco UBS, uno de los gigantes financieros suizos, enfrenta una denuncia ante el Punto de Contacto Nacional (PCN) para la Conducta Empresarial Responsable de Suiza. La queja, presentada por diversas organizaciones de derechos humanos, alega que UBS ha incumplido las directrices de la OCDE al invertir en empresas de prisiones privadas en Estados Unidos que han sido acusadas de abusos sistemáticos contra los derechos humanos.
La denuncia, aceptada por el PCN suizo, fue presentada por las organizaciones BankTrack, Coalition for Immigrant Freedom y Worth Rises. Los activistas han señalado que UBS, a través de sus participaciones en los contratistas de prisiones privadas CoreCivic y GEO Group, no ha ejercido su influencia para detener las violaciones de derechos humanos en los centros de detención operados por dichas compañías. Las acusaciones incluyen trabajos forzados a migrantes solicitantes de asilo y otros detenidos, con amenazas de confinamiento en solitario, así como la privación de necesidades básicas como agua y alimentos.
En su defensa, UBS argumentó que no existe un vínculo directo entre sus operaciones y las violaciones de derechos humanos, ya que sus participaciones se mantienen de manera pasiva a través de fondos indexados, lo que limita su capacidad de intervención. Sin embargo, el PCN suizo ha rechazado esta postura, afirmando que el hecho de que las inversiones sean pasivas no exime a la entidad de responsabilidad en la debida diligencia sobre derechos humanos.
Este caso podría tener implicaciones significativas en cómo las instituciones financieras deben gestionar sus inversiones pasivas. La decisión del PCN de aceptar la queja subraya la creciente presión sobre los bancos para que asuman la responsabilidad de sus inversiones, incluso cuando estas se realizan a través de fondos indexados. Si UBS acepta participar en el proceso de mediación ofrecido por el PCN, las partes involucradas mantendrán un diálogo confidencial. En caso de no llegar a un acuerdo, el PCN emitirá una declaración pública final que podría establecer precedentes sobre las obligaciones de los bancos en cuanto a sus inversiones.
El caso de UBS no es el único. Las mismas organizaciones presentaron denuncias similares contra el Banco Nacional Suizo, así como contra Barclays y HSBC en el Reino Unido, cuyas evaluaciones iniciales están aún pendientes. Este desarrollo sigue a un caso previo en 2021, en el que UBS fue acusado de violar las directrices de la OCDE por sus vínculos con Hikvision, una empresa vinculada a la vigilancia masiva de minorías uigures en Xinjiang, China.
Las organizaciones denunciantes han celebrado la decisión del PCN. Bianca Tylek, directora ejecutiva de Worth Rises, destacó que las directrices de la OCDE crean obligaciones claras para que los bancos aseguren que sus inversiones no contribuyan a violaciones de derechos humanos. “Esperamos que otras instituciones financieras tomen nota“, afirmó.
Por su parte, Ryan Brightwell, líder de la campaña de bancos y derechos humanos en BankTrack, subrayó la necesidad de que los inversores, incluidos los bancos, tomen medidas para abordar su exposición a los abusos en las prisiones privadas estadounidenses. “Esperamos trabajar constructivamente con UBS y otros bancos para abordar estos vínculos“, señaló.
Christine L. Mendoza, directora ejecutiva interina de Coalition for Immigrant Freedom, expresó que la aceptación de la denuncia es un paso significativo para responsabilizar a las instituciones financieras por sus inversiones en entidades que violan los derechos humanos. “Este proceso de mediación es una oportunidad para que los bancos aclaren sus obligaciones y tomen medidas significativas hacia el desinversion“, concluyó.
