Dos años después de haber aprobado uno de los marcos regulatorios más ambiciosos para la divulgación de información climática por parte de las empresas que cotizan en bolsa, la Securities and Exchange Commission (SEC) inició el proceso para eliminarlo por completo.
Foto: Pexels.
La propuesta, presentada el 29 de mayo, plantea la derogación total de las reglas de divulgación climática adoptadas en marzo de 2024 y representa un cambio significativo en la posición del principal regulador de los mercados financieros estadounidenses. El argumento central de la SEC es que dichas normas exceden la autoridad legal que el Congreso le otorgó y se apartan de la misión histórica del organismo.
La decisión no surge en el vacío. Desde su aprobación, las reglas enfrentaron una fuerte oposición por parte de sectores empresariales, grupos industriales y diversos estados que cuestionaron tanto su alcance como su fundamento jurídico. La controversia derivó rápidamente en una serie de demandas que terminaron concentradas ante el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito.
Ante ese escenario, la SEC suspendió la aplicación de las normas en abril de 2024 mientras avanzaba la revisión judicial. Un año después, en marzo de 2025, el organismo votó para abandonar su defensa legal. La medida fue interpretada por observadores del mercado como una señal de que la continuidad de las reglas estaba seriamente comprometida.
Ahora, la Comisión formaliza ese cambio de rumbo.
En el documento de propuesta, la SEC sostiene que las exigencias aprobadas en 2024 obligaban a las compañías a proporcionar información altamente detallada sobre emisiones de gases de efecto invernadero, riesgos climáticos y efectos financieros asociados a eventos meteorológicos extremos, imponiendo obligaciones que, según el organismo, van más allá de lo que requieren las leyes federales de valores.
El presidente de la SEC, Paul S. Atkins, resumió la posición de la agencia al afirmar que las obligaciones de divulgación deben estar guiadas por el principio de materialidad y limitarse a aquellos aspectos que resulten relevantes para la toma de decisiones de los inversores.
Detrás de ese argumento aparece una cuestión de fondo que ha atravesado buena parte del debate regulatorio en Estados Unidos durante los últimos años: hasta dónde puede llegar un organismo financiero cuando intenta abordar riesgos asociados al cambio climático.
Los defensores de las reglas aprobadas en 2024 sostenían que los impactos económicos derivados de fenómenos climáticos extremos, cambios regulatorios y procesos de transición energética podían representar riesgos materiales para las empresas y, por lo tanto, para los inversores. Bajo esa lógica, una mayor transparencia permitiría una mejor evaluación de riesgos por parte del mercado.
Los críticos, en cambio, argumentaban que la SEC estaba utilizando las leyes de valores para impulsar objetivos de política climática que corresponden a otras agencias gubernamentales o al Congreso. También advertían que los costos de cumplimiento podrían resultar especialmente elevados para numerosas compañías, obligándolas a desarrollar complejos sistemas de medición y reporte.
La propuesta presentada por la SEC recoge varios de esos cuestionamientos. El organismo afirma que las reglas son incompatibles con un enfoque tradicional basado en la materialidad específica de cada empresa, que generan costos significativos para emisores y accionistas y que podrían obstaculizar la formación de capital y el acceso de las empresas a los mercados públicos.
La revisión regulatoria también ocurre en un contexto más amplio de replanteamiento de las políticas ESG en Estados Unidos. Durante los últimos años, distintos organismos federales, estados y tribunales han debatido el papel que deben desempeñar los factores ambientales, sociales y de gobernanza en la regulación económica y financiera.
Aunque la propuesta marca una posición clara de la actual conducción de la SEC, el proceso aún no está concluido. La agencia abrió un período de consulta pública de 60 días durante el cual empresas, inversores, asociaciones empresariales, organizaciones ambientales y otros actores podrán presentar observaciones.
El resultado de ese proceso determinará si una de las iniciativas regulatorias más relevantes en materia de divulgación climática impulsadas por la SEC queda definitivamente archivada o si alguna versión revisada logra sobrevivir al intenso debate jurídico, político y económico que ha acompañado al tema desde su origen.
