La adopción de compromisos públicos en materia de conducta empresarial responsable (RBC) ya es una práctica mayoritaria entre las grandes compañías del mundo. Sin embargo, transformar esas declaraciones en acciones concretas para prevenir y mitigar impactos sociales y ambientales continúa siendo una asignatura pendiente. Esa es la principal conclusión del OECD Responsible Business Outlook 2026: Making Commitments Count, el nuevo informe de la OCDE.
El estudio constituye la primera evaluación global sobre cómo las empresas incorporan la conducta empresarial responsable en su gestión y cómo los gobiernos promueven estas prácticas mediante políticas públicas. Para ello, analiza la información divulgada por las 10.000 mayores empresas cotizantes del mundo y examina la regulación vigente en 52 países.
La publicación coincide además con el 50° aniversario de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable, consideradas el principal estándar internacional para orientar a empresas e inversores en la gestión de sus impactos sobre las personas, el ambiente y la sociedad.
Los compromisos crecen, pero la acción no acompaña
El informe revela que el 69% de las grandes empresas cotizantes cuenta con al menos un compromiso público vinculado a la conducta empresarial responsable. No obstante, la OCDE advierte que existe una importante brecha entre la existencia de políticas y sistemas de gestión y la implementación efectiva de procesos para identificar, prevenir y remediar impactos negativos.
Mientras las compañías informan con mayor frecuencia sobre políticas corporativas y mecanismos de gestión, la divulgación de acciones concretas para evaluar riesgos, monitorear resultados y reparar impactos sociales y ambientales es considerablemente menor.
“El compromiso está creciendo en todo el mundo, pero la implementación sigue rezagada“, señaló el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, quien remarcó que los gobiernos pueden desempeñar un papel decisivo mediante políticas que incentiven y faciliten prácticas empresariales más responsables.
Anticorrupción y cambio climático lideran la agenda
Los compromisos más extendidos entre las grandes empresas corresponden a la lucha contra la corrupción y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Les siguen las políticas relacionadas con el trabajo forzoso, el trabajo infantil y los derechos humanos.
En contraste, menos de la mitad de las compañías declara compromisos vinculados con la libertad de asociación y apenas una de cada cuatro incorpora compromisos específicos sobre biodiversidad.
Además, solo el 36% de las empresas cuenta con un enfoque integral de conducta empresarial responsable que abarque simultáneamente todos los temas sociales, las emisiones de gases de efecto invernadero y la prevención de la corrupción.
Desde una perspectiva geográfica, Europa concentra el mayor nivel de adopción de compromisos, mientras que China registra los niveles más bajos.
La cadena de suministro continúa siendo un punto débil
Uno de los principales déficits identificados por el informe aparece en la gestión de las cadenas de suministro.
Si bien la mitad de las grandes empresas afirma utilizar criterios ambientales o sociales para seleccionar proveedores, menos del 20% informa evaluar efectivamente los riesgos ambientales y sociales asociados a ellos.
La brecha se amplía al analizar otras prácticas de debida diligencia. Apenas el 25% de las compañías declara capacitar o trabajar junto a sus proveedores en cuestiones ambientales y sociales; solo el 7% integra políticas sociales de abastecimiento dentro de sus procesos de compras y únicamente el 3% informa mejoras en salud y seguridad laboral a lo largo de su cadena de suministro.
Para la OCDE, estos resultados muestran que muchas empresas establecen expectativas hacia sus proveedores, pero todavía son pocas las que verifican sistemáticamente el cumplimiento de esos estándares.
Escasa participación de los grupos de interés
El estudio también evidencia una baja adopción de mecanismos de diálogo y reparación en materia de derechos humanos.
Solo el 8% de las grandes empresas informa involucrar activamente a los grupos de interés afectados por posibles impactos sobre los derechos humanos. Asimismo, apenas el 17% dispone de mecanismos formales de reclamos y menos del 10% asume compromisos explícitos para reparar a las personas afectadas por impactos derivados de sus actividades.
Según la OCDE, estos mecanismos constituyen componentes esenciales de los procesos de debida diligencia y resultan fundamentales para que las políticas empresariales produzcan resultados concretos.
Los gobiernos avanzan con regulaciones
El informe también analiza la evolución del marco regulatorio. Actualmente, el 84% de los países miembros de la OCDE y el 67% de los países adherentes a las Directrices para Empresas Multinacionales cuentan con normas que exigen o esperan que las empresas reporten o implementen procesos de debida diligencia sobre impactos sociales y ambientales.
Estas regulaciones incluyen requisitos de información en sostenibilidad, obligaciones de debida diligencia y medidas vinculadas al acceso a mercados o a determinados productos. En conjunto, los países que ya cuentan con este tipo de legislación representan aproximadamente el 55% del Producto Bruto Interno mundial.
Cuatro prioridades para cerrar la brecha
Frente a este escenario, la OCDE sostiene que los gobiernos pueden acelerar la implementación de la conducta empresarial responsable mediante cuatro líneas de acción prioritarias:
- Brindar apoyo práctico a las empresas para aplicar procesos de debida diligencia basados en riesgos.
- Fortalecer la calidad de los reportes y el seguimiento de las prácticas empresariales.
- Mejorar la evidencia sobre el impacto real de las políticas públicas en materia de conducta empresarial responsable.
- Profundizar la cooperación internacional para reducir la fragmentación regulatoria y generar condiciones de competencia más equitativas.
El informe concluye que la expansión de los compromisos corporativos constituye un avance significativo, pero advierte que el verdadero desafío pasa ahora por demostrar resultados concretos. Para la OCDE, la próxima etapa de la agenda de sostenibilidad ya no consiste en sumar nuevas declaraciones de principios, sino en garantizar que esas promesas se traduzcan en mejoras verificables para las personas, el ambiente y las cadenas globales de valor.
