La movilización de capital privado se ha convertido en uno de los principales desafíos para avanzar en la agenda de desarrollo sostenible de América Latina. En ese contexto, Emperatriz Mayorga, gerente de Desarrollo Sostenible de Bancoagrícola, expuso durante el Foro Iberoamericano de CentraRSE cómo la entidad financiera ha incorporado los bonos de sostenibilidad como parte de una estrategia de negocio orientada a financiar la transformación económica de El Salvador.
Durante su intervención, Mayorga explicó que la decisión de emitir este tipo de instrumentos respondió al propósito estratégico del grupo financiero de convertirse en un actor activo frente a los desafíos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
“Nuestra región enfrenta retos importantes y ante ellos podemos asumir dos posturas: ser víctimas o ser protagonistas de la solución“, afirmó. Según explicó, esa visión llevó al grupo financiero a adoptar como propósito institucional la promoción del desarrollo sostenible para contribuir al bienestar de la población.
Como parte de ese compromiso, Bancoagrícola se fijó la meta de movilizar US$18.000 millones entre 2020 y 2030 hacia iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible en El Salvador, una cifra que, según destacó Mayorga, representa varias veces el producto interno bruto del país. Solo durante el último año, agregó, la institución desembolsó alrededor de US$1.700 millones a clientes en el marco de esta estrategia.
Una transformación que comenzó antes de la emisión
Mayorga señaló que la colocación de un bono de sostenibilidad implicó un proceso de preparación de largo plazo que comenzó aproximadamente dos años antes de la emisión.
Entre los principales desafíos mencionó la necesidad de desarrollar capacidades técnicas en todas las áreas de la organización para cumplir con los estándares exigidos por este tipo de instrumentos financieros.
“Las exigencias de una emisión de esta naturaleza requieren fortalecer capacidades de manera transversal dentro del banco“, indicó.
A su juicio, este proceso también generó un efecto positivo en la cultura organizacional, al incrementar el compromiso de los colaboradores con la estrategia de sostenibilidad y favorecer una mayor integración entre las distintas áreas del negocio.
La coordinación institucional, uno de los mayores desafíos
Otro de los retos identificados fue la necesidad de articular a los diferentes actores del sistema financiero para hacer posible este tipo de emisiones.
Mayorga explicó que la implementación de marcos internacionales de finanzas sostenibles requiere coordinación entre reguladores, bolsas de valores, autoridades financieras y otros organismos públicos, en un contexto donde muchos países de la región aún priorizan agendas como la inclusión financiera o la digitalización de los servicios.
Según sostuvo, adaptar estándares internacionales a las realidades institucionales de cada país continúa siendo uno de los principales desafíos para ampliar el mercado de financiamiento sostenible en América Latina.
Traducir la sostenibilidad al lenguaje de los clientes
La ejecutiva también destacó que uno de los aprendizajes del proceso fue la necesidad de acercar conceptos técnicos a las empresas que reciben financiamiento.
Explicó que los altos niveles de reportería y los requisitos asociados a los bonos sostenibles obligan a las instituciones financieras a acompañar a sus clientes mediante asistencia técnica, transferencia de conocimientos y difusión de mejores prácticas.
En su opinión, ese intercambio genera un “círculo virtuoso de mejora continua“, en el que tanto el banco como las empresas fortalecen sus capacidades para incorporar criterios de sostenibilidad en sus operaciones.
El respaldo del BID Invest como factor de confianza
Durante el foro, Mayorga también se refirió al acompañamiento de BID Invest en el proceso de estructuración de la emisión.
Según explicó, la relación de largo plazo entre ambas instituciones permitió fortalecer la credibilidad del proyecto frente al mercado y facilitar la articulación con los distintos actores involucrados.
La ejecutiva recordó que el marco de bonos sostenibles de Bancoagrícola fue aprobado antes de que El Salvador contara con una taxonomía nacional de finanzas sostenibles y que el bono azul también antecedió a la estrategia nacional de economía azul.
En ese contexto, señaló que el respaldo de BID Invest contribuyó a generar confianza entre los inversionistas y facilitó el diálogo entre el sector público y el privado.
Además, destacó que la cooperación no se limitó al proceso de emisión, sino que también permitió extender asistencia técnica y conocimiento especializado a los clientes del banco para impulsar proyectos alineados con la economía sostenible.
Para Mayorga, la experiencia demuestra que el desarrollo de las finanzas sostenibles depende de la construcción de alianzas de largo plazo entre instituciones financieras, organismos multilaterales, reguladores y empresas, capaces de generar las condiciones necesarias para movilizar capital hacia una economía más resiliente y sostenible.
