Por estos días, un planteo técnico se coló en el centro de un debate político-regulatorio más amplio en Europa. Emmanuel Faber, presidente del International Sustainability Standards Board (ISSB), puso sobre la mesa una posibilidad concreta: que los reportes elaborados bajo la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sean reconocidos como equivalentes a los estándares internacionales del organismo que encabeza.
Foto: Emmanuel Faber, presidente del ISSB.
La propuesta, lejos de ser meramente técnica, activó reacciones inmediatas. Parte del ecosistema europeo —reguladores, empresas y analistas— interpretó el planteo como un potencial riesgo para la soberanía normativa del bloque o para el principio de doble materialidad, uno de los diferenciales del enfoque europeo. Otros, en cambio, advirtieron el problema inverso: la creciente carga regulatoria derivada de la coexistencia de múltiples estándares.
Faber intenta desactivar ambas lecturas. En su artículo, sostiene que la equivalencia no implicaría ni una cesión de soberanía ni un debilitamiento conceptual. Según argumenta, la doble materialidad ya contiene en su diseño los elementos necesarios para dialogar con los estándares del ISSB, centrados en la materialidad financiera.
El punto de fondo, según se desprende de su planteo, es operativo. Empresas europeas con presencia internacional enfrentan desde hace años un escenario fragmentado, con exigencias de reporte divergentes según jurisdicción. Esa fragmentación no solo eleva costos, sino que introduce inconsistencias en la información disponible para inversores, que demandan comparabilidad global.
El actual mecanismo de interoperabilidad —formalizado en guías técnicas que buscan alinear ambos marcos— aparece en este contexto como una solución transitoria. Faber lo describe, sin rodeos, como funcional pero complejo: un sistema que requiere ajustes, interpretaciones y decisiones metodológicas que, en la práctica, agregan fricción.
La alternativa que propone es más directa: permitir que un informe CSRD, sin adaptaciones adicionales sustantivas, cumpla con los requisitos del ISSB. Para eso, identifica un punto técnico específico a ajustar dentro de los estándares europeos: el principio de “no oscurecimiento” de la información.
Ese concepto ya existe en las normas ESRS y apunta a evitar que datos relevantes queden diluidos entre información de distinta naturaleza. La modificación sugerida no implica separar contenidos, sino hacerlos claramente identificables dentro de un mismo reporte, diferenciando qué responde a materialidad financiera, a impacto o a ambas. Según Faber, las propias normas europeas ya prevén herramientas para hacerlo, sin necesidad de rediseñar los informes.
Detrás de esta discusión técnica aparece una variable económica de escala. De acuerdo con los datos que cita, 42 países avanzan en la adopción de estándares ISSB, representando cerca del 45% del PBI global y una porción significativa de los mercados de capitales. Además, concentran aproximadamente la mitad del comercio exterior de la Unión Europea, lo que anticipa una integración creciente de empresas europeas en esas cadenas de valor.
En ese escenario, la posibilidad de “ajuste automático” —un encaje directo entre marcos normativos— se presenta como una vía para reducir costos de cumplimiento y mejorar la legibilidad de la información para los mercados. No es un punto menor: la multiplicación de estándares de sostenibilidad se perfila como uno de los principales desafíos regulatorios de la próxima década.
Faber también recuerda un antecedente que, en su lectura, respalda la convergencia: el ISSB ya habilitó el uso de información proveniente de estándares europeos y de Global Reporting Initiative (GRI) en sus reportes, siempre que cumpla con criterios de materialidad financiera. Esa decisión, adoptada en 2022, sugiere que el terreno para la equivalencia no parte de cero.
Con todo, el planteo deja abiertos interrogantes. La eventual modificación de los estándares europeos —aún en proceso de revisión— será clave para determinar si la convergencia avanza o queda en el plano teórico. También lo será la reacción de los distintos actores del ecosistema regulatorio, donde conviven intereses técnicos, políticos y económicos.
En su formulación más sintética, la propuesta de Faber corre el eje del debate: de la defensa de principios hacia la eficiencia del sistema. La pregunta, implícita, es si Europa está dispuesta a ajustar su arquitectura normativa para integrarse a un esquema global en construcción, sin resignar los rasgos que la distinguen.
