La Presidencia de la COP30 presentó dos hojas de ruta internacionales destinadas a abordar dos de los principales factores detrás de las emisiones globales: la dependencia de los combustibles fósiles y la pérdida y degradación de los bosques. El anuncio, realizado por el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, y la CEO de la COP30, Ana Toni, busca responder a una cuestión que ha ganado peso en las negociaciones climáticas: cómo convertir los compromisos adoptados en las cumbres internacionales en políticas, inversiones y resultados concretos.
Foto: Lanzamiento de las hojas de ruta de la Presidencia de la COP30, en la oficina del PNUD en Brasil, en Brasilia (Créditos: Presidencia de la COP30).
Los documentos se concentran en dos áreas con un peso significativo en la crisis climática. Según la Presidencia de la COP30, el sector energético representa alrededor del 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, mientras que la pérdida de bosques representa otro 11%. Las hojas de ruta se apoyan en el primer Balance Mundial del Acuerdo de París, aprobado en la COP28, y fueron elaboradas a partir de consultas con gobiernos y otros actores. Sin embargo, su alcance tiene un límite importante: son instrumentos voluntarios y no prescriptivos de la Presidencia de la COP30 y no forman parte de una negociación entre países.
Una transición energética condicionada por la dependencia de los combustibles fósiles
La hoja de ruta sobre energía parte de una premisa que puede resultar políticamente más compleja que la formulación general de abandonar los combustibles fósiles: la transición deberá gestionar simultáneamente la caída de la demanda de petróleo, gas y carbón y la reducción progresiva de su oferta. El documento advierte que una disminución de la producción más rápida que la demanda podría generar escasez y volatilidad de precios, mientras que mantener inversiones en producción más allá de la demanda futura podría prolongar la dependencia y dejar activos sin utilizar.
Para abordar esas diferencias, la Presidencia propone el Belém Readiness Approach, un sistema que busca determinar qué tan expuesto está cada país a los combustibles fósiles y qué capacidad tiene para gestionar la transición. El análisis se estructura en tres dimensiones: demanda energética —incluidos transporte, industria y edificios—, oferta de combustibles fósiles y condiciones económicas, como dependencia fiscal, inversiones, costo del capital y señales de precios.
La propuesta parte de una premisa relevante para las futuras negociaciones: no todos los países podrán recorrer el mismo camino ni al mismo ritmo. En lugar de establecer una única secuencia de medidas, la hoja de ruta plantea identificar diferentes perfiles nacionales y aplicar instrumentos de implementación adaptados a esas condiciones. El objetivo declarado es alcanzar una transición “justa, ordenada y equitativa”, que también contemple seguridad energética, acceso a energía asequible, trabajadores, comunidades y diferencias en los niveles de desarrollo.
El segundo frente: detener la pérdida de bosques
La segunda hoja de ruta traslada el foco hacia los bosques. El documento reconoce que la deforestación mundial se ha reducido respecto de las décadas anteriores, pero continúa siendo significativa. De acuerdo con los datos citados de la FAO, la pérdida anual de bosques pasó de 17,6 millones de hectáreas entre 1990 y 2000 a 10,9 millones entre 2015 y 2025. Al mismo tiempo, los bosques tropicales representan aproximadamente el 45% de la superficie forestal mundial y concentraron el 88% de la deforestación registrada entre 1990 y 2025.
El documento amplía además el problema más allá de la deforestación. La degradación forestal puede producirse aunque los bosques permanezcan en pie, reduciendo su capacidad para almacenar carbono, regular el agua, conservar biodiversidad y sostener medios de vida. El riesgo adquiere una dimensión adicional ante el aumento del calor, las sequías y los incendios, particularmente en ecosistemas como la Amazonia.
Para responder a este escenario, la hoja de ruta propone actuar sobre cinco áreas: conservación; manejo forestal sostenible, agroforestería y bioeconomía; combate a la degradación; reducción de la deforestación; y restauración, reforestación y forestación. También plantea una secuencia de implementación que comienza con el diagnóstico de las condiciones y causas de pérdida de bosques, continúa con la alineación de políticas, instituciones y financiamiento y culmina con el seguimiento, evaluación y ajuste de las medidas adoptadas.
El problema que atraviesa ambas hojas de ruta: el financiamiento
La cuestión financiera aparece como uno de los principales obstáculos para transformar las propuestas en políticas efectivas. En el caso de los bosques, la Presidencia de la COP30 cita estimaciones de UNEP según las cuales el financiamiento anual debería aumentar desde US$84.500 millones en 2023 hasta más de US$300.000 millones en 2030.
La estructura actual también revela una asimetría: en 2023, los presupuestos públicos nacionales representaron el 88,3% del financiamiento registrado para los bosques, mientras que el financiamiento público internacional aportó apenas el 3,4%. La situación resulta especialmente relevante porque una parte considerable de los bosques tropicales se encuentra en países en desarrollo, que deben asumir buena parte de los costos de conservación y uso sostenible con recursos nacionales.
La Presidencia identifica 30 mecanismos internacionales de financiamiento forestal, entre ellos pagos por resultados, REDD+ jurisdiccional y el Tropical Forest Forever Facility. Su diagnóstico es que varios de estos instrumentos todavía operan por debajo de su potencial y que será necesario ampliar los recursos, mejorar el acceso y generar incentivos para que países y comunidades obtengan beneficios económicos por conservar y gestionar sosteniblemente los bosques.
De los acuerdos a la implementación
Las dos hojas de ruta comparten, en definitiva, una misma apuesta: utilizar las decisiones ya adoptadas en las COP como punto de partida para una etapa centrada en la implementación. Para la transición energética, la Presidencia propone comenzar con evaluaciones nacionales y desarrollar una agenda colectiva de acción hasta 2033. Para los bosques, plantea acciones e hitos indicativos hasta 2030.
El desafío será determinar cuánto de estas propuestas puede traducirse en decisiones nacionales, inversiones y mecanismos de cooperación. La propia arquitectura de los documentos deja claro que no sustituyen las negociaciones multilaterales: son contribuciones voluntarias de la Presidencia de la COP30. Su impacto dependerá, por tanto, de la capacidad de los gobiernos y de otros actores para convertir las recomendaciones en políticas y recursos.
La Presidencia brasileña vincula además estas hojas de ruta con un tercer documento sobre la implementación de la denominada hoja de ruta Baku-Belém hacia US$1,3 billones, destinada a abordar el financiamiento climático para los países en desarrollo. La conexión entre ambos procesos apunta al problema central que la COP30 intenta dejar planteado: las metas climáticas ya están definidas en buena medida; lo que continúa pendiente es construir las condiciones financieras, institucionales y políticas para ejecutarlas.
