Walmart modificó su política global de abastecimiento libre de deforestación y conversión —conocida como Deforestation and Conversion-Free (DCF)—, en un cambio que incorpora nuevos productos y herramientas de trazabilidad, pero que también recibió críticas de organizaciones ambientales. El principal cuestionamiento apunta a la eliminación del compromiso de que sus cadenas de suministro alcanzaran el estándar DCF para fines de 2025.
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La nueva política entró en vigor el 31 de julio de 2026 y reemplaza a la política forestal que la compañía había adoptado en enero de 2024. Según Walmart, el objetivo es establecer expectativas para determinadas materias primas consideradas prioritarias y avanzar hacia productos libres de deforestación y conversión en sus cadenas de suministro globales.
Sin embargo, para Mighty Earth, una organización dedicada a combatir la deforestación y otros impactos ambientales asociados a las cadenas globales de suministro, la revisión representa un retroceso en materia de rendición de cuentas.
Qué cambió en la política de Walmart
Uno de los cambios más relevantes es la ampliación de las materias primas consideradas prioritarias. La política ahora incluye cacao, café y aguacates, además de productos que ya estaban contemplados, como aceite de palma, pulpa, papel y madera, carne vacuna y soja.
El alcance geográfico, no obstante, varía según el producto.
Para el aceite de palma y los productos de pulpa, papel y madera, Walmart establece un alcance mundial cuando se utilizan en productos de marca propia. En el caso del café y el cacao, también se contempla cualquier región del mundo, siempre que se utilicen en alimentos de marca propia.
En cambio, la política establece un alcance más acotado para la carne vacuna y la soja. Para estos productos, Walmart prioriza el Amazonas brasileño, el Cerrado brasileño y el Gran Chaco de Argentina y Paraguay. En el caso de los aguacates, la política se concentra en aquellos provenientes de México y vendidos como fruta entera.
Otro cambio consiste en el mantenimiento de una fecha de corte del 31 de diciembre de 2020. Esto significa que los proveedores deben utilizar esa fecha como referencia para medir y reportar el abastecimiento libre de deforestación y conversión.
La compañía también exige a los proveedores que desarrollen, publiquen e implementen planes con objetivos y plazos definidos para alcanzar el abastecimiento DCF. Además, deberán certificar o verificar ese abastecimiento, mantener registros que demuestren el cumplimiento y reportar anualmente sus avances a Walmart.
La política incorpora asimismo expectativas relacionadas con el cumplimiento de las leyes, los derechos humanos, la protección de bosques y ecosistemas naturales, las áreas de alto valor de conservación y de alto contenido de carbono, la protección de turberas y el respeto de los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales, incluido el consentimiento libre, previo e informado cuando corresponda.
El cambio que concentra las críticas
Pese a estos avances, Mighty Earth cuestiona especialmente que Walmart haya eliminado de la nueva política el compromiso de alcanzar cadenas de suministro DCF para fines de 2025.
La organización sostiene que la modificación reduce la presión para que los proveedores alcancen resultados concretos y que, en lugar de acelerar la implementación de los compromisos ambientales, Walmart está eliminando un plazo que ya había quedado establecido.
La crítica adquiere especial relevancia porque el nuevo documento mantiene la obligación de que los proveedores elaboren planes con hitos temporales, pero ya no establece en términos generales una fecha final para que las cadenas de suministro de Walmart sean efectivamente libres de deforestación y conversión.
Para Mighty Earth, la diferencia es sustancial: tener un plan para avanzar hacia el abastecimiento DCF no equivale a exigir que ese objetivo ya esté cumplido.
Un alcance que sigue siendo limitado
La segunda crítica está relacionada con el alcance de la política. Aunque Walmart amplió las materias primas cubiertas, Mighty Earth sostiene que el documento continúa aplicándose únicamente a determinados productos y regiones.
La organización señala particularmente la ausencia de Bolivia, a la que identifica como uno de los focos relevantes de deforestación que quedan fuera del alcance de las exigencias específicas de Walmart.
El problema, desde esta perspectiva, no sería únicamente qué commodities están incluidos, sino dónde se aplican las obligaciones y dónde quedan fuera. La política contempla que Walmart aliente a sus proveedores a adoptar prácticas DCF para otras materias primas —como caucho natural, cítricos, azúcar, té y frutos secos—, pero ese compromiso aparece como una recomendación y no como una exigencia.
La misma lógica se aplica a las iniciativas territoriales o jurisdiccionales destinadas a enfrentar las causas de la deforestación. Walmart fomenta la participación de proveedores y otros actores en estos programas, pero aclara expresamente que no constituyen un requisito de la política ni sustituyen las expectativas de abastecimiento DCF.
La moratoria sobre la soja en la Amazonía, otro punto de conflicto
Mighty Earth también cuestiona que Walmart no exija explícitamente a los comerciantes de soja el cumplimiento de la “Moratoria sobre la soja en la Amazonía”, un acuerdo de la industria que desde 2008 busca evitar la comercialización de soja proveniente de áreas deforestadas en la Amazonia brasileña después de esa fecha.
La organización considera especialmente relevante esta omisión debido a lo que describe como crecientes presiones sobre uno de los mecanismos existentes de protección de los bosques amazónicos.
La política de Walmart sí establece que la soja proveniente del Amazonas brasileño, el Cerrado brasileño y el Gran Chaco de Argentina y Paraguay debe cumplir sus criterios DCF y que los proveedores deben poder demostrar ese cumplimiento. Pero, según Mighty Earth, eso no reemplaza una referencia explícita a la Moratoria y a su fecha de corte de 2008.
El problema de la transparencia y los reclamos
Un tercer cuestionamiento apunta a los mecanismos de rendición de cuentas.
La política establece que Walmart puede solicitar documentación o inspeccionar a los proveedores para evaluar el cumplimiento. También contempla consecuencias para aquellos proveedores que no respeten la política, que pueden llegar hasta la terminación de la relación comercial.
Pero Mighty Earth sostiene que falta un mecanismo público y transparente mediante el cual organizaciones, comunidades u otros grupos puedan presentar denuncias sobre posibles incumplimientos y conocer cómo Walmart investiga y resuelve esos casos.
La organización propone que Walmart adopte un sistema público de reclamos similar al que, según señala, utiliza Carrefour, de modo que las partes interesadas puedan presentar alertas creíbles y hacer seguimiento de las investigaciones.
De una política de compromisos a una política de implementación
La revisión refleja así una tensión entre dos aspectos de la estrategia de Walmart. Por un lado, la compañía amplió el número de commodities prioritarios y estableció requisitos más detallados para sus proveedores. Por otro, eliminó el plazo que había fijado para alcanzar cadenas de suministro DCF.
El nuevo enfoque pone mayor énfasis en planes de implementación, certificación, verificación, trazabilidad y reportes anuales. Walmart también señala que utilizará herramientas como el monitoreo geográfico para fortalecer la trazabilidad de la carne vacuna y la soja.
Además, la empresa mantiene como referencia la fecha de corte de 2020 y establece que los proveedores que incumplan la política pueden enfrentar consecuencias comerciales.
Para Mighty Earth, sin embargo, estos avances no compensan la pérdida de un plazo obligatorio ni las limitaciones geográficas y sectoriales que permanecen.
La disputa plantea una cuestión más amplia para las grandes cadenas minoristas: si las políticas corporativas contra la deforestación deben medirse por la existencia de compromisos y sistemas de monitoreo o por resultados verificables dentro de plazos concretos. En el caso de Walmart, la organización ambiental considera que la nueva política mejora algunos instrumentos, pero reduce la exigencia de rendición de cuentas sobre el resultado final.
