En América Latina y el Caribe, entre el 56,4 % y el 68 % de los adultos con discapacidad en edad laboral están empleados, pero la mayoría ocupa trabajos informales que carecen de derechos laborales y beneficios sociales. Además, las personas con discapacidad ganan en promedio 88 centavos por cada dólar que perciben sus pares sin discapacidad con similares niveles de experiencia y educación. Esta situación también repercute en los hogares: las familias con miembros con discapacidad tienen un 5,7 % más de probabilidades de ubicarse en los dos quintiles de ingresos más bajos.
El empleo: una deuda pendiente
Los datos del estudio “Sembrar inclusión: qué sabemos y qué falta por saber sobre políticas de discapacidad”, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), son contundentes. Aunque entre el 56,4 % y el 68 % de los adultos con discapacidad en edad laboral están empleados, esta estadística oculta una realidad más compleja. La mayoría de estos trabajos son informales, lo que implica condiciones laborales precarias, falta de protecciones legales y ausencia de beneficios sociales. Además, las personas con discapacidad ganan en promedio 88 centavos por cada dólar que perciben sus pares sin discapacidad con similares niveles de experiencia y educación.
Estas disparidades también repercuten en los hogares. Según el informe, las familias que incluyen a personas con discapacidad tienen un 5,7 % más de probabilidades de ubicarse en los dos quintiles de ingresos más bajos, una situación que refleja las profundas desigualdades estructurales que aún persisten.
Políticas en marcha, resultados inciertos
En el campo de la inclusión laboral, el BID identifica esfuerzos prometedores. Los programas de formación profesional, por ejemplo, han mostrado potencial para mejorar las oportunidades de empleo. Estas iniciativas buscan no solo equipar a las personas con discapacidad con habilidades técnicas, sino también sensibilizar a los empleadores sobre la importancia de entornos inclusivos.
Sin embargo, el informe también expone un problema recurrente: la falta de evidencia rigurosa sobre la efectividad de muchas de estas políticas. Estrategias como la capacitación para empleadores y la adaptación de espacios laborales son a menudo implementadas sin evaluaciones sistemáticas que permitan medir su impacto real.
Lecciones del exterior
El informe señala también soluciones aplicadas con éxito en otras regiones, como la provisión de asistentes personales en el lugar de trabajo y programas de mentoría que fomentan el desarrollo profesional. Aunque estas iniciativas no se han adoptado ampliamente en América Latina y el Caribe, podrían servir como modelos a seguir o como pilotos para evaluar su viabilidad en el contexto regional.
Un horizonte desafiante
La urgencia de abordar estas inequidades se torna evidente al considerar las proyecciones demográficas. Con un acelerado envejecimiento poblacional, se estima que el número de personas con discapacidad alcanzará los 150 millones para 2050. Frente a este escenario, la inclusión laboral se erige como un reto estratégico.
