El gobierno de Nueva Zelanda anunció que avanzará con una reforma legal para impedir que las empresas puedan ser consideradas responsables, mediante demandas civiles, por daños asociados al cambio climático derivados de sus emisiones de gases de efecto invernadero. La medida apunta a frenar el avance de litigios climáticos corporativos y reforzar el marco regulatorio ya existente bajo la legislación nacional.
Foto: Ciudad De Auckland / Créditos: Donovan Kelly / Pexels.
El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Paul Goldsmith, quien sostuvo que la administración busca “clarificar” las normas sobre cambio climático para otorgar previsibilidad a las empresas y evitar incertidumbre sobre inversiones y actividad económica.
La decisión surge en medio de un proceso judicial en la Alta Corte neozelandesa, donde un demandante presentó reclamos civiles contra seis grandes compañías por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Según el gobierno, este tipo de acciones abre la puerta al desarrollo de un nuevo régimen de responsabilidad que podría entrar en conflicto con el esquema regulatorio aprobado por el Parlamento.
En ese contexto, el Ejecutivo modificará la Climate Change Response Act 2002 para impedir que prosperen demandas civiles que busquen atribuir responsabilidad a empresas por daños climáticos vinculados a sus emisiones, tanto en causas actuales como futuras.
Goldsmith argumentó que la respuesta al cambio climático debe gestionarse “a nivel nacional” y no a través de litigios fragmentados en los tribunales. También defendió que el país ya cuenta con un sistema específico para regular emisiones, compuesto por la legislación climática vigente y el esquema de comercio de emisiones, conocido como Emissions Trading Scheme.
“El mantenimiento de la coherencia regulatoria es esencial para garantizar obligaciones consistentes para los emisores”, afirmó el ministro. A su vez, consideró que los tribunales no son el ámbito adecuado para resolver reclamos por daños climáticos, debido a la complejidad ambiental, económica y social que involucra el fenómeno.
La reforma no modificará las obligaciones existentes bajo el régimen climático neozelandés. Las empresas sujetas al sistema de comercio de emisiones deberán continuar cumpliendo con sus compromisos regulatorios y metas de reducción establecidas por ley.
La decisión de Nueva Zelanda se produce en un contexto internacional marcado por el crecimiento de los litigios climáticos contra empresas y gobiernos. En los últimos años, tribunales de distintos países han comenzado a admitir demandas vinculadas con emisiones, riesgos climáticos y responsabilidades corporativas, lo que incrementó la presión sobre compañías de sectores intensivos en carbono y abrió un nuevo frente de riesgo legal y reputacional para el sector privado.
