Cada vez más países están llevando el concepto de transición justa desde los compromisos climáticos hacia leyes, políticas públicas, instituciones y decisiones judiciales. Esa es una de las principales conclusiones de un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), que plantea que la transformación hacia economías sostenibles y resilientes solo será duradera si incorpora criterios de justicia, inclusión y respeto por los derechos.El reporte, titulado “No Transition Without Justice: Strengthening Environmental Rule of Law for People and Planet”, fue publicado el 28 de julio, pocos días del primer aniversario de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático.
Foto: Patricia Kameri-Mbote, directora de la División de Derecho de UNEP.
El documento propone abordar la transición justa desde la perspectiva del Estado de derecho ambiental. Bajo este enfoque, la transición no se limita a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que implica transformar las economías y sociedades de manera equitativa, inclusiva y basada en derechos, teniendo en cuenta tanto los impactos actuales como los daños heredados y la justicia entre generaciones.
De los compromisos climáticos a las políticas concretas
Según UNEP, a 2024 un total de 67 países parte del Acuerdo de París había incluido referencias explícitas a la transición justa en sus planes nacionales de acción climática, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).
El informe advierte, sin embargo, que reconocer el concepto en los compromisos climáticos es apenas un primer paso. La manera en que se diseña y se implementa la transición resulta determinante para definir quiénes asumirán sus costos, quiénes accederán a sus beneficios y qué sectores o comunidades necesitarán mayor apoyo.
“La transición justa es una prueba de gobernanza, legitimidad y estado de derecho”, señaló Patricia Kameri-Mbote, directora de la División de Derecho de UNEP. Para la funcionaria, los procesos de transición que sean justos, inclusivos y basados en derechos son los que pueden convertir la acción ambiental en políticas duraderas.
El informe sostiene que no existe una fórmula universal para implementar una transición justa. Las estrategias deben responder a las características económicas, sociales, ambientales e institucionales de cada país y considerar las particularidades de los sectores y comunidades afectados.
Cuatro caminos para fortalecer la transición justa
El reporte identifica cuatro grandes vías a través de las cuales el Estado de derecho ambiental puede contribuir a que la transición sea efectiva.
La primera es el desarrollo de leyes e instituciones capaces de establecer responsabilidades, garantizar derechos y orientar las políticas públicas. La segunda es la participación ciudadana, mediante mecanismos que permitan que las personas y comunidades afectadas tengan voz en las decisiones.
El tercer componente es el acceso a la justicia, que permite reclamar derechos, cuestionar decisiones y exigir responsabilidades cuando los procesos de transición generan impactos negativos o no respetan las garantías existentes. El cuarto es el financiamiento, considerado un elemento necesario para convertir los compromisos políticos en programas y acciones concretas.
La perspectiva planteada por UNEP abarca además a una amplia diversidad de actores. Entre ellos se encuentran trabajadores, pueblos indígenas y comunidades locales, así como sectores económicos particularmente expuestos a la transformación, como energía, minería, construcción y agricultura.
Experiencias que muestran diferentes modelos
El informe reúne experiencias de países y regiones de distintas partes del mundo, entre ellos Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, India, Indonesia, México, Marruecos, Perú, Sudáfrica y Reino Unido, además de varios países de la Unión Europea, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) y Tuvalu.
Los casos muestran que la transición justa puede adoptar formas diferentes según las necesidades de cada territorio.
En Eslovenia, por ejemplo, la planificación de la transición incorpora medidas destinadas a evitar la pobreza energética y de movilidad, al tiempo que promueve la implementación de políticas a nivel local mediante los municipios.
En Seúl, Corea del Sur, los principios de transición justa se aplican al sistema energético urbano a través de la participación de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, empresas y funcionarios públicos en el diseño de planes de eficiencia energética y reducción de emisiones.
Estos ejemplos reflejan una de las premisas centrales del informe: la transición justa no debe quedar circunscripta a los ministerios ambientales ni a las negociaciones internacionales, sino que requiere mecanismos de participación y aplicación en los distintos niveles de gobierno.
La justicia como condición de la transición climática
La discusión adquiere especial relevancia mientras los gobiernos buscan acelerar la reducción de emisiones sin profundizar desigualdades sociales o económicas. La pregunta sobre cómo avanzar hacia economías bajas en carbono sin dejar atrás a trabajadores, comunidades y territorios continúa ocupando un lugar central en las negociaciones climáticas internacionales, incluido el reciente encuentro de Bonn sobre cambio climático (SB-64).
Desde la perspectiva de UNEP, la transición justa no constituye un componente accesorio de la política climática. Es, por el contrario, una condición para que los procesos de transformación puedan sostenerse en el tiempo.
El informe plantea así un cambio de enfoque: la transición energética y económica no debería evaluarse únicamente por la velocidad con que reduce emisiones, sino también por la forma en que distribuye sus costos y beneficios, protege derechos y permite participar a quienes serán afectados por las decisiones.
En este sentido, el Estado de derecho ambiental aparece como una herramienta para conectar la ambición climática con la justicia social. La existencia de leyes, instituciones, mecanismos de participación, acceso a la justicia y recursos financieros puede determinar si los compromisos de transición justa se convierten en políticas efectivas o permanecen como declaraciones.
UNEP señaló que continuará apoyando a los Estados miembros en el desarrollo y la implementación de políticas y planes de transición justa, en línea con las decisiones adoptadas en la COP30 de Belém.
