Durante tres jornadas, y con un fuerte énfasis en la debida diligencia empresarial y la responsabilidad estatal, el Foro reunió a múltiples actores para debatir cómo garantizar los derechos humanos y proteger el ambiente en América Latina y el Caribe. Los avances desiguales en la región, la necesidad de un nuevo contrato social corporativo, y el llamado a escalar el compromiso estuvieron entre los destacados de las exposiciones.
Foto: delegación argentina participante de la 3era edición del Diálogo Empresarial de Derechos Humanos, organizada por las redes latinoamericanas de Pacto Global.
Celebrado entre el 9 y el 11 de abril en San Pablo, el IX Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe se consolidó como un punto de inflexión para el ecosistema de negocios responsable en la región. Organizado por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), el evento congregó a más de un centenar de actores clave para analizar las oportunidades y desafíos en la implementación efectiva de la debida diligencia empresarial.
El enfoque de esta edición se centró en avanzar hacia un modelo en el que tanto empresas como Estados asuman un papel activo en la prevención y mitigación de impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Con una agenda estructurada en torno a la participación activa de todos los sectores —desde comunidades afectadas hasta representantes del sector privado y organismos multilaterales— el Foro promovió un diálogo estratégico sobre cómo transformar la debida diligencia en una herramienta operativa, vinculante y contextualizada.
De los principios a la práctica: avances desiguales en la región
A trece años de la adopción de los Principios Rectores de la ONU (PRNU), la región muestra avances relevantes, aunque heterogéneos. Varios Estados han comenzado a legislar sobre debida diligencia obligatoria, integrando el concepto en políticas de comercio e inversión. En paralelo, un número creciente de empresas —especialmente aquellas con exposición internacional— ha desarrollado mecanismos internos para mapear y gestionar riesgos en sus operaciones y cadenas de suministro.
Sin embargo, como se señaló en múltiples paneles, estos esfuerzos siguen concentrados en un segmento reducido del ecosistema empresarial. La mayoría de las pymes, así como sectores tradicionales de la economía extractiva, aún muestran bajos niveles de adopción. En este escenario, el Foro insistió en la necesidad de generar estándares comunes, mecanismos de verificación transparentes y modelos colaborativos que faciliten la adopción progresiva de prácticas sostenibles a escala regional.
Derechos humanos, ambiente y gobernanza: integración estratégica
El Foro también sirvió como plataforma para discutir la convergencia entre la debida diligencia ambiental y en derechos humanos. Desde una perspectiva ESG (ambiental, social y de gobernanza), esta integración se presenta no solo como una obligación ética, sino como un imperativo de gestión de riesgos. Las mesas de trabajo destacaron la importancia de incluir variables climáticas, sociales y culturales en las evaluaciones de impacto, así como garantizar la participación significativa de las comunidades afectadas en los procesos de toma de decisiones.
Se debatieron además herramientas concretas: benchmarks sectoriales, marcos regulatorios emergentes, esquemas de rendición de cuentas, mecanismos de acceso a reparación y mejores prácticas de gobernanza corporativa con enfoque de género e interseccionalidad.
Hacia un nuevo contrato social corporativo
Uno de los principales consensos del IX Foro fue que la sostenibilidad empresarial en América Latina requiere de un nuevo contrato social basado en la corresponsabilidad. Las empresas no pueden —ni deben— operar al margen de los derechos fundamentales ni del contexto socioambiental donde generan valor. Esto implica no solo mitigar riesgos reputacionales o financieros, sino contribuir activamente a cerrar brechas estructurales de desigualdad, exclusión y daño ambiental.
Para lograrlo, se requiere voluntad política, innovación normativa y liderazgo empresarial con visión sistémica. Tal como lo destacaron representantes del sector privado durante el Foro, la clave está en pasar de una lógica de cumplimiento reactivo a una de anticipación estratégica, donde la debida diligencia se convierta en una ventaja competitiva real.
Un llamado a escalar el compromiso
El evento concluyó con un llamado a acelerar la implementación de los PRNU, fortalecer la articulación público-privada y ampliar el alcance de las prácticas de debida diligencia más allá de las grandes corporaciones. En palabras de los organizadores, “las empresas responsables tienen un rol esencial en la construcción de un futuro sostenible e inclusivo. Lo que está en juego no es solo el respeto a los derechos, sino la legitimidad del propio modelo de desarrollo”.
Con una región marcada por profundas tensiones socioambientales, el IX Foro Regional reafirmó que el camino hacia una economía verdaderamente sostenible no pasa solo por buenas intenciones, sino por estructuras de gobernanza sólidas, diálogo multiactor y compromiso operativo con el respeto a los derechos humanos.
