La reforma apunta a productos manufacturados, endurece los controles contra la evasión y revela las tensiones que genera la transición climática en las cadenas globales de suministro.
Foto: Makis Keravnos, ministro de Finanzas de Chipre, país que ejerce la presidencia rotativa del Consejo.
A menos de seis meses de la entrada en vigor plena del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), la Unión Europea ya se dispone a corregir lo que considera una de sus principales vulnerabilidades: la posibilidad de que parte de las emisiones que busca reducir simplemente se desplacen fuera de sus fronteras.
El 12 de junio, el Consejo de la Unión Europea acordó una posición común para reforzar el instrumento, una decisión que abre una nueva etapa de negociaciones con el Parlamento Europeo y que podría ampliar significativamente el alcance de una de las herramientas climáticas más observadas por gobiernos e industrias de todo el mundo.
La propuesta no modifica el objetivo central del CBAM —asignar un costo al carbono incorporado en determinados bienes importados—, pero sí busca resolver una cuestión que comenzó a preocupar a las autoridades europeas desde el diseño original del sistema: las lagunas regulatorias que podrían permitir a empresas y países evitar parte de sus efectos.
“El fortalecimiento del CBAM y el cierre de vacíos que podrían permitir eludir nuestras normas son elementos clave para cumplir nuestros objetivos climáticos”, señaló Makis Keravnos, ministro de Finanzas de Chipre, país que ejerce la presidencia rotativa del Consejo.
El problema de los productos transformados
Cuando el CBAM comenzó a operar plenamente el 1 de enero de 2026, se concentró en sectores considerados especialmente intensivos en carbono: hierro y acero, cemento, fertilizantes, aluminio, electricidad e hidrógeno.
Sin embargo, el mecanismo se enfocó principalmente en materias primas y productos básicos. Esa decisión simplificó su implementación, pero dejó fuera una amplia gama de bienes manufacturados que utilizan esos insumos.
El riesgo identificado por Bruselas es relativamente sencillo de describir. Una empresa ubicada fuera de la Unión Europea podría importar acero o aluminio, transformarlo en un producto de mayor valor agregado y luego exportarlo al mercado europeo. En ese escenario, parte de las emisiones asociadas a la producción podría quedar fuera del alcance efectivo del mecanismo.
Para los responsables de la política climática europea, esto genera un doble problema. Por un lado, podría incentivar el traslado de determinadas actividades industriales hacia países con regulaciones ambientales menos exigentes. Por otro, podría afectar la competitividad de fabricantes europeos que continúan sujetos al Sistema de Comercio de Emisiones (ETS), el mercado de carbono de la Unión.
La respuesta del Consejo es ampliar la cobertura del CBAM a una selección de productos elaborados que incorporan cantidades significativas de hierro, acero o aluminio. Además, la propuesta establece revisiones anuales para evaluar qué otros bienes podrían incorporarse en el futuro.
La medida refleja un cambio de enfoque: el bloque ya no observa únicamente las emisiones asociadas a materias primas, sino también las que pueden desplazarse a lo largo de cadenas globales de valor cada vez más complejas.
Una carrera contra las estrategias de evasión
Otro de los aspectos centrales de la reforma es el fortalecimiento de las medidas anticircunvención.
Desde que comenzó a discutirse el CBAM, especialistas en comercio internacional y regulación ambiental advirtieron que las empresas podrían buscar mecanismos para reducir su exposición al sistema mediante modificaciones en las cadenas de suministro, reclasificaciones de productos o cambios en los procesos de reporte.
La posición acordada por el Consejo respalda la incorporación de nuevas herramientas de control, incluyendo la extensión del mecanismo a ciertos flujos de chatarra metálica preconsumo y mayores facultades para que la Comisión Europea intervenga cuando detecte patrones considerados de alto riesgo.
La preocupación subyacente es que, sin mecanismos efectivos de supervisión, una parte de los beneficios ambientales esperados podría diluirse a medida que los actores económicos adapten sus estrategias comerciales para minimizar costos regulatorios.
El delicado equilibrio entre ambición climática y estabilidad económica
La propuesta también introduce precisiones sobre un aspecto menos visible, pero políticamente sensible: qué hacer cuando la aplicación del CBAM genere efectos económicos inesperados.
El texto prevé que, ante circunstancias excepcionales que provoquen daños severos al mercado interno, la Comisión pueda suspender temporalmente la aplicación del mecanismo para determinados productos.
Sin embargo, el Consejo busca limitar la discrecionalidad de estas decisiones mediante criterios más explícitos. Entre ellos figura la necesidad de demostrar que existen aumentos significativos de precios o perturbaciones graves que afecten a la economía europea.
La inclusión de este mecanismo revela una de las tensiones permanentes de la política climática europea: avanzar en la descarbonización sin comprometer la competitividad industrial ni alimentar presiones inflacionarias.
Una herramienta con impacto más allá de Europa
Aunque el debate legislativo se desarrolla en Bruselas, las consecuencias potenciales trascienden ampliamente las fronteras europeas.
El CBAM se ha convertido en un referente internacional porque, por primera vez, una gran economía intenta incorporar el costo del carbono a las importaciones de manera sistemática. Para exportadores de acero, aluminio, fertilizantes o cemento en Asia, América Latina, África y Medio Oriente, las modificaciones que finalmente adopte la Unión Europea podrían traducirse en nuevas exigencias de reporte, medición y gestión de emisiones.
Los defensores del mecanismo sostienen que estas señales económicas pueden acelerar inversiones en tecnologías más limpias a escala global. Sus críticos, en cambio, argumentan que podrían transformarse en barreras comerciales encubiertas para economías con menores capacidades de adaptación.
En ese contexto, la decisión del Consejo representa algo más que un ajuste técnico. Es un indicio de que la Unión Europea considera que la primera versión del CBAM no es suficiente para evitar la fuga de carbono y que está dispuesta a ampliar progresivamente su alcance para proteger la integridad ambiental del sistema.
Las negociaciones con el Parlamento Europeo, previstas para los próximos meses, determinarán hasta dónde llegará finalmente esa expansión y qué impacto tendrá sobre el comercio internacional.
