En un esfuerzo por evaluar y mejorar la implementación de procesos de debida diligencia en derechos humanos dentro del sector empresarial del país, la Red Argentina del Pacto Global de las Naciones Unidas ha publicado un estudio titulado “Navegando la Debida Diligencia en empresas Argentinas“. Este análisis, que involucró a 40 empresas y cuatro entrevistas en profundidad, busca proporcionar una visión clara sobre el estado actual de estas prácticas y las áreas que requieren mayor atención.
El estudio destaca que un porcentaje considerable de empresas argentinas ha adoptado políticas de derechos humanos y ha comenzado a integrar procesos de debida diligencia en sus operaciones. Estos procesos, liderados principalmente por las áreas de sostenibilidad, implican la participación de diversas áreas funcionales dentro de las organizaciones y son comunicados en los informes de sostenibilidad no financiera. El compromiso empresarial con la debida diligencia se ha visto reflejado en un aumento de la rendición de cuentas y en la transparencia con la que se gestionan los impactos productivos. Sin embargo, aún se identifican áreas significativas de mejora, especialmente en la remediación y en la inclusión de indicadores de derechos humanos en los reportes de sostenibilidad.
Las pequeñas y medianas empresas (PyMES), que representan un pilar fundamental en la economía argentina, enfrentan obstáculos particulares debido a la escasez de recursos y capacidades para implementar de manera eficaz procesos de debida diligencia. La falta de estandarización y la necesidad de clarificar estos procesos son barreras comunes que afectan a las empresas de diversos sectores y tamaños. El estudio también subraya la importancia de la cooperación entre el sector empresarial, la sociedad civil y el gobierno para fomentar un entorno de negocios que respete los derechos humanos. La formación continua y el intercambio de buenas prácticas se perfilan como elementos esenciales para la mejora en la comprensión y aplicación de la debida diligencia.
Para fortalecer la implementación de la debida diligencia, el informe propone una serie de estrategias diferenciadas que se adapten a las características de cada tipo de empresa. En el caso de las grandes empresas y multinacionales, se sugiere promover evaluaciones exhaustivas de impacto en derechos humanos que abarquen toda la cadena de valor, implementar sistemas de reporte detallados y accesibles sobre la práctica de debida diligencia y facilitar la cooperación con entidades globales para compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas. Para las PyMES, se recomienda desarrollar programas de capacitación accesibles sobre debida diligencia en derechos humanos, proveer guías y asesoramiento personalizado para la implementación de políticas de derechos humanos y establecer redes de apoyo entre PyMES para el intercambio de experiencias.
Las empresas del Estado, por su parte, podrían incentivar el desarrollo de políticas públicas claras en materia de debida diligencia, integrar criterios de evaluación de derechos humanos en los procesos de contratación pública y realizar programas de formación dirigidos a funcionarios públicos. Además, se sugiere para todas las empresas la creación de una plataforma digital para el intercambio de recursos y estudios de caso, establecer un sistema de premios para empresas que demuestren un compromiso destacado y formar alianzas con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y académicas para ampliar el alcance de los programas de capacitación.
El informe concluye que, si bien existen desafíos, las empresas argentinas tienen una oportunidad única para liderar en la adopción de prácticas de debida diligencia en derechos humanos. La colaboración continua entre todos los actores involucrados será crucial para superar los obstáculos actuales y promover un entorno empresarial que priorice el respeto a los derechos humanos.
