Shell publicó su “Payments to Governments Report 2025” junto con un segundo documento centrado en lobby climático y transición energética, en una señal de cómo las grandes compañías petroleras buscan responder al creciente escrutinio internacional sobre transparencia fiscal, emisiones y participación corporativa en el diseño de políticas energéticas. Aunque el reporte fiscal está enfocado en pagos vinculados a actividades extractivas, el anuncio hace referencias directas a riesgos climáticos, metas de descarbonización y tensiones asociadas a la transición energética global.
El informe revela que Shell pagó durante 2025 unos US$17.000 millones a gobiernos, incluidos US$12.000 millones en impuestos corporativos y US$5.000 millones en regalías e impuestos ligados a producción de petróleo y gas. Los desembolsos corresponden a operaciones extractivas en 26 países y fueron reportados bajo la normativa británica sobre transparencia en industrias extractivas. Pero más allá de los datos fiscales, el documento incorpora un apartado de advertencias sobre el escenario energético global y los factores que podrían afectar el negocio de la compañía en los próximos años.
Entre esos factores, Shell identifica explícitamente los riesgos ambientales y regulatorios vinculados al cambio climático, incluyendo nuevas medidas gubernamentales, impuestos, regulaciones de emisiones y transformaciones en los mercados energéticos. La empresa también menciona incertidumbres relacionadas con la velocidad de la transición energética, cambios en la demanda de combustibles fósiles y presiones derivadas de conflictos geopolíticos que impactan sobre cadenas de suministro y precios internacionales de la energía.
En paralelo, la compañía difundió su “Climate and Energy Transition Lobbying Report 2025”, donde actualiza información sobre sus actividades de incidencia pública y relaciones institucionales vinculadas a políticas climáticas y energéticas. La publicación ocurre en un contexto en el que inversores, organismos multilaterales y organizaciones de la sociedad civil reclaman mayor transparencia sobre cómo las empresas del sector energético influyen en regulaciones asociadas a descarbonización, subsidios, captura de carbono y desarrollo de nuevas tecnologías energéticas.
Uno de los puntos más sensibles del anuncio aparece en las referencias a la meta corporativa de emisiones netas cero hacia 2050. Shell reconoce que sus planes operativos actuales —proyectados en horizontes de tres y diez años— todavía no pueden reflejar plenamente ese objetivo de largo plazo. La empresa admite además que alcanzar la neutralidad climática dependerá no sólo de decisiones internas, sino también de la velocidad con que avance la transición energética global y de cambios estructurales en la economía y el consumo de energía.
El documento también expone cómo Shell define su medición de intensidad neta de carbono (NCI), un indicador que incluye emisiones generadas por la producción de energía, proveedores y uso final de los productos vendidos. La aclaración no es menor: la compañía subraya que únicamente controla de manera directa sus propias emisiones operativas, mientras que parte significativa de las emisiones contabilizadas depende del comportamiento de clientes y terceros.
En ese marco, la publicación conjunta de reportes fiscales y climáticos refleja una tendencia creciente entre grandes petroleras: integrar transparencia financiera, gobernanza y transición energética dentro de una misma estrategia de divulgación corporativa. El movimiento ocurre mientras gobiernos y mercados financieros profundizan exigencias sobre trazabilidad de ingresos fósiles, riesgos climáticos y consistencia entre los compromisos ambientales de las empresas y sus actividades de influencia política.
