El avance de la regulación, las demandas de inversores y consumidores y los riesgos asociados a las interrupciones de proveedores están convirtiendo la sostenibilidad de las cadenas de suministro en un factor estratégico para las empresas. En este artículo de opinión, Verónica García, Manager de Sostenibilidad para EMEA en Sedex, analiza el desafío de pasar de los compromisos corporativos a sistemas concretos de debida diligencia capaces de identificar, prevenir y mitigar impactos ambientales y sobre los derechos humanos. La autora sostiene que una gestión preventiva y basada en datos no solo permite responder a las nuevas exigencias regulatorias, sino también fortalecer la resiliencia y la competitividad empresarial.
Foto: Verónica García, Manager de Sostenibilidad para EMEA en Sedex.
Hoy en día, gestionar los impactos negativos en las cadenas de valor no es solo una cuestión de cumplimiento normativo y reputación para las empresas. Cada vez es más un elemento de competitividad empresarial que debe integrarse en estrategias empresariales sostenibles.
Pasar de compromisos públicos y políticas corporativas a acciones concretas y medibles es el reto para muchas empresas al implementar sistemas de debida diligencia en derechos humanos. Así se refleja en el informe Responsible Business Outlook 2026 elaborado por la OCDE, que analiza la implementación de conductas empresariales responsables. El informe muestra que, de las 10.000 mayores empresas cotizadas en bolsa del mundo:
- Menos del 20% reportan evaluar el riesgo de sus proveedores en cuestiones medioambientales y sociales.
- El 25% informa sobre las medidas implementadas en relación a la identificación, seguimiento y reporte del impacto y,
- El 10% se compromete a proporcionar remediación a las personas afectadas por los impactos en derechos humanos relacionados con sus actividades.
¿Por qué es importante?
Gestionar los riesgos entre proveedores es uno de los principales retos para las empresas que quieren implementar sus compromisos de sostenibilidad más allá de las operaciones propias. En los últimos años hemos observado un creciente interés por parte de las empresas en identificar, evaluar, prevenir y mitigar riesgos en sus cadenas de valor. Las empresas están implementando procesos de debida diligencia en derechos humanos y medioambiental y, como resultado, evalúan los riesgos a lo largo de sus cadenas de valor utilizando las auditorías como una herramienta clave para alcanzar estos objetivos.
Según los datos de Sedex, el número de auditorías SMETA, la metodología de auditoría social más utilizada a nivel mundial, supera las 69.000 al año (a junio de 2026), lo que representa un aumento del 9% respecto al año anterior. Además, entre 2020 y 2025, las empresas han diversificado los tipos de proveedores que evalúan. Por ejemplo, los proveedores de servicios (como son empresas de seguridad, limpieza, recogida de residuos, catering o logística) representan una proporción creciente de nuevos proveedores en la plataforma de Sedex, observándose un crecimiento especialmente fuerte entre 2023 y 2025.
Este aumento de la debida diligencia está impulsado por mayores requisitos normativos (CSRD, CSDDD, EUDR, UFLPA, EUFLR), la demanda de los inversores y consumidores, y el posible impacto negativo en la continuidad del propio negocio.
De hecho, la inacción puede conllevar riesgos operativos y costes asociados con un impacto directo en los resultados de las empresas. Esto se traduce en:
- Interrupción de la cadena de suministro: Una empresa puede verse obligada a suspender o terminar la relación con el proveedor, buscar alternativas en el mercado, retrasar los periodos de entrega y, por tanto, aumentar los costes de suministro.
- Aumento de costes: Cuando se identifica una violación de derechos humanos, se espera que la empresa realice investigaciones internas y externas, verificaciones pertinentes e implemente planes de acción correctiva.
- Acceso al mercado: Los clientes pueden exigir pruebas de los sistemas de debida diligencia. Las consecuencias pueden ser la exclusión de licitaciones, la pérdida de contratos o la cancelación de acuerdos comerciales.
- Litigios: Dependiendo de la legislación aplicable y del nivel de vinculación de la empresa a un impacto, puede surgir exposición a reclamaciones legales y procedimientos judiciales. La tendencia regulatoria internacional es precisamente aumentar la responsabilidad de las empresas por el impacto según causan, contribuyen o que están directamente vinculadas a través de sus relaciones comerciales.
Sin embargo, inversores e investigadores reconocen cada vez más los vínculos positivos entre prácticas empresariales responsables, cadenas de suministro sostenibles y rendimiento financiero.
Por todas estas razones, es esencial que las empresas adopten un enfoque preventivo al identificar riesgos de derechos humanos y medioambiente en sus cadenas de valor.
¿Qué pueden hacer las empresas?
Establecer un sistema de debida diligencia en las empresas no es una tarea fácil, ya que implica inversión y compromiso desde todos los niveles, incluida la alta dirección. Para identificar riesgos como el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la discriminación, los riesgos para la salud y la seguridad, el pago de salarios dignos o las restricciones a la libertad de asociación, las empresas pueden aplicar diferentes herramientas que les permitan implementar la debida diligencia:
- Sistemas de gestión robustos: Facilitan a una empresa la identificación sistemática de riesgos estableciendo procedimientos trazables y fiables, asignación de responsabilidad y bases de datos. Además, permiten la integración de la debida diligencia en la estrategia empresarial y mejoran la capacidad de prevenir la materialización de los riesgos.
- Auditorías sociales en proveedores de alto riesgo: Las auditorías in situ permiten a los equipos identificar riesgos con un alto nivel de granularidad y evaluar políticas, procedimientos y sistemas de control de forma estructurada, así como identificar buenas prácticas en cada ubicación del proveedor. La auditoría a nivel de sitio de SMETA identifica el incumplimiento en las áreas de derechos humanos y condiciones laborales, salud y seguridad, medio ambiente y ética empresarial basándose en la regulación nacional y normas internacionales (OIT, ETI).
- Decisiones basadas en datos: Disponer de información de calidad, como datos sobre las prácticas, políticas y trabajadores de cada lugar de suministro en la cadena de suministro, facilitará la toma de decisiones estratégicas. Las empresas podrán decidir dónde destinar recursos para alcanzar los objetivos de sostenibilidad o qué prioridades requieren una acción más inmediata.
- Más allá del alcance 1: Según datos de Sedex, alrededor del 30% de las empresas en su plataforma han logrado visibilidad sobre sus riesgos más allá del Nivel 1. Aquí es donde se encuentran los riesgos más críticos y en muchos casos permanecen ocultos. Por lo tanto, es importante contar con un mapeo sólido de la cadena de valor y centrar los esfuerzos en aquellos proveedores con mayor riesgo, donde puede producirse un mayor impacto y haya una mayor probabilidad de ocurrencia.
En resumen, la gestión eficaz de los riesgos de derechos humanos y medio ambiente en las empresas se convierte en un factor estratégico en el contexto actual. Las tendencias regulatorias y de mercado ponen de manifiesto la creciente importancia de “hacer” en lugar de solo “contar”. Aquellas organizaciones con sistemas sólidos de debida diligencia estarán mejor preparadas para competir en el mercado y generar un mayor impacto positivo en su entorno.
