El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto que establece oficialmente el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, según anunció el Consejo de Ministros tras la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Alcanza tanto a empresas privadas como a entidades públicas.
Foto: Sara Aagesen, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España.
Este nuevo decreto da continuidad y amplía el Registro de huella de carbono que funciona desde 2014 bajo la supervisión del MITECO, un sistema que hasta la fecha ha acumulado más de 14.250 huellas de carbono inscritas, ha reconocido compensaciones equivalentes a 154.406 toneladas de dióxido de carbono (tCO2) y ha registrado 23.348 hectáreas de superficie repoblada en proyectos forestales ubicados en territorio nacional.
El principal objetivo del registro es facilitar el cálculo, la reducción y la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por empresas e instituciones. Además, busca incrementar las absorciones de carbono a través de proyectos que combaten el cambio climático y promueven beneficios ambientales y sociales.
Ampliación del alcance del registro
La normativa aprobada introduce importantes modificaciones en el funcionamiento del registro. Entre ellas, se destacan la incorporación de nuevas tipologías de proyectos de absorción, la posibilidad de registrar huellas de carbono generadas por eventos específicos y mejoras en los procedimientos de tramitación. También se busca fortalecer la coordinación con los registros equivalentes a nivel autonómico.
Asimismo, el Real Decreto establece la obligación para un grupo de empresas específicas y todas las instituciones de la Administración General del Estado de calcular su huella de carbono, elaborar un plan de reducción de emisiones y publicarlo de acuerdo con lo estipulado en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
“Medir la huella de carbono nos permite reducir las emisiones, mejorar los procesos productivos, ser más eficientes y competitivos, impulsar la innovación y ser menos dependientes de los combustibles fósiles”, afirmó la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “La ciudadanía española respalda mayoritariamente las acciones de lucha contra el cambio climático. Nos piden a los gobiernos que hagamos más, no menos. La gran mayoría de la sociedad española no es negacionista, y teme al negacionismo”, ha defendido.
Obligaciones para empresas e instituciones públicas
El Real Decreto abarca tanto a empresas privadas como a entidades públicas. Las empresas que deben cumplir con la normativa son aquellas que formulen cuentas consolidadas y aquellas con más de 500 empleados que tengan la consideración de entidades de interés público o sean calificadas como grandes empresas, tal como establece la Ley 11/2018, de 28 de diciembre.
En cuanto a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras, servicios comunes de la seguridad social y otras entidades del sector público administrativo estatal están obligados a calcular anualmente su huella de carbono de acuerdo con los requisitos establecidos en la nueva normativa.
Con este paso, España busca fortalecer su compromiso con la lucha contra el cambio climático y avanzar hacia un modelo económico más sostenible, transparente y responsable. El registro también se plantea como una herramienta esencial para cumplir con los compromisos internacionales asumidos en esta materia.
