La sostenibilidad empresarial atraviesa una etapa de transición en América Central y el Caribe. Mientras algunas compañías ya incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus decisiones estratégicas, una parte importante del tejido productivo todavía enfrenta dificultades para transformar las buenas prácticas en sistemas de gestión capaces de generar competitividad, resiliencia y valor de largo plazo.
Foto: Kathia Mejía (directora ejecutiva de ECORED), Claudia Diaz (directora ejecutiva FUNDAHRSE), Andrea Figueroa (CentraRSE), Haydeé de Trigueros (directora ejecutiva de FUNDEMAS), y Karla Mola (directora ejecutiva de Sumarse) en el conversatorio regional de alto nivel “Región en Movimiento: Hojas de ruta y gestión de impactos para la competitividad empresarial”, realizado en el marco de la Semana de la Sostenibilidad 2026 de CentraRSE.
Esa fue una de las principales conclusiones del conversatorio regional de alto nivel “Región en Movimiento: Hojas de ruta y gestión de impactos para la competitividad empresarial”, realizado en el marco de la Semana de la Sostenibilidad 2026 de CentraRSE. Desde las experiencias de República Dominicana y Honduras, Kathia Mejía, directora ejecutiva de ECORED, y Claudia Díaz, directora ejecutiva de FUNDAHRSE, expusieron los avances registrados en sus respectivos países, pero también las brechas que todavía condicionan la velocidad de transformación de las empresas.
Las intervenciones mostraron, además, un punto de convergencia: la sostenibilidad está dejando de ser concebida como un conjunto de iniciativas aisladas de responsabilidad social para convertirse progresivamente en una cuestión vinculada con la gestión de riesgos, el acceso a mercados y financiamiento, la reputación y la capacidad de las empresas para sostener sus operaciones en el largo plazo.
Una evolución que no avanza al mismo ritmo
Desde República Dominicana, Mejía señaló que existe una consolidación de la madurez en sostenibilidad empresarial, aunque aclaró que ese avance se produce de manera desigual.
En su análisis, algunas empresas —particularmente medianas y grandes— ya cuentan con políticas ambientales, sistemas de gestión humana y procesos productivos asociados con prácticas responsables. Sin embargo, esa evolución convive con una brecha significativa entre las compañías más avanzadas y las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que representan más del 85% del tejido productivo dominicano.
El desafío, por lo tanto, no consiste únicamente en aumentar el número de empresas que desarrollan iniciativas de sostenibilidad, sino en extender las capacidades de gestión hacia una base empresarial mucho más amplia.
Una situación similar describió Díaz para Honduras. Según la directora ejecutiva de FUNDAHRSE, si bien existen compañías con altos niveles de madurez que ya incorporaron la sostenibilidad a su estrategia de negocio, la mayoría todavía se encuentra en una etapa de transición desde los modelos tradicionales de responsabilidad social hacia esquemas de gestión basados en criterios ESG.
El cambio implica una transformación conceptual. Para las empresas más avanzadas, explicó, la sostenibilidad ya no constituye solamente un compromiso ético: se está convirtiendo en un factor asociado con la competitividad, la resiliencia y la generación de valor a largo plazo.
Mercado, regulación y financiamiento: las nuevas presiones
Las dos expositoras coincidieron en que la transformación empresarial no ocurre en un vacío. Las presiones externas están comenzando a modificar las expectativas sobre cómo deben operar las compañías.
En República Dominicana, Mejía destacó el impacto de los mercados internacionales. Las empresas que exportan hacia la Unión Europea enfrentan requisitos de sostenibilidad cada vez más exigentes, lo que obliga a adaptar procesos y sistemas de gestión para poder competir en esos mercados.
También mencionó el papel creciente del sector financiero. Aunque República Dominicana todavía no cuenta con una obligatoriedad general vinculada con una taxonomía verde, las instituciones financieras han comenzado a incorporar criterios relacionados con sostenibilidad, anticipándose a posibles exigencias futuras.
A ello se suma una presión menos formal, pero igualmente relevante: la reputación corporativa. Para Mejía, la incorporación de buenas prácticas y una relación consistente con los grupos de interés puede convertirse en un incentivo para profundizar la transformación empresarial.
En Honduras, Díaz identificó una dinámica similar. Las cadenas globales de suministro y las empresas exportadoras están elevando las exigencias en materia ambiental, derechos humanos, debida diligencia y transparencia.
El sector financiero también está incorporando progresivamente criterios de sostenibilidad en la evaluación de riesgos y en las decisiones de financiamiento. Bancos de desarrollo, organismos multilaterales e inversionistas internacionales buscan proyectos que demuestren una adecuada gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza.
A estas fuerzas se suman las expectativas de consumidores, trabajadores y otros grupos de interés, junto con una progresiva alineación de los marcos regulatorios nacionales con compromisos internacionales relacionados con cambio climático, gestión ambiental, economía circular, transparencia y gobernanza corporativa.
El desafío de una regulación que también debe construir capacidades
La experiencia dominicana expuesta por Mejía puso sobre la mesa una cuestión adicional: no toda presión regulatoria produce necesariamente mejores resultados si no está acompañada por procesos adecuados de diálogo y construcción de capacidades.
Como ejemplo, mencionó la legislación sobre gestión de residuos sólidos, creada en 2020 y modificada en dos oportunidades durante los últimos años. Según explicó, algunas de esas modificaciones se produjeron sin una consulta suficiente con sectores técnicos especializados, generando cuestionamientos entre organizaciones empresariales.
El caso muestra una tensión que atraviesa buena parte de la agenda regional: las empresas necesitan reglas claras y previsibles para avanzar, pero también requieren marcos regulatorios técnicamente sólidos que permitan transformar las obligaciones en mejoras efectivas de desempeño.
Al mismo tiempo, Mejía destacó un avance en otra área: la incorporación de criterios de sostenibilidad en la legislación dominicana de compras y contrataciones públicas. La inclusión de disposiciones específicas en esta materia abre la posibilidad de utilizar el poder de compra del Estado como mecanismo para generar incentivos de mercado hacia prácticas empresariales más responsables.
Del diagnóstico a la gestión estratégica
Una de las coincidencias más relevantes entre ambas exposiciones apareció en torno al valor de las herramientas de diagnóstico.
Diaz explicó que el autodiagnóstico IndicARSE ha evolucionado desde una herramienta utilizada principalmente para conocer el desempeño de las empresas en responsabilidad social hacia un instrumento capaz de alimentar decisiones estratégicas.
En las primeras etapas, las compañías recurrían al diagnóstico para identificar su situación y medir determinados indicadores. Con el tiempo, un número creciente de empresas comenzó a utilizar sus resultados para la planificación estratégica, la identificación de temas materiales, la gestión de riesgos, la definición de prioridades y el fortalecimiento de la gobernanza.
Su principal aporte, según Díaz, consiste en ofrecer una mirada integral sobre las dimensiones ambiental, social y de gobernanza. Esto permite identificar fortalezas y brechas y, a partir de allí, establecer planes de mejora con objetivos medibles.
La herramienta adquiere una relevancia particular en Honduras, donde existe un importante universo de empresas familiares y pequeñas y medianas compañías. Para estas organizaciones, disponer de un mecanismo estructurado de autoevaluación puede facilitar el camino hacia estándares internacionales sin exigir inicialmente procesos excesivamente complejos o inversiones elevadas.
Además, FUNDAHRSE utiliza la información agregada de los diagnósticos para identificar tendencias nacionales y diseñar programas de capacitación y acompañamiento en función de las principales brechas detectadas.
El cambio fundamental, en este sentido, es pasar de medir para conocer a medir para decidir.
Biodiversidad: del concepto ambiental al riesgo empresarial
La conversación también incorporó una dimensión que está adquiriendo una importancia creciente en la agenda corporativa: la biodiversidad.
Mejía explicó la experiencia de ECORED con Biodiversity Check, una herramienta voluntaria desarrollada con la cooperación alemana para ayudar a las empresas a comprender su relación con la biodiversidad y el capital natural.
El objetivo no es solamente sensibilizar a las compañías acerca de la importancia de los ecosistemas, sino identificar cómo sus operaciones dependen de los recursos naturales y cómo pueden impactarlos.
La metodología permite analizar, junto con especialistas, los efectos directos e indirectos de las actividades empresariales, así como los riesgos asociados y las dependencias respecto de los recursos naturales que sostienen las operaciones.
A partir de ese análisis se genera un espacio de diálogo dentro de la organización y, posteriormente, un plan de acción con recomendaciones de corto y mediano plazo que puede ser monitoreado y ajustado con el tiempo.
La herramienta cuenta con aplicaciones para sectores como industria y servicios, turismo y agricultura, precisamente aquellos en los que la relación entre actividad empresarial, recursos naturales y ecosistemas puede ser especialmente significativa.
Cuando la sostenibilidad y la biodiversidad se encuentran
Para Diaz, la combinación de IndicARSE y Biodiversity Check puede ofrecer una hoja de ruta más completa para las empresas hondureñas.
Mientras IndicARSE proporciona una visión integral del desempeño en sostenibilidad y responsabilidad empresarial, Biodiversity Check profundiza en la relación entre el negocio y el capital natural. La articulación de ambas herramientas permite evitar que los distintos componentes de la sostenibilidad sean gestionados como compartimentos separados.
Esta integración resulta particularmente relevante en sectores como la agroindustria, los alimentos, la energía, el turismo, la industria forestal y la manufactura, cuyas operaciones dependen de servicios ecosistémicos como el agua, la fertilidad del suelo y la estabilidad climática.
El enfoque permite conectar cuestiones que durante años fueron tratadas de manera independiente: gobernanza, cadenas de suministro, uso de recursos naturales, gestión ambiental y relación con las comunidades.
La consecuencia es un cambio en la manera de entender la naturaleza dentro de la empresa. La biodiversidad deja de aparecer únicamente como una cuestión de conservación y comienza a ser considerada también desde la perspectiva de riesgos, dependencias, oportunidades y resiliencia empresarial.
La convergencia con los estándares internacionales
La integración de estas herramientas también facilita la aproximación de las empresas centroamericanas a los principales marcos internacionales de sostenibilidad.
Diaz destacó la conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, los estándares de Global Reporting Initiative, las normas de divulgación de sostenibilidad del International Sustainability Standards Board y el marco del Taskforce on Nature-related Financial Disclosures.
El desafío, sin embargo, no consiste en acumular estándares, indicadores o reportes. La cuestión central es que esas referencias internacionales puedan convertirse en sistemas de gestión aplicables al negocio.
En esa dirección, la experiencia presentada por FUNDAHRSE apunta a que una herramienta de diagnóstico puede convertirse en una hoja de ruta cuando sus resultados alimentan decisiones sobre riesgos, materialidad, gobernanza, inversión y prioridades estratégicas.
Una agenda que busca pasar de la intención a la competitividad
Las intervenciones de Mejía y Díaz dejaron una conclusión común: la región está avanzando, pero todavía existe una distancia considerable entre las empresas que ya incorporaron la sostenibilidad en el núcleo de su estrategia y aquellas que recién comienzan a transitar ese camino.
El reto es particularmente importante en las MIPYMES, donde las limitaciones de recursos y capacidades pueden dificultar la adopción de nuevos requerimientos. Al mismo tiempo, son precisamente estas empresas las que conforman una parte sustancial del tejido productivo regional y, por lo tanto, cualquier transformación sistémica dependerá de su incorporación.
En este escenario, las herramientas de diagnóstico, los mecanismos de acompañamiento y la cooperación empresarial pueden desempeñar un papel decisivo. No solo para medir avances, sino para identificar brechas, priorizar inversiones y traducir conceptos cada vez más complejos —como biodiversidad, capital natural, debida diligencia o riesgos ESG— en decisiones concretas.
La discusión planteada en el conversatorio de CentraRSE mostró así que la sostenibilidad empresarial en América Central y el Caribe se encuentra en un punto de inflexión. Las presiones regulatorias, financieras y de mercado están acelerando el cambio, pero el verdadero salto de madurez dependerá de la capacidad de las empresas para integrar la gestión de impactos y dependencias dentro de su estrategia competitiva.
El movimiento, en definitiva, ya comenzó. El próximo desafío será lograr que ese movimiento deje de ser desigual y se convierta en una transformación capaz de alcanzar a todo el tejido empresarial.
