La Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM, por sus siglas en portugués) abrió una consulta pública para reunir información, estudios y evidencias sobre el régimen de divulgación de información financiera relacionada con la sostenibilidad. La iniciativa, anunciada el 29 de octubre de 2026 mediante el Edital de Tomada Pública de Subsídios ASA/CVM 02/2026, busca evaluar el funcionamiento de la normativa vigente y generar elementos para una eventual revisión de su marco regulatorio. El proceso se produce después de que el organismo eliminara, en mayo pasado, la obligatoriedad general de presentar estos reportes y devolviera a las empresas cotizadas la decisión de adoptarlos voluntariamente.
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El antecedente inmediato es la Resolución CVM 193, que había establecido un esquema progresivo de adopción de los estándares internacionales de información sobre sostenibilidad desarrollados por el International Sustainability Standards Board (ISSB), junto con los estándares nacionales del Comité Brasileño de Pronunciamientos de Sostenibilidad (CBPS).
El modelo contemplaba una primera etapa voluntaria y una posterior implementación obligatoria para las compañías abiertas. Sin embargo, mediante la Resolución CVM 244, el regulador modificó ese calendario y suprimió la exigencia generalizada.
La reforma mantuvo la aplicación de los estándares ISSB y CBPS para las empresas que decidan reportar, pero incorporó mayor flexibilidad en la adhesión y un mecanismo de transparencia basado en el principio de «practique o explique», por el cual las compañías deben informar al mercado cuando opten por no adoptar el régimen.
También estableció condiciones para quienes ingresen voluntariamente, entre ellas un compromiso mínimo de tres ejercicios consecutivos. La nueva consulta representa un paso adicional: la CVM busca determinar qué resultados produjo el esquema y si corresponde introducir nuevos cambios.
Entre las hipótesis que el organismo pretende contrastar figura si, aun considerando las obligaciones de información contable y no contable ya existentes, persiste un déficit de datos financieros materiales relacionados con la sostenibilidad.
También analizará si un régimen voluntario puede garantizar niveles suficientes de cobertura, comparabilidad y credibilidad; si la obligatoriedad permitiría reducir el costo de capital de las empresas en una proporción superior a los costos adicionales de cumplimiento; y si las exigencias actuales afectan especialmente a compañías de menor tamaño.
Otro aspecto bajo evaluación es si las sucesivas modificaciones regulatorias generaron inversiones que las empresas no pudieron recuperar y perjudicaron la previsibilidad del marco normativo.
Para abordar estas cuestiones, la consulta contempla distintas alternativas: mantener el régimen actual, flexibilizar las condiciones de adhesión voluntaria, establecer diferentes modelos de obligatoriedad y aplicación gradual, integrar la información al Formulario de Referencia o recurrir a mecanismos no regulatorios y de autorregulación.
La CVM aclaró que estas hipótesis no representan conclusiones ni anticipan una preferencia por alguna de las alternativas. La consulta tampoco equivale a una decisión de modificar la normativa: sus resultados podrán servir de insumo para una eventual Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), cuya realización, alcance y responsabilidad serán definidos por el Colegio de la CVM durante la elaboración de la Agenda Regulatoria 2027.
