Una coalición de 16 fiscales generales de Estados Unidos envió una carta a las cuatro grandes firmas de auditoría —Deloitte, EY, KPMG y PwC— en la que cuestiona sus compromisos con la divulgación de información relacionada con el clima y advierte sobre la posibilidad de que enfrenten acciones legales. Los funcionarios sostienen que determinadas iniciativas de las firmas podrían entrar en conflicto con sus obligaciones profesionales de independencia, integridad y objetividad.
Foto: Mike Hilgers, Fiscal General de Nebraska.
La iniciativa fue encabezada por los fiscales generales de Nebraska, Mike Hilgers, Texas, Alaska y Florida. A ellos se sumaron sus pares de Alabama, Arkansas, Idaho, Iowa, Mississippi, Montana, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Virginia Occidental.
El planteo se concentra en el papel que las Big Four han asumido en los últimos años en torno a la incorporación de factores climáticos en los sistemas de información financiera. Según los fiscales generales, las firmas han expresado públicamente su respaldo a marcos destinados a promover divulgaciones relacionadas con el clima, entre ellos los desarrollados por el Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
La carta también señala que las cuatro firmas fueron miembros fundadores de la Net Zero Financial Service Providers Alliance, cuyos integrantes asumieron compromisos para alinear sus productos y servicios con el objetivo del Acuerdo de París de alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2050 o antes.
Para los fiscales generales, estas posiciones pueden generar un potencial conflicto de intereses. Su argumento es que las firmas de auditoría podrían beneficiarse económicamente de una mayor cantidad de requerimientos de información y servicios vinculados con el cumplimiento de nuevas exigencias climáticas, mientras que los costos derivados de esos procesos recaerían sobre sus clientes.
El cuestionamiento a la independencia
Uno de los principales argumentos de la coalición es que los compromisos climáticos de las Big Four podrían ser incompatibles con las obligaciones de independencia y objetividad que deben observar en su actividad profesional.
Los fiscales generales sostienen que las firmas no informan adecuadamente a sus clientes sobre esos compromisos, pese a que declaran adherir a principios de independencia, transparencia, ética e integridad. Desde su perspectiva, esa omisión podría generar una representación engañosa sobre el grado de independencia con el que las compañías realizan sus trabajos de auditoría.
La carta plantea, en consecuencia, que las firmas podrían haber incurrido en posibles infracciones a las leyes estatales de protección al consumidor mediante declaraciones u omisiones consideradas engañosas.
El cuestionamiento no se limita al ámbito de la información financiera. Los funcionarios también advierten que las Big Four podrían haber incumplido disposiciones contractuales que exigen respetar las leyes estatales. De confirmarse esas infracciones, podrían enfrentar sanciones e incluso la terminación de contratos con organismos públicos.
El costo de las divulgaciones climáticas
La coalición también cuestiona el impacto económico que, según su interpretación, tendría una expansión de las obligaciones de divulgación climática.
Hilgers sostuvo que los compromisos de las grandes firmas contables con la información climática pueden traducirse en mayores exigencias para sus clientes, particularmente agricultores y pequeñas empresas. El argumento de los fiscales generales es que esos mayores costos de cumplimiento terminarían trasladándose a los consumidores a través de precios más elevados.
La cuestión introduce así una disputa más amplia sobre quién debe asumir los costos asociados con la incorporación de información climática en los sistemas corporativos. Mientras los marcos de divulgación buscan mejorar la disponibilidad de información para inversores y otros grupos de interés, sus detractores cuestionan el alcance de las obligaciones y los recursos necesarios para producir, verificar y reportar esos datos.
Una nueva presión sobre los servicios profesionales
El episodio coloca a las Big Four en el centro de una disputa que excede la discusión técnica sobre los estándares de reporte. Deloitte, EY, KPMG y PwC ocupan una posición relevante en la infraestructura global de auditoría, consultoría y cumplimiento corporativo, por lo que sus decisiones sobre cuestiones climáticas pueden influir en la forma en que las empresas responden a nuevas exigencias regulatorias y de mercado.
La carta de los fiscales generales introduce, además, una cuestión jurídica: hasta qué punto una firma profesional puede promover públicamente determinados objetivos vinculados con el clima y, al mismo tiempo, preservar la independencia que se espera de ella cuando presta servicios de auditoría.
Por ahora, el documento plantea preocupaciones y posibles vías de acción, pero no anuncia una sanción concreta contra las cuatro firmas. La advertencia, sin embargo, muestra que los compromisos corporativos relacionados con el clima están siendo sometidos a un escrutinio creciente en Estados Unidos, particularmente en estados donde las autoridades cuestionan la expansión de las obligaciones de divulgación ambiental y climática.
El conflicto refleja una de las tensiones que atraviesan actualmente al mercado de información corporativa: la creciente demanda de datos sobre riesgos climáticos y sostenibilidad convive con una reacción política y jurídica que cuestiona tanto el alcance de esas divulgaciones como el papel de las empresas de servicios profesionales que participan en su implementación.
